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La Comisión de Igualdad del Congreso del Estado aprobó el dictamen la llamada ‘Ley Ácida’ o ‘Ley Malena’, consistente en una serie de reformas al Código Penal del Estado para agravar las sanciones a quienes comentan agresiones mediante el uso de sustancias corrosivas.

Irlanda Márquez (PT), presidenta de la mencionada comisión, recordó que el establecimiento de penas más graves contra esas conductas era un compromiso asumido por las diputadas de la actual Legislatura con la activista María Elena Ríos, quien acudió al Congreso del Estado para impulsar esta iniciativa.

“La violencia ácida destruye vidas, marca de por vida a las víctimas y con este dictamen damos un paso firme para visibilizar este delito y fortalecer la protección de las mujeres en Chihuahua”, afirmó.

Asimismo, señaló que este tipo de violencia constituye un mecanismo extremo de control, dominación y castigo contra las mujeres por razones de género.

“Agradecemos que las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad hayamos votado a favor este sentido del dictamen, confiamos en que muy pronto sea aprobado por el Pleno del Congreso del Estado para que Chihuahua deje de ser omiso ante esta violencia extrema”, expresó.

La legisladora petista recordó que María Elena Ríos fue víctima de un ataque con ácido presuntamente perpetrado por su expareja, un caso que se convirtió en símbolo de la lucha nacional para exigir castigos ejemplares contra este tipo de delitos y garantizar justicia para las víctimas.

La reforma responde al llamado de mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, quienes continúan enfrentando secuelas físicas, psicológicas y sociales permanentes.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un proyecto de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, con el objetivo de homologar el delito en todo el país y fortalecer la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la propuesta, se contemplan penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sanciones económicas y una serie de agravantes que permitirían endurecer los castigos en los casos más graves.

Uno de los puntos centrales es establecer un solo tipo penal a nivel nacional, con el fin de evitar diferencias entre estados en la forma de investigar, clasificar y sancionar el feminicidio, lo que actualmente genera vacíos legales y criterios dispares.

La iniciativa también define con mayor precisión las razones de género que configuran el delito, como antecedentes de violencia, signos de agresión sexual o relaciones de poder entre la víctima y el agresor.

Además, el proyecto contempla sanciones para servidores públicos que incurran en omisiones durante las investigaciones, así como medidas para garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas, como familiares.

La propuesta fue presentada en un contexto de exigencia social para reducir la impunidad en los casos de feminicidio, uno de los delitos que ha mantenido niveles de alta incidencia y cuestionamientos sobre la eficacia de las instituciones.

Con esta iniciativa, la FGR busca establecer un marco legal uniforme que permita mejorar la investigación, el acceso a la justicia y la sanción efectiva de este delito en todo el país.

A partir de este sábado 29 de noviembre, dejar en el abandono a una persona adulta mayor podrá derivar en penas de hasta cinco años de prisión en Chihuahua. El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el Decreto LXVIII/RFCOD/0281/2025, con el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para endurecer sanciones y proteger a las personas mayores.

Las modificaciones elevan los castigos por abandono y establecen nuevas penalizaciones para quienes se apropien, desvíen o usen indebidamente beneficios provenientes de programas sociales, recursos que por ley deben garantizar el bienestar de sectores vulnerables.

Las reformas alcanzan los artículos 154 y 221, e incorporan disposiciones adicionales a los artículos 220 y 223. El artículo 154 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, o a un adulto mayor bajo su cuidado, enfrentará sanciones de uno a cinco años de prisión, aun cuando no se produzca lesión.

En el caso de médicos, profesionistas o auxiliares involucrados, podría añadirse suspensión del ejercicio profesional hasta por dos años.

De igual manera, si el abandono ocurre dentro de instituciones públicas o privadas de asistencia, la ley prevé suspensión laboral o profesional por el mismo periodo.

El decreto también adiciona un párrafo al artículo 220 y otro al 223, determinando que las sanciones aumentarán hasta en un tercio cuando la víctima sea una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad.

Las reformas al artículo 221, por su parte, sancionan el mal uso de apoyos sociales, incluyendo desvío de mercancías subsidiadas o disposición parcial o total de bienes provenientes de programas gubernamentales sin autorización ni derecho legal sobre ellos.

De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es cerrar espacios de impunidad, evitar la apropiación de recursos destinados a adultos mayores y garantizar que el apoyo público se traduzca en protección real.adultos mayores

El Congreso del Estado de Chihuahua presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación, cuyo propósito es establecer las bases jurídicas que fomenten la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos y la reconciliación social en México.

El documento define los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los principios que regirán las políticas públicas en la materia.

Entre las acciones previstas se incluye el fomento de la cultura de la paz en los ámbitos social, educativo, policial y judicial, así como la prevención social de la violencia y la delincuencia.

La propuesta contempla la creación del Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación, y designa al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia encargada de coordinar y definir la política nacional en este ámbito.

Asimismo, prevé la formación de una Comisión Permanente para la Cultura de la Paz, con facultades para impulsar la cooperación interinstitucional y promover el intercambio de experiencias con organizaciones civiles, instituciones académicas y redes especializadas.

La diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, explicó que la iniciativa busca construir una sociedad más inclusiva, tolerante y resiliente, capaz de generar condiciones de estabilidad y bienestar para todos sus integrantes.

De acuerdo con el proyecto, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios deberán promover activamente la cultura de la paz y la reconciliación a través de sus dependencias y programas.

Entre sus objetivos destacan garantizar la convivencia armónica entre grupos sociales, fomentar el respeto mutuo, la igualdad y la justicia, y fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia.

El sustento de la iniciativa se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno de paz, seguridad y convivencia armónica.

Ortega Máynez subrayó que el proyecto pretende impulsar una cultura de paz “frente a la violencia que lastima al país”, y enfatizó que “la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia constante de valores como el diálogo, el respeto y la reconciliación”.

Finalmente, los artículos transitorios del proyecto establecen que las legislaturas locales y la Cámara de Diputados deberán emitir las normas necesarias y prever los recursos presupuestales para aplicar la nueva ley.

Además, el Estado mexicano, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrá un plazo máximo de diez años para capacitar y certificar al personal del sector público en los principios de la cultura de paz y reconciliación.