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MarLa presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, aseguró que la reforma constitucional en materia laboral implicó cambios radicales en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los órganos judiciales locales, ya que se transitó hacia una nueva forma de analizar las relaciones entre trabajadores, empleadores y sindicatos.

De acuerdo a un comunicado del CJF, la ministra participó en la inauguración del Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral, el cual fue privado, y destacó que la reforma estableció la conciliación como una instancia administrativa prejudicial obligatoria y que el Estado mexicano al formar parte del T-MEC está obligado a garantizar el acceso a todas las personas para la aplicación de las leyes laborales y dotar los recursos necesarios para seguir avanzando en los compromisos internacionales adquiridos.

Resaltó que la reforma revitalizó los principios sociales que inspiraron al Constituyente de Querétaro a incorporar el derecho al trabajo como el reflejo de las luchas de aquel momento, y hoy, a dar respuesta a los complejos procesos de la globalización y cambios económicos, sociales y culturales que ha vivido el país.

Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral.

“Es así, que por determinación del propio Constituyente el PJF es pieza fundamental en la justicia laboral, ante un renovado esquema de solución de conflictos. Por ello, es necesario concretar las etapas para su implementación, apostando por más órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras, personal operativo, peritos y asesores jurídicos que permitan el adecuado funcionamiento de la justicia laboral.

“Quienes laboramos en el PJF constituimos el factor esencial y determinante en la impartición de justicia, por eso la profesionalización, excelencia y constante capacitación es una meta relevante para el CJF”, refirió.

En su intervención el consejero Sergio Javier Molina Martínez detalló que el nuevo sistema es un referente internacional que es seguido con interés por países de América del Norte, Latinoamérica y Europa, que reconocen la transformación que México adoptó al dejar atrás un esquema de justicia que prevaleció por 100 años; además de haberlo instrumentado durante la pandemia y llevar adelante la capacitación de más de 63 mil personas en materia de derecho laboral.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, de suspender por tiempo indefinido el reparto de libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024.

En un comunicado, la citada dependencia dio a conocer lo anterior y consideró que la suspensión del reparto de material didáctico viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución.

Agrega el comunicado de la CJEF que también hay violación a la legislación local, pues el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua establece que “es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione”.

El órgano jurídico federal consideró que el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar que solicitó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al promover una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.

Al estar en posesión de la autoridad estatal, los libros de texto debieron llegar a las aulas para el ciclo que iniciará el 28 de agosto, señala.

“Resulta lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia en México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución”, agrega.

Ante toda esa condición, la CJEF solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad.

En este sentido, también es responsabilidad de padres, madres de familia y tutores afectados por esta lamentable situación defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos, ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos, necesarios para el desarrollo educativo de la infancia del estado de Chihuahua, se advierte el comunicado.

“Nosotros nos pusimos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haciendo uso de un mecanismo constitucional y nos estamos poniendo en manos del más alto tribunal del país; cuando se resuelva el fondo del asunto veremos cuáles serán los pasos a dar por el estado”, dijo Santiago de la Peña.

El secretario general de Gobierno, habló sobre el caso de los libros de texto, luego de la guerra de declaraciones que desató la suspensión que promovió el gobierno estatal ante la SCJN, para frenar la distribución del material en Chihuahua.

“Cada quien vamos a ocuparnos de lo que nos corresponde”, indicó De la Peña y recalcó que es objeto de risa que funcionarios anden opinando de temas que no conocen y que no les corresponden.

Ante la iniciativa de Morena en San Lázaro para “blindar los libros de texto”, mediante la Ley General del Libro de Texto Gratuito, Santiago de la Peña señaló que “no es necesario blindar los libros de texto”.

Finalmente, llamó a “no polarizar el debate de los libros”, e indicó que no se debe de hacer esto “una lluvia o una feria de calificativos”, sino que el asunto se resolverá en el plano de la Suprema Corte.

Hoy por la mañana, integrantes de Colectiva Adela, dieron a conocer que durante los dos últimos años, la Secretaría de Educación y Deporte y otros organismos del gobierno estatal participaron en las reuniones, foros, consultas y revisiones para la generación de los nuevos libros de texto de la SEP.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiese admitido la controversia constitucional que se promovió por grupos políticos y religiosos para revisar los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Muy contentos en Chihuahua porque la Suprema Corte admitió la controversia constitucional (de los libros de texto) y queda en manos del ministro Aguilar, quien analizará la controversia y los fundamentos legales”, comentó.

Agregó que la naturaleza de la controversia constitucional tiene que ver con la decisión de la gobernadora de que no se distribuyan los libros “porque se viola el principio de poderes al no tomar en cuenta a los estados en el diseño y la impresión de los libros de texto”, comentó.

Aseguró que el norte del país está siendo visto con gran interés, particularmente Chihuahua, por grandes corporativos, para lo cual “necesitamos desarrollar talentos para que tengan las habilidades y destrezas que las empresas requieren”, comentó.

“Tenemos un buen número de ingenieros, de hecho somos el estado del país que más ingenieros y técnicos produce, tenemos grandes convenios para aumentar el desarrollo económico y para ello, el conocimiento y la educación básica es primordial: no podemos contar con ingenieros y técnicos si no tenemos materias de ciencias, matemáticas, habilidades y destrezas, como trabajo en equipo y liderazgo, mismas que no se plasman en esos libros”, aseveró la gobernante.

Por otro lado, dijo que hay tres opciones viables para dar libros de texto a niñas y niños: “no vamos a dejar a nuestras niñas y niños sin educación y sin libros. Nuestro objetivo y causa y razón de ser, es educar de la mejor manera a nuestros niños para que sean competitivos”.

Explicó que se han estado diseñando libros desde hace algunas semanas por universidades locales de gran nivel, públicas y privadas, aunque no mencionó cuáles instituciones serían las diseñadoras de los materiales.

Las otras dos opciones son: usar libros de otros ciclos escolares y la posibilidad de establecer mesas de trabajo con asociaciones de padres de familia y maestros para generar un libro de texto especial para secundaria.

Finalmente, respecto a la encuesta del IEE que solicitó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “la consulta la hace la gobernadora todos los días, cuando escucha a las asociaciones y padres de familias, al magisterio, a los maestros y directivos, y cuando vemos la necesidad de generar estos talentos. Mientras yo esté en el gobierno no dejaré que se vulneren los derechos de los niños”, sentenció.