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A partir de este sábado 29 de noviembre, dejar en el abandono a una persona adulta mayor podrá derivar en penas de hasta cinco años de prisión en Chihuahua. El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el Decreto LXVIII/RFCOD/0281/2025, con el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para endurecer sanciones y proteger a las personas mayores.

Las modificaciones elevan los castigos por abandono y establecen nuevas penalizaciones para quienes se apropien, desvíen o usen indebidamente beneficios provenientes de programas sociales, recursos que por ley deben garantizar el bienestar de sectores vulnerables.

Las reformas alcanzan los artículos 154 y 221, e incorporan disposiciones adicionales a los artículos 220 y 223. El artículo 154 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, o a un adulto mayor bajo su cuidado, enfrentará sanciones de uno a cinco años de prisión, aun cuando no se produzca lesión.

En el caso de médicos, profesionistas o auxiliares involucrados, podría añadirse suspensión del ejercicio profesional hasta por dos años.

De igual manera, si el abandono ocurre dentro de instituciones públicas o privadas de asistencia, la ley prevé suspensión laboral o profesional por el mismo periodo.

El decreto también adiciona un párrafo al artículo 220 y otro al 223, determinando que las sanciones aumentarán hasta en un tercio cuando la víctima sea una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad.

Las reformas al artículo 221, por su parte, sancionan el mal uso de apoyos sociales, incluyendo desvío de mercancías subsidiadas o disposición parcial o total de bienes provenientes de programas gubernamentales sin autorización ni derecho legal sobre ellos.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es cerrar espacios de impunidad, evitar la apropiación de recursos destinados a adultos mayores y garantizar que el apoyo público se traduzca en protección real.adultos mayores

El Congreso del Estado de Chihuahua presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación, cuyo propósito es establecer las bases jurídicas que fomenten la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación social en México.

El documento define los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los principios que regirán las políticas públicas en la materia.

Entre las acciones previstas se incluye el fomento de la cultura de la paz en los ámbitos social, educativo, policial y judicial, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia.

La propuesta contempla la creación del Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación, y designa al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia encargada de coordinar y definir la política nacional en este ámbito.

Asimismo, prevé la formación de una Comisión Permanente para la Cultura de la Paz, con facultades para impulsar la cooperación interinstitucional y promover el intercambio de experiencias con organizaciones civiles, instituciones académicas y redes especializadas.

La diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, explicó que la iniciativa busca construir una sociedad más inclusiva, tolerante y resiliente, capaz de generar condiciones de estabilidad y bienestar para todos sus integrantes.

De acuerdo con el proyecto, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios deberán promover activamente la cultura de la paz y la reconciliación a través de sus dependencias y programas.

Entre sus objetivos destacan garantizar la convivencia armónica entre grupos sociales, fomentar el respeto mutuo, la igualdad y la justicia, y fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia.

El sustento de la iniciativa se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno de paz, seguridad y convivencia armónica.

Ortega Máynez subrayó que el proyecto pretende impulsar una cultura de paz “frente a la violencia que lastima al país”, y enfatizó que “la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia constante de valores como el diálogo, el respeto y la reconciliación”.

Finalmente, los artículos transitorios del proyecto establecen que las legislaturas locales y la Cámara de Diputados deberán emitir las normas necesarias y prever los recursos presupuestales para aplicar la nueva ley.

Además, el Estado mexicano, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá un plazo máximo de diez años para capacitar y certificar al personal del sector público en los principios de la cultura de paz y reconciliación.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, arremetió contra diputados del PRIAN que se oponen a la reforma a la Ley del Infonavit, al acusarlos de tratar de ocultar el quebranto causado por más de 4 millones de créditos impagables.

En conferencia de prensa, el líder morenista advirtió que hay familias que contrataron créditos por cientos de miles de pesos –ni siquiera el millón– y años después de estar pagando con toda puntualidad, deben más del pasivo que tenían inicialmente.

Sin embargo, agregó, los voceros del PRI y del PAN, como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, insisten en que la reforma busca que el Gobierno se quede con los ahorros de los trabajadores destinados a vivienda.

“La oposición no está diciendo que el 68 por ciento de los créditos otorgados por el Infonavit son impagables”, dijo.

Agregó que ningún actor de la oposición menciona que, por décadas, el instituto ha dejado a millones de trabajadores en una situación de incertidumbre y desprotección.

Por lo anterior, el legislador juarense expresó hoy su total respaldo a la reforma al Infonavit que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho proyecto, agregó, busca transformar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) “en un verdadero impulsor de la construcción de vivienda digna y accesible para la población trabajadora”.

El legislador juarense destacó que esta reforma no solo tiene como objetivo la creación de 500 mil viviendas nuevas a través del Infonavit, sino también la generación de otras 500 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Para el 2025, se proyecta la construcción de 160 mil viviendas proyectadas, con lo cual se iniciaría el camino para dar solución real a la grave crisis de vivienda que enfrenta el país.

La reforma, añadió el morenista, busca recuperar la capacidad del Infonavit para ofrecer soluciones habitacionales de calidad.

Enfatizó que las versiones que se han difundido en las redes sociales y por parte de actores políticos del PRI y PAN, acerca de que la reforma al Infonavit tiene como objetivo quitar los puntos de los trabajadores o apoderarse de sus ahorros, son completamente falsas.

“Todavía no está aprobada y ya están desinformando. Hablan de que nos han quitado los puntos de Infonavit, pero, ¿de qué hablan si la reforma aún está en revisión en el Congreso de la Unión? No hay ninguna propuesta que toque los ahorros de los trabajadores”, señaló Estrada Sotelo.

Diputados de la 67 Legislatura de Chihuahua, reunidos en un Decimocuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, expidió la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio; instituyó la Red de Protección de la Maternidad y legisló sobre posvención y prevención del suicidio y autolesiones, esto luego de la exposición de tres dictámenes que la Comisión de Salud, puso a consideración del pleno.

En el primero de los casos y por propuesta de las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se expidió la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, la cual tiene como propósito fundamental la protección de la salud mental, la prevención, atención y posvención del suicidio en Chihuahua.

La presente Ley comprende los siguientes objetivos específicos: atender de forma coordinada, interinstitucional e interdisciplinaria el suicidio; promover la participación de la comunidad en la atención integral a las personas con pensamientos y conductas suicidas; capacitar al personal del sistema de salud del Estado de Chihuahua y de todos los sectores e instituciones involucrados, en la atención a personas con pensamientos y conductas suicidas, así como a sus familias y, realizar campañas de sensibilización y orientación a la población.

Destaca que todas las personas con pensamientos y conductas suicidas, y sus familias, tendrán derecho de atención profesional y oportuna.

El Decreto por el que se expide la Ley mencionada, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Poder Ejecutivo del Estado, deberá expedir los protocolos necesarios, así como el reglamento de la Ley, en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la entrada en vigor.

– Red de Protección de la Maternidad

Con respecto al segundo dictamen y que se propuso por diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integrará a la Ley Estatal de Salud, la Red de Protección de la Maternidad, cuyo objetivo será el seguimiento y vigilancia en los servicios prenatales, de parto y puerperio.

La Red de Protección a la Maternidad estará integrada por: la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación y Deporte del Estado; la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado; la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chihuahua y los Municipios del Estado, en el ámbito de sus competencias o conforme a los convenios establecidos.

– Reforma a Ley de Salud Mental

En el tercer asunto y a propuesta la diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, diputados del PAN, PRI y Morena, se reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en materia de posvención y prevención del suicidio y autolesiones, para establecer que las medidas tendientes a que en los servicios de salud se prevengan, detecten, diagnostiquen y atiendan de manera especial los casos de problemas de salud mental, desde la temprana edad.

En ese sentido se reformó también la Ley de Salud Mental para definir a la Posvención, como acciones e intervenciones posteriores a un intento suicida o a un suicidio, destinadas a trabajar con las personas sobrevivientes y sus familias.

Finalmente, para tal efecto se reformó la Ley Estatal de Salud, para orientar y capacitar a la población en materia de prevención del suicidio y la autolesión.