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El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores propuso en la Sesión de la Diputación Permanente modificar el artículo 92 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el uso de lenguaje y perspectiva de la infancia menores que se encuentran en procedimientos jurisdiccionales.

Omar Bazán planteó que el uso del lenguaje en niñas, niños o adolescentes posibles víctimas de un delito debe ser claro, sencillo, accesible, conciso y comprensible, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez.

Argumentó que, en el 2021, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años experimentaron algún método violento de disciplina, y uno de cada 2 sufrieron agresiones psicológicas.

Además, que en 2019, se identificaron alrededor de 18 mil 300 niñas y niños migrantes en México, de los cuales más de 7 mil viajaban sin la compañía de un adulto.

“En su trayecto, niñas, niños y adolescentes migrantes son más vulnerables a riesgos como el hambre, las enfermedades, la detención, la extorsión, captura por el crimen organizado y la dificultad de hacer valer sus derechos; por lo que se necesitan soluciones específicas para protegerlos, especialmente cuando viajan sin la compañía de un adulto”, añadió.

Situaciones como está, dijo, es por lo que se debe garantizar y entender que los niños y adolescentes tienen el derecho de comprender los procedimientos y la información que les concierne.

“Usar un lenguaje claro y comprensible les permite participar activamente en los procesos que los heredan, tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de manera adecuada”, puntualizó.

A la propuesta se sumaron Georgina Zapata Lucero (PRI), Adriana Terrazas Porras (Morena) y Rosa Isela Martínez Díaz, quien pidió se agregara al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La iniciativa fue turnada para su análisis, revisión y dictamen en Comisiones.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, encaminada a combatir la producción de fentanilo, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las modificaciones que entraron en vigor este 4 de mayo, controlan la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos, a través de la coordinación interinstitucional del gobierno federal.

También contribuyen a prevenir la producción ilícita de drogas sintéticas, mediante la actualización de sanciones administrativas y la tipificación de delitos por conductas relacionadas con el uso indebido de precursores químicos.

Cofepris se alía con Sisus

Como parte de esta reforma, Cofepris contara? con el Sistema Integral de Sustancias (Sisus), para simplificar los trámites administrativos a personas físicas o morales que realicen actividades reguladas, quienes deberán registrarlas en este sistema en un plazo no mayor a 24 horas.

Esto permite conocer ubicación, cantidad y tipo de precursor químico, producto químico esencial o máquina, de manera permanente y digital.

La información que contenga el Sisus es de carácter reservado y solo será proporcionada por orden de un juez de control federal en materia penal en delitos contra la salud por delincuencia organizada.

Esta legislación establece que a la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o productos químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, se le impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión.

También indica que cuando el desvío o uso de estas sustancias sea realizado por una persona servidora pública, la pena impuesta aumentara? dos terceras partes y se le destituirá del empleo, cargo o comisión, además de que se le inhabilitara? de cinco a 10 años para desempeñar otro.

Asimismo, establece que la Sedena, la Semar, la SSPC y la Guardia Nacional, entre otras instituciones, coadyuvarán en la prevención, detección y eliminación de desvíos de precursores y máquinas relacionadas.

Con carácter de decreto fue presentada una iniciativa para expedir la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down en el Estado de Chihuahua, con lo que se busca impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de este sector de la población.

La diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino dio lectura a la iniciativa que busca fomentar la protección de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades fundamentales, que son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Constitución Política del Estado. Esto sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.

Esta ley determinará la intervención y coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, así como el sector privado y la sociedad civil organizada y no organizada; con lo que se debe de establecer los mecanismos e instancias competentes que emitirán las políticas en la materia.

También, establecerá un programa de acciones en favor de las personas que presentan Síndrome de Down; tales como la creación de mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación para que las personas que presentan esta alteración genética puedan desarrollarse de forma independiente.

Además, buscará implementar un registro estatal a fin de contar con una base poblacional distribuida en rango de edad y relacionada con la identidad, historial médico, escolar, ocupacional y laboral, cuando aplique. Esto con observación de las disposiciones relativas a la protección de datos personales de dichas personas.

Dentro de esta ley se deberá, por parte del estado, otorgar el apoyo y la protección de sus derechos, así como un diagnóstico y una evaluación clínica temprana para que puedan recibir consultas clínicas y terapias en la red hospitalaria estatal y municipal, o en su caso, de las asociaciones civiles especializadas.

Se busca que esta ley tenga vigor a partir del 01 de enero del 2024, con lo que organismos de salud deberán de contar con las medidas para la atención para estas personas.

La nomenclatura de la Ley de Migrantes fue modificada a “Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua”, dentro de los dos dictámenes aprobados este jueves por el Congreso del Estado, así como varios artículos que la integran.

En el segundo dictamen se estableció el “Día Estatal del Migrante”, a conmemorarse anualmente cada 18 de diciembre.

Dentro de la reforma de la ley de protección de migrantes se modificaron los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero señaló que estas reformas son necesarias para la evaluación presupuestal, recursos requeridos para que el Estado Mexicano cumpla compromisos signados a nivel internacional.

“Los estados tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de los migrantes”, dijo.

Debido a que el estatus migratorio es injerencia de la federación, señaló que con esta reforma también se busca reforzar los lazos entre los tres niveles de gobierno.

Dentro de la lectura del dictamen se dio a conocer que el 90 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH son violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de una estación migratoria o estancia provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, cuando el migrante “irregular” se encuentra privado de su libertad, conforme al procedimiento administrativo migratorio previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se declaró día 18 de diciembre de cada año como “Día Estatal del Migrante”. La creación de esta conmemoración se da por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

Estos movimientos migratorios se dan porque las personas buscan mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen.

Este grupo de la población generalmente enfrenta problemas como hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como cambios climáticos y catástrofes naturales.