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Los recursos que se invierten son de ustedes, porque los recursos que se ejercen son de la La Cámara de Senadores ha cumplido con el marco legal aplicable en el ejercicio del Presupuesto de Obras y Servicios, bajo los conceptos de honestidad y austeridad, aseguró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En un video compartido en redes sociales, el legislador expresó su beneplácito después de recibir el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Programa Anual 2021, que contempla adquisiciones, obras, servicios y arrendamientos del Senado de la República.

El también coordinador de la bancada de Morena señaló que este tema es muy importante, porque refleja la consistencia, transparencia y austeridad con que se ha trabajado desde que inició la legislatura en 2018.

“Me da mucho gusto poderles informar a todos, al país, porque los recursos que se invierten son de ustedes, porque los recursos que se ejercen son de la población”, enfatizó.

Agregó que el dictamen recibido no contempla observaciones, por lo que “se ha constatado la honestidad con la que hemos manejado este recurso”.

Monreal Ávila manifestó que se tienen menos recursos, casi un 30 por ciento de lo que se tenía antes.

No obstante, añadió, el Senado comprobó que las inversiones físicas que se programaron presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron se hicieron de forma eficaz, conforme con la legislación y las normas aplicables.

El hecho de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván no hiciera uso de la tribuna limitó la participación de las bancadas durante la ceremonia de entrega del Primer Informe de Gobierno, afirmó Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

La ausencia de un posicionamiento oficial del Ejecutivo evitó que los grupos legislativos hicieran el propio y, ante esa condición, la bancada de Morena se manifestó durante la ceremonia efectuada el 1 de marzo en el recinto parlamentario del Congreso del Estado, dijo.

Estrada especificó que, por mandato constitucional, las bancadas no pueden ejercer su derecho a opinar en caso de que el mandatario no haga uso de la tribuna.

“Esa fue una de las razones por las cuales la forma de manifestación fue gráfica, a través de las lonas, con los temas que nosotros consideramos han sido trascendentes en esta cuarta parte de su mandato”, dijo.

El grupo parlamentario morenista está revisando las acciones efectuadas por el Ejecutivo dentro del primer año de gestión, y aunado a ello, se analiza el informe a detalle, para pronunciarse posteriormente sobre ese tema.

Para ello, dijo, se convocará a rueda de prensa para exponer lo que se planteó dentro del primer año de ejercicio de Maru Campos.

“Yo pienso que no hicieron uso de la tribuna para que las fuerzas políticas no pudieran emitir una postura, en especial nosotros”.

“Lo digo con respeto, conoceríamos la postura de PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano. Me parece que lo que se trató de evitar fue que se demostrara nuestra postura, pero no va a resultar”, recalcó.

Estrada Sotelo señaló que “lamentablemente”, entre de las acciones que se atribuyó el Ejecutivo, estuvo la Consulta Popular a los Pueblos y Comunidades Indígenas, cuando fue el Congreso del Estado quien la llevó a cabo, con una inversión de 3 millones de pesos.

Dicha gestión que derivó de una acción de inconstitucionalidad que resuelve la corte; por lo que se tiene que cambiar el hecho de dar informes por dar informes, enfatizó el coordinador parlamentario de Morena.

Por otra parte, el congresista fue cuestionado sobre la invitación al acto público de la presentación del Primer Informe de Gobierno, ante lo que respondió que fue invitado pero declinó asistir ya que ejercerá su derecho es no acudir, porque su participación como diputado debe de ser en tribuna.

La diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, anunció que emprenderá acciones para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), aplique sanciones más severas contra funcionarios o exfuncionarios que hicieron mal uso de los recursos públicos.

El TEJA tiene que responder a la altura de las circunstancias, dijo la legisladora al ser cuestionada sobre las sanciones que está aplicando este organismo judicial, particularmente en el caso del exdirector del Instituto de Cultura Física y Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, a quien castigaron con tres meses de inhabilitación por un manejo inadecuado de 1.3 millones de pesos.

La diputada juarense mencionó en entrevista que ya se encuentra analizando si como Poder Legislativo se puede llevar a cabo algún tipo de acciones con el fin de que las sanciones puedan llegar a ser más duras, sin embargo, es algo que calificó como complejo.

“De que nosotros podamos modificar es complejo, ya que el tribunal de acuerdo a los hechos presentados toman algún criterio, por lo que tenemos que revisar las leyes para que con base a leyes específicas pudiéramos incidir, pero lo estoy investigando”, señaló.

En principio, se debe analizar los criterios que aplican los miembros del TEJA para sancionar, agregó.

“Nosotros quisiéramos revisar eso, porque no es cuestión que se quede en una sentencia que a todas luces es improcedente y mínima”, recalcó en materia de la sanción en contra del extitular de Instituto Chihuahuense del Deporte en la administración de Javier Corral.

“¿Por qué no hacemos una consulta popular, incluso organizada por el INE? cuestionó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, al recalcar que es positivo la defensa de los derechos, pero lamentó que esta marcha se diera con engaños porque no fue una defensa demócrata.

Estrada Sotelo destacó por otro lado que el motivo de la marcha entre el PRI y el PAN de ayer domingo se debió a que no cuentan con una agenda propia. No tienen nada que ofrecerle a la sociedad, lo único que les queda es “aferrarse a una mentira”, ya que el voto no se va a debilitar en México como ellos han publicitado.

El congresista recordó que los organizadores de la marcha del 26 de febrero son personas que participaron en la usurpación que llevó al poder a Felipe Calderón, los cuales se encuentran comprometidos a defender los privilegios de algunos funcionarios de los organismos electorales, por lo que desestimó la legalidad de la marcha.

En relación a la consulta pública, el diputado dijo que será la misma ciudadanía la que diga lo que piensa en relación a los organismos electorales y el tipo de organismo que desea.

Por otra parte, recalcó que lamentablemente se escudaron con “un overol y una máscara” sumado a que se incrementó el número de participantes en la marcha, ya que oficialmente en un inicio se manejó que asistieron 35 mil personas, cuando no fue de más de 12 mil, cifra que refrendó el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, quien dijo que esta fue una cantidad importante en una marcha cien por ciento ciudadana.