La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) desarticuló una presunta célula delictiva dedicada al secuestro de personas migrantes en Ciudad Juárez, encabezada por Ernesto Alonso B. L., alias “El Toto”, señalado como integrante del grupo criminal “La Empresa”.
El golpe se concretó tras la investigación por la privación de la libertad de dos jóvenes originarios de Veracruz: un adolescente de 17 años y un hombre de 18, cuyos familiares terminaron pagando 28 mil dólares para lograr su liberación.
De acuerdo con las indagatorias de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, las víctimas fueron retenidas durante varios días en distintos domicilios de la ciudad.
Durante ese tiempo, los presuntos responsables realizaron llamadas y enviaron mensajes a sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación, bajo amenazas de causarles daño.
Operativos en dos puntos de la ciudad
Con base en los datos obtenidos, agentes de la FEOE, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, ejecutaron cateos en al menos dos domicilios.
En una vivienda de la colonia Colinas del Sur fueron detenidas cuatro personas y se aseguró un vehículo Dodge Charger, identificado por las víctimas como el utilizado para su traslado.
En un segundo operativo, realizado en la colonia Puerto Anapra, se detuvo a otras tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.
En total, fueron capturadas siete personas —cinco hombres y dos mujeres—: Ernesto Alonso B. L., Dagoberto M. V., Jesús Antonio S. M., Ángel Gabriel C. R., Pedro Alberto R. R., Judith D. R. y Ashley D. R.
Además, una menor de edad, identificada con las iniciales V.J.C.R., fue detenida como presunta copartícipe y será presentada ante autoridades especializadas en justicia para adolescentes.
Vinculación a proceso
A través de la causa penal 1478/2026, un juez de Control del Distrito Judicial Bravos resolvió vincular a proceso a los siete imputados por el delito de secuestro con penalidad agravada, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación.
La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias ministeriales.
El caso exhibe la operación de redes criminales que aprovechan la vulnerabilidad de personas migrantes en la frontera, a quienes retienen y utilizan como fuente de extorsión mediante el cobro de rescates en dólares.
