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plataforma centinela

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que la empresa Seguritech, encargada de la Plataforma Centinela, deberá absorber los costos por reparación o reposición de cámaras de videovigilancia que resulten dañadas o derribadas mientras permanezcan en operación.

Durante una conferencia de prensa, Loya explicó que el esquema de pago a la empresa depende directamente del funcionamiento activo de las cámaras y sistemas conectados a la plataforma tecnológica.

“Si tumban una cámara al Estado no le cuesta. El proveedor tiene que ir y ponerla de nuevo con costo al proveedor”, afirmó.

El funcionario detalló que, cuando un equipo deja de transmitir señal, el Gobierno del Estado suspende temporalmente el pago correspondiente a ese servicio hasta que vuelva a operar.

“Si la cámara cae y pierdo la señal, cuando eso pasa yo dejo de pagar ese servicio”, señaló.

Además, el titular de la SSPE reveló que Seguritech ya enfrenta penalizaciones por alrededor de 120 millones de pesos derivadas de incumplimientos detectados tanto por la propia dependencia como por observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Nosotros hemos aplicado ya unas penalizaciones por un monto alrededor de 120 millones de pesos. Esto en función de hallazgos propios que nosotros teníamos”, declaró.

Loya Chávez indicó que las sanciones forman parte de los mecanismos contemplados en el contrato para garantizar el cumplimiento del proyecto Centinela y asegurar el correcto uso de los recursos públicos.

Agregó que, tras las observaciones emitidas por la ASE, la Secretaría decidió acelerar las revisiones y aplicar evaluaciones trimestrales para verificar el avance y funcionamiento del sistema.

“Decidimos hacerlo ya y hacerlo trimestralmente por dos razones: poder garantizar que el proyecto salga en tiempo y forma y también darle tranquilidad a la Auditoría Superior del Estado de que las cosas se están haciendo bien”, puntualizó.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que la administración estatal logró recuperar más de 112 millones de pesos por incumplimientos de contrato y retrasos en obras y servicios por parte de la empresa Seguritech en la ejecución de las obras relativas a la Plataforma Centinela.

Según el informe de la ASE, ya fue atendida una de las observaciones realizadas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por irregularidades detectadas en el Proyecto Centinela.

En un comunicado, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, señaló que la observación surgió durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la SSPE, específicamente en torno al contrato del sistema integral de videovigilancia, monitoreo y seguridad del Proyecto Centinela.

Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2024, la SSPE aún no había aplicado las sanciones correspondientes por incumplimientos en la entrega de diversos conceptos, entre ellos:

  • 30 arcos carreteros
  • 10 filtros de seguridad en la Torre Centinela
  • 17 videowalls
  • 2 centros de mando ubicados en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes.

Según el comunicado oficial, tras la observación de la ASE, la Secretaría de Seguridad Pública suspendió pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024, al no contar con la totalidad de los bienes pactados.

Posteriormente, la dependencia realizó un análisis técnico y financiero para determinar las sanciones aplicables al proveedor.

El conflicto derivó en un proceso de conciliación administrativa promovido por Seguritech ante la Secretaría de la Función Pública el 12 de marzo de 2025, con el objetivo de reclamar los pagos retenidos.

De acuerdo con la ASE, durante el proceso se realizaron al menos 15 audiencias de conciliación en las que participaron la SSPE, la Secretaría de Hacienda estatal, la Secretaría de la Función Pública y la empresa contratista.

Finalmente, el 28 de febrero de 2026 fue firmado un nuevo convenio modificatorio mediante el cual se establecieron las penalizaciones económicas.

Como parte del acuerdo, Seguritech entregó dos notas de crédito: una por 90 millones 744 mil pesos y otra por 21 millones 632 mil pesos. La recuperación total ascendió a 112 millones 377 mil 446 pesos.

La Auditoría Superior notificó oficialmente el pasado 12 de mayo que la observación quedó solventada y aclarada, luego de revisar la documentación entregada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El auditor Héctor Acosta Félix aseguró que se trata de “la primera vez que un proyecto de esta magnitud tiene un ajuste de costo a la baja” derivado de un proceso de fiscalización.

El Proyecto Centinela, es considerado uno de los principales proyectos de seguridad del gobierno estatal y que durante los últimos años ha enfrentado cuestionamientos por costos, tiempos de ejecución y transparencia contractual.

Gracias a los resultados obtenidos en materia de seguridad tras la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), las cámaras de seguridad instaladas en los planteles educativos se conectarán a la Plataforma Centinela.

Omar Bazán Flores, director general del Conalep en el estado de Chihuahua, declaró en entrevista que en los próximos días, 650 cámaras de los planteles quedarán conectadas a Plataforma Centinela.

“Ya se hicieron las pruebas necesarias para que seamos el primer centro educativo de nivel medio superior que se conecte a Centinela”, dio a conocer.

Respecto a los logros del convenio firmado entre Conalep y la SSPE, aseguró que el resultado ha sido muy positivo.

“Estuvimos en los 10 centros educativos con operaciones de fortalecimiento, revisión y pláticas. Se están armando redes de protección y prevención del delito y tuvimos presencia de cuerpos policiacos en los planteles para evitar sustancias prohibidas”, mencionó.

Asimismo, señaló que a partir de febrero emprenderán más acciones conjuntas para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo de los planteles existentes en el estado de Chihuahua.

Por su parte, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, declaró que actualmente se encuentran en pláticas con otras instituciones educativas del estado para que también unan sus cámaras de seguridad y de esa manera fortalecer aún más la Plataforma Centinela.

El segundo lugar nacional que ocupa Chihuahua en homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025 es, para la diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), una muestra de que la Plataforma Centinela no ha dado resultados pese a su alto costo y a las promesas de modernizar la seguridad pública en el estado.

Durante la sesión ordinaria celebrada este martes en el Congreso, la legisladora cuestionó la falta de indicadores verificables, la opacidad del contrato y la baja credibilidad de la empresa encargada del sistema, al tiempo que exigió al Ejecutivo estatal rendir cuentas sobre los recursos invertidos.

Ortega Máynez, representante del Distrito II con cabecera en Juárez, señaló que Chihuahua acumula más de mil 300 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de este año. No obstante, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra oficial al cierre de octubre asciende a mil 527 casos, lo que ubica al estado en la segunda posición nacional, solo por debajo de Guanajuato, con 2 mil 229 víctimas.

En su intervención en el pleno, la diputada criticó tanto el monto del gasto como la opacidad en la información sobre el proceso de contratación y la baja confiabilidad de la empresa a la que se adjudicó el proyecto.

“Las respuestas del Ejecutivo sobre la Plataforma Centinela, más que aclarar, confirman tres cosas: que el contrato se adjudicó de manera discrecional, que el proyecto se maneja con opacidad estructural y que los resultados en seguridad no corresponden al tamaño del gasto”, expresó.

La legisladora explicó que el contrato, identificado como SH/ADE/079/2022, fue tramitado bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, aunque el proyecto incluye infraestructura, equipamiento y software operativo, lo que —dijo— debería someterse a un proceso de licitación pública con mayores controles.

“El presupuesto estatal y la descripción del contrato dejan claro que no se trata solo de un servicio intangible, sino de un proyecto con características de obra pública, que en teoría exige procesos de licitación mucho más estrictos”, puntualizó.

Ortega destacó además que la información del proyecto fue reservada por cinco años, lo que impide al Congreso y a la ciudadanía revisar precios, alcances técnicos y cláusulas de cumplimiento.

“Escogen la ley que les da más margen, aplican la excepción más amplia y ni siquiera demuestran haber cumplido sus propios requisitos mínimos”, advirtió.

La diputada recordó que auditorías y reportes públicos en otras entidades han señalado sobrecostos e incumplimientos de la empresa Seguritech, contratada por el Gobierno del Estado, lo que —dijo— debió considerarse antes de otorgarle un contrato por más de 4 mil millones de pesos sin licitación.

“El Gobierno estatal entregó a Seguritech el contrato más caro en la historia de Chihuahua, pese a los antecedentes negativos y sin garantizar resultados verificables en materia de seguridad pública”, concluyó.

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