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El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en su segunda sesión del año, resolvió que se acreditaron las acciones atribuidas a las y los diputados de Morena, que acudieron a un evento proselitista en día y hora hábiles, faltaron a una sesión extraordinaria de Congreso y utilizaron recursos públicos, el pasado 18 de agosto en Guachochi, Chihuahua.

Lo anterior, para dar cumplimiento al Procedimiento Especial Sancionador ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación derivado de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de diputadas y diputados de Morena, por la asistencia a un evento de carácter proselitista en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

El Partido Acción Nacional denunció que los legisladores morenistas “abandonaron y descuidaron” sus actividades legislativas por acudir en día y hora hábiles a un evento proselitista, violentando la Ley Electoral en el estado, “estos actos se realizaron al difundir, promover a una candidata del partido Morena, el 18 de agosto, los hechos denunciados se pueden encuadrar a la normativa electoral local”.

El TEE señaló que se acreditaron los cargos que ostentan como diputados, la existencia del evento denunciado, la asistencia de las y los diputados al evento denunciado, la asistencia de las y los diputados a la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado en la fecha citada (a excepción de una que acudió de manera virtual); así como los actos de proselitismo, difusión, promoción y posicionamiento y el uso indebido de recursos públicos para el evento.

Las y los diputados son: Leticia Ortega Máynez, Óscar Avitia Arellanes, Roxana Díaz Reyes, Magdalena Rentería Pérez, María Antonieta Pérez Reyes y Benjamín Carrera Chávez.

“Al haber asistido en días y horas hábiles, descuidaron sus funciones el pasado 18 de agosto, al no haber acudido a la sesión extraordinaria, lo procedente es dar vista al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones determiné lo procedente respecto a las diputaciones que no asistieron a la sesión del Congreso Local con motivo de la asistencia a un evento partidista”, expuso José Edgardo Mota Lara, abogado del TEE.

La magistrada Roxana García Moreno, el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez y el magistrado Hugo Molina Martínez no tuvieron intervenciones sobre el proyecto de sentencia, por lo que se consideró “suficientemente discutido el asunto”, siendo la propuesta votada por unanimidad.

El Comité Directivo Estatal del PAN informó que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la diputada federal y aspirante al Senado de la República, Andrea Chávez, por omitir reportar gastos de producción y difusión de propaganda político electoral de su precampaña.

De acuerdo al PAN, no presentó el reporte ante el árbitro electoral también de la pinta de bardas, colocación de espectaculares, además de que contrató a la empresa “Sportbook Medios”, la cual no forma parte del Padrón Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.

Esta denuncia según el líder estatal del partido, Gabriel Diaz Negrete, documenta el “alto gasto” de la precandidata, en la renta de salones de eventos, sonido, aguas, alimentos, banderas, carteles, folletos y gorras con el nombre de la denunciada.

El diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, presentó un exhorto para que se realicen acciones inmediatas para el “saqueo” del agua de la Presa El Granero, ubicado en el municipio de Aldama.

Pérez Pavia expuso esta presa es utilizada principalmente para el riego, misma que ahorita mantiene un 40 por ciento de su capacidad, aun cuando es uno de los cuerpos de agua con mayor capacidad en el estado.

“La extracción pondría en riesgo el ciclo agrícola, al cual se autorizó un tercio de la utilización en el estado y que, de no haber lluvias en este año, se presentaría un panorama peor para 2025”, expuso.

Además, que insistió es “alarmante que funcionarios de Conagua no rechazaron la posibilidad del trasvase, misma que ha sido una solicitud reiterada por el gobierno de Tamaulipas; siendo un tema que ha generado debates en las reuniones regionales con los representantes de Chihuahua”.

Al terminar de exponer su punto de acuerdo, se abrió el tema a discusión y debate, en el que la diputada de Morena, Leticia Ortega, le respondió que no hay ninguna base en la publicación del distrito de riego en cuestión, de la que se pueda “inferir” que el Gobierno Federal va a traspasar el agua de la presa El Granero.

“El problema de la insuficiencia debe tratarse ante el Organismo de Cuenca de Río Bravo, con todas las asociaciones de productores de los estados involucrados”, reiteró.

Por su parte, el diputado morenista Óscar Castrejón dijo que con este punto de acuerdo el PAN, busca sacar provecho político “como en el 2020”. “Informarles a los chihuahuenses que el tratado, la carga que nos impone es de 5 años de prórroga, no hay ninguna alarma, es una campaña para infundir miedo y rescatar votos en la región sureste de Chihuahua”.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad con una moción de Morena, en el que se pidió modificar la palabra “saqueo” por “extracción”.

La gobernadora Maru Campos reiteró la advertencia a la 4T, que no permitirá que el Gobierno Federal se lleve el agua que pertenece a los chihuahuenses.

En rueda de prensa denunció que actualmente hay amenazas de llevarse el agua de la presa de El Granero, que actualmente es la más llena y que contiene un 40 por ciento de su capacidad.

“Y no vamos a permitir que nadie se lleve lo que pertenece a los chihuahuenses y a los agricultores; sobre todo, en estos tiempos tan difíciles de sequía y de eliminación de fideicomisos y apoyos para el campo”, puntualizó.

La defensa legal del agua de Chihuahua, promovida por el Gobierno del Estado en los juzgados, se sigue peleando, dijo Campos Galván.

“Y vamos a seguir peleando, con uñas y dientes, para que no se lleven el agua. Este gobierno no dejará que el Gobierno Federal, que la 4T y Morena se lleven el agua que corresponde al estado de Chihuahua”, reiteró la mandataria estatal.