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Este jueves se llevó a cabo la firma del Convenio la ley #8de8 Contra la Violencia Política en Razón de Género entre Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Fiscalía General del Estado e Instituto Estatal Electoral.

La ley 8 de 8 obliga a los partidos y alianzas electorales a verificar que las personas que se postularán no cuenten con sentencias firmes por la comisión intencional de delitos sobre la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo psicosexual, por violencia familiar o equiparada doméstica y aquellos que son de violación o de intimidación sexual.

Además de que los partidos políticos también deben asegurarse que sus personas candidatas no sean deudoras alimenticias morosas, ni hayan incumplido acuerdos de otra índole familiar, además de algún delito por cualquier modalidad o tipo de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto sostuvo que, en la elección anterior, el acreditar que no existieran candidatos con estas condiciones, quedaba en una simple manifestación de decir la verdad, y ahora es una obligación que aplica en el proceso 2024.

“La violencia y los efectos dañinos que genera en los procesos electorales, en materia electoral existe la obligación de verificar que no sean personas registradas aquellas que incurran en violencia, por eso ahora hemos transitado de 3 de 3 a 8 de 8, porque son 8 delitos los que se deben verificar”, expuso Durán Prieto.

Añadió que el IEE puede realizar esta labor de vigilancia apoyado en la coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con quienes se verifica los antecedentes penales y sentencias de las y los aspirantes.

“Sentamos las bases de colaboración y apoyo institucional para comunicar y dar cumplimiento al 38 constitucional fracción séptima y hacer posible, revisar los antecedentes de quienes busquen postularse a un cargo de elección popular, fijarnos en quienes, y cómo son como ciudadanos, para que nunca más una persona violentadora o deudor alimentario pueda estar en estos cargos”, dijo la magistrada Karla Esmeralda Reyes Orozco, representante del TSJE.

Por último, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno compartió que los sistemas democráticos se trabajan todos los días y se da una constante lucha para que se preserven, ya que no se llega a un estado democrático por “osmosis”, frente a los intentos de autoritarismo que hay aquí o en el mundo.

“Mucho pasa, con la cuestión de la violencia política de género, estamos en el umbral de que dentro de 3 meses, México tenga por primera vez, una mujer en la presidencia, yo lo daría casi como un hecho”, expuso.

Jáuregui Moreno insistió en que no hace mucho, la gobernadora sufrió una de las agresiones políticas en razón de género “más duras” en el estado, debido a que tuvo todo el aparato estatal en su contra, que con su “esquizofrenia política trato de impedir el acceso de esa mujer al ejercicio del poder público”.

Por lo que aseveró, este convenio resulta muy importante porque coloca a los gobiernos en la tarea diaria de preservar los derechos políticos de las mujeres en coadyuvancia con las dependencias estatales.