La “Ley 3 de 3” que imposibilita a quienes ejercen cualquier tipo de violencia de género para ocupar cargos públicos, es un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, dijo Marta González Rentería, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua.
González Rentería advirtió que ahora se deberá trabajar para que la ley se implemente y se respete.
“Depende de las mujeres que conocen la importancia de garantizar la justicia, de velar porque esto no se convierta en una ley muerta. Debemos estar pendientes no solo del tema electoral, sino de los funcionarios”, expresó.
Agregó que las leyes proporcionan herramientas para poder manifestar y denunciar a quienes ostentan un cargo público y tienen una sentencia por violencia, o que son deudores de pensión alimenticia.
Chihuahua es la entidad número 14 en aprobar la reforma constitucional y solo restarían tres entidades más para que entre en vigor.
Previamente habían aprobado la iniciativa: Tamaulipas, Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Colima, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y Baja California Sur.
“México está dando un paso para garantizar el acceso de la justicia a las mujeres con esto que está sucediendo”, indicó la coordinadora.
La iniciativa reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, para suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.
Es conocida como “Ley 3 de 3”, por ser una reforma transversal y que actúa en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y, en los 3 poderes: judicial, legislativo y ejecutivo.
