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personas con discapacidad

La entrega de tarjetas bancarias para nuevos beneficiarios del programa de discapacidad del Gobierno Federal en Chihuahua, fue una experiencia tortuosa y prolongada para las personas que, por su condición, deberían recibir facilidades para recibir atención gubernamental.

Derechohabientes que pasaron por ese calvario informaron a Norte de Chihuahua que el pasado lunes se llevó a cabo la entrega de credenciales en un gimnasio ubicado al sur de la ciudad, donde pasaron todo tipo de incomodidades y hasta impedimentos para recibir lo que debería ser un apoyo oficial.

Según testimonios de derechohabientes que vivieron el proceso y pidieron permanecer en el anonimato, la logística del evento fue un desastre: falta de accesibilidad al recinto para personas que tienen problemas de desplazamiento, condiciones ambientales adversas y ausencia de apoyos básicos como intérpretes de lengua de señas, fueron algunos de los principales señalamientos.

El acceso al lugar estuvo limitado desde el inicio: la rampa y el espacio destinados para personas con discapacidad fueron bloqueados por una camioneta que, según reportaron asistentes, pertenecía a un empleado del gimnasio.

Por si eso no bastara, los accesos al edificio tenían escalones, lo que hacía casi imposible el tránsito para personas en sillas de ruedas.

La jornada se realizó en horario de 12 a 5 de la tarde, bajo altas temperaturas y con un sistema de ventilación insuficiente. Personas con oxígeno, discapacidad severa o necesidades médicas urgentes no recibieron trato prioritario, relataron los asistentes.

“La temperatura era insoportable, no había ventilación y muchos adultos mayores o personas con movilidad reducida sufrían mientras esperaban su turno”, explicó una de las personas presentes.

Otro aspecto señalado como grave fue la falta de un intérprete de lengua de señas, lo que generó confusión y desconcierto entre personas sordas que no entendían el procedimiento ni sabían cuándo sería su turno.

Si bien el personal de la Secretaría de Bienestar que se encontraba fuera del recinto ofreció atención ordenada y empática, el interior del gimnasio fue descrito por varios como caótico y poco respetuoso de las condiciones particulares de los asistentes.

“Es inaceptable que se obligue a las personas con discapacidad a desplazarse a un lugar sin accesibilidad para recibir una tarjeta. La inclusión no puede ser solo un discurso”, reclamó otro beneficiario.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades responsables del programa para que tomen en cuenta las necesidades reales de las personas con discapacidad y garanticen condiciones dignas, accesibles y organizadas en futuras convocatorias.

“La inclusión empieza con el respeto. No puede hablarse de bienestar si las personas más vulnerables son tratadas con negligencia o descuido”, concluyeron.

La negativa del Gobierno del Estado a aportar recursos para atención a personas con discapacidad perjudica a más de 30 mil personas que se encuentran en esa condición, afirmó la representante de la Asociación de Personas con Discapacidad de Chihuahua A.C., Laura Fuentes Aldape.

En conferencia de prensa conjunta con la bancada del partido Morena en el Congreso del Estado, la activista advirtió que las personas que padecen algún tipo de limitación física carecen del apoyo del Gobierno estatal, pese a que existe un convenio para que aporte los recursos para ese fin.

“Esos 3 mil 200 pesos bimestrales representan para nosotros tener tres alimentos en la mesa, o medicinas, pañales, servicios o apoyar a cuidadores”, dijo Laura Fuentes, quien padece debilidad visual.

Al existir una reforma constitucional que establece los derechos de las personas –en el artículo 4º– la Administración estatal de Chihuahua estaría obligada a otorgar esos fondos, agregó.

A su vez, el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, mencionó que el censo de personas con discapacidad indica que hay en la entidad más de 30 mil personas con ese tipo de limitaciones.

El fondo que propuso Morena para ese programa era de 606 millones de pesos, que, divididos entre la cantidad de personas con discapacidad, hubieran tenido un impacto muy favorable para ellas y no tan gravoso para las finanzas estatales, dijo.

Sin embargo, agregó, el Gobierno y el Congreso del Estado prefirieron otorgar pensiones de hasta 94 mil pesos a magistrados en retiro que solo duraron 10 años en servicio.

Por tal motivo, la asociación buscará promover un amparo de la justicia federal en contra del acto de autoridad que representó el no incluir esa partida en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2025.

La bancada de Morena del Congreso del Estado promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra del Gobierno estatal para obligarlo a aportar 606 millones de pesos para apoyo a personas con discapacidad cuyas edades abarquen de los 30 y hasta los 64 años.

Asimismo, solicitarán que se incluyan a las personas que padecen algún tipo de neurodivergencia en el padrón de personas con discapacidad, de modo que también sean sujetas a recibir ese beneficio.

En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del partido guinda, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, afirmó que la Administración estatal incumple con lo establecido en la Constitución política del país, en el sentido de que las personas con algún tipo de discapacidad son sujetos de derechos y de recibir subsidios.

Mencionó que, de los 32 estados del país, 24 ya firmaron el convenio con el Gobierno Federal para esa partida presupuestal, pero Chihuahua es uno de los 8 que no lo ha signado.

Acompañado de las diputadas Herminia Gómez Carrasco y Magdalena Rentería, ambas de Morena, el legislador juarense detalló que entre estados y federación se ha formado una bolsa para atender a personas con discapacidad.

Del total, la Federación pone 4 mil 200 millones de pesos y los estados una parte igual.

En el caso de Chihuahua, le corresponde aportar 606 millones de pesos. Sin embargo, agregó, en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2025, solo Morena votó a favor de incluir esa partida, mientras que el PAN, PT, PVEM y PRI lo rechazaron.

Mencionó que, en el estado, hay cerca de 30 mil personas con discapacidad, de las cuales, una cantidad sustancial correspondería a las que están en el rango de los 30 a los 64 años.

A ese respecto, la diputada Herminia Gómez señaló que, si se incluyen a las personas neurodivergentes, la cantidad se incrementaría de manera notable.

El Congreso del Estado, hizo un llamado los gobierno federal, estatal y municipal para que promuevan la contratación de personas con discapacidad, considerando por lo menos el 5 por ciento de su plantilla laboral.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

“Hacemos un llamado para que cumplan con esta acción afirmativa y promuevan entornos incluyentes, accesibles y sobre todo impulsar los derechos de todas las personas, en particular de las personas con discapacidad que han sufrido discriminación estructural y sistemática al enfrentarse a situaciones complejas y al superar barreras de actitud, comunicación, físicas, políticas, programáticas, sociales o culturales”, señaló la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena), al exponer su proposición.

Dijo que la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y la Ley Federal del Trabajo, por su parte, describe el trabajo digno o decente en el que se respeta plenamente la dignidad humana, no existe la discriminación y se tutela la igualdad de trabajadores y trabajadoras, el trabajo es un derecho y un deber social.

Al concluir, la legisladora señaló que la igualdad debe trascender del papel a la realidad, de la Ley al impacto en la vida de la gente. Las personas con discapacidad, sufren de discriminación en varias esferas como la laboral, por ello la importancia de acciones afirmativas que promuevan su inclusión para mejorar su bienestar y ejercer plenamente sus derechos.

Cabe destacar que el llamado se hizo extensivo al Poder Ejecutivo Federal, ello, luego de que fuera aprobada la moción del diputado Arturo Zubía (PAN).

(mr)

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