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“Meses han pasado, los estudiantes con un derecho violentado porque fue un arrebato, hoy la Corte le da la razón, no a nosotros, sino a miles de madres y padres de familia, y miles de maestros”, expresó durante una transmisión en vivo, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Enlazado desde el palacio judicial en Ciudad de México, el abogado y legislador local de Chihuahua, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que se desecha la controversia constitucional de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con la que se impedía la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

El fallo, dijo Estrada Sotelo, devuelve el derecho a la educación pública en Chihuahua, ya que argumentó que los libros de texto gratuitos son un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes.

“No hay motivo para que la gobernadora no cumpla lo que dice la ley y distribuya los libros de texto a todos los estudiantes de Chihuahua, incurrirá en una responsabilidad, siempre ha dicho que acataría la disposición de la Suprema Corte, los libros deben distribuirse, ya que quedó sin efecto la medida cautelar”, puntualizó.

Que sí, pero no… dijo la gobernadora María Eugenia Campos Galván: que sí está de acuerdo con que las mujeres no deben ser castigadas ni estigmatizadas por abortar, pero que está en contra del aborto.

Lo anterior, lo dijo la jefa del Ejecutivo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy publicó su resolución de despenalizar el aborto en todo el país.

“Estoy estudiando la resolución, no he podido verla, quiero ver si aplica para todos los estados o si pueden intervenir los Congresos Estatales”, comentó.

Agregó que ella está a favor de la vida y de la familia, y que “estoy en contra de la penalización de las mujeres y estigmatización y estos castigos (para las mujeres) que luego, por algún riesgo, tienen que abortar, pero hasta ahí. A favor no estoy del aborto”, comentó. Es decir, se pronunció a favor del aborto solo en situaciones que pongan en riesgo a la madre.

Por su parte, el fiscal general, César Jáuregui Moreno, indicó que las instituciones no están para opinar, sino para acatar las órdenes de organismos supremos, como la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, por ello se deberá reformar el Código Penal Federal en esa materia lo que obliga a la discusión de la armonización legislativa en los estados.

Así lo dio a conocer Marea Verde Chihuahua a través de sus redes sociales, con esta sentencia de la SCJN, el Congreso de la Unión deberá modificar el Código Penal Federal para derogar los artículos que penalizan el aborto voluntario en México.

Al modificarse el Código Penal Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán brindar servicios de aborto voluntario a las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

“Se reconoce nuevamente que la Constitución establece como derecho humano, el derecho a decidir”, destaca el colectivo feminista.

Una vez que se haga esa modificación federal, toca a los poderes legislativos de los estados armonizar el código estatal, eliminando aquellos artículos que penalicen y criminalicen la interrupción del embarazo voluntario.

En este sentido, Marea Verde Chihuahua indicó “en Chihuahua abortar de manera segura es posible, gracias a las redes de acompañamiento”.

MarLa presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, aseguró que la reforma constitucional en materia laboral implicó cambios radicales en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los órganos judiciales locales, ya que se transitó hacia una nueva forma de analizar las relaciones entre trabajadores, empleadores y sindicatos.

De acuerdo a un comunicado del CJF, la ministra participó en la inauguración del Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral, el cual fue privado, y destacó que la reforma estableció la conciliación como una instancia administrativa prejudicial obligatoria y que el Estado mexicano al formar parte del T-MEC está obligado a garantizar el acceso a todas las personas para la aplicación de las leyes laborales y dotar los recursos necesarios para seguir avanzando en los compromisos internacionales adquiridos.

Resaltó que la reforma revitalizó los principios sociales que inspiraron al Constituyente de Querétaro a incorporar el derecho al trabajo como el reflejo de las luchas de aquel momento, y hoy, a dar respuesta a los complejos procesos de la globalización y cambios económicos, sociales y culturales que ha vivido el país.

Ciclo de Conversatorios Nacional del Sistema de Justicia Laboral.

“Es así, que por determinación del propio Constituyente el PJF es pieza fundamental en la justicia laboral, ante un renovado esquema de solución de conflictos. Por ello, es necesario concretar las etapas para su implementación, apostando por más órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras, personal operativo, peritos y asesores jurídicos que permitan el adecuado funcionamiento de la justicia laboral.

“Quienes laboramos en el PJF constituimos el factor esencial y determinante en la impartición de justicia, por eso la profesionalización, excelencia y constante capacitación es una meta relevante para el CJF”, refirió.

En su intervención el consejero Sergio Javier Molina Martínez detalló que el nuevo sistema es un referente internacional que es seguido con interés por países de América del Norte, Latinoamérica y Europa, que reconocen la transformación que México adoptó al dejar atrás un esquema de justicia que prevaleció por 100 años; además de haberlo instrumentado durante la pandemia y llevar adelante la capacitación de más de 63 mil personas en materia de derecho laboral.