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Se está valorando la posibilidad de solicitar un apoyo extraordinario a las fuerzas federales para que desplacen mayor personal a algunas de las áreas de la Sierra donde se han presentado hechos violentos, como Guachochi y Guadalupe y Calvo, dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Se están afinando las medidas, las estrategias que se tienen, sobre todo para los puntos del estado en donde ha habido algunos brotes de incidentes extraordinarios. Y esperamos que vamos a estar presentado rápido los resultados a la población”, indicó el funcionario.

De la Peña confirmó que las autoridades estatales investigan al menos 600 casos de desplazamiento forzado en el interior del territorio estatal, mismos que afectan a diverso número de víctimas cada uno.

En Chihuahua se conocen casos emblemáticos de desplazamientos masivos, como en El Manzano y Monterde, donde hasta más de 100 personas debieron huir por amenazas, violencia y asesinatos en contra de miembros de sus núcleos familiares.

Santiago de la Peña destacó que el gobierno estatal apoya a estas familias con alojamiento, apoyos alimentarios, educativos y otros.

Sin embargo, indicó que lo principal es garantizar que puedan regresar a sus lugares de origen en condiciones de seguridad.

Serán 28 unidades las que se adquirirán con créditos estatales para las rutas alimentadoras de la ciudad de Chihuahua, mientras que el resto tendrán que ser adquiridas por los mismos concesionarios, informó Juan Gómez, integrante de “Transportes Unidos de Chihuahua”.

Gómez acudió esta tarde a Palacio de Gobierno, junto a otros transportistas y concesionarios, para participar en reunión con autoridades estatales en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.

En el encuentro privado participaron el subsecretario de Transporte, Manuel Aguirre; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Mario Vázquez.

Se contó con la presencia de Francisco Salcido, delegado de Organizaciones Sindicales, así como Tomás Orozco, titular del Sistema de Transporte BRT en Chihuahua.

Juan Gómez dijo que son 50 unidades las que se tendrán que renovar en total y agregó que son 190 concesiones las que están en negociaciones con el Gobierno del Estado.

Para la renovación de unidades, el Gobierno del Estado puso a disposición de los transportistas fondos crediticios del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).

El representante de transportistas indicó que ya el 100 por ciento de las unidades cuentan con sistema de monitoreo y hay avances en cuanto a capacitación a los choferes en temas de protección civil y prevención del acoso y violencia contra las mujeres.

Aunque los temas tratados en la reunión se darán a conocer una vez terminada, se adelantó por participantes que se esperaba analizar estrategias para mejorar el sistema de transporte público en Chihuahua, así como llegar a acuerdos con concesionarios y transportistas para hacer esto posible.

También se comentó que se verán mecanismos para la renovación de las unidades de transporte público, medida obligatoria para los concesionarios, luego de que se ajustara la tarifa para el transporte público en el pasado mes de abril.

Se desconoce la situación de desplazamiento forzado interno en el estado por motivos de violencia e inseguridad, señaló el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Con el establecimiento de la mesa de trabajo y la Comisión de desplazamiento forzado, estamos trabajando en un diagnóstico y estamos esperando el reporte. Es difícil determinar un número de personas desplazadas porque hay personas que se han desplazado de manera momentánea y temporal y otras que se han movido de manera permanente”, dijo Santiago de la Peña.

De la Peña fue cuestionado sobre el tema luego de que el párroco de Santa Anita, Guachochi, declaró que hay familias desplazadas por la violencia y solicitaron apoyo de las autoridades para contener la inseguridad en aquella región.

“Estamos en plena coordinación con Sedena y Guardia Nacional, la seguridad no se resuelve en un día es un trabajo diario y todos los días cambian las condiciones, mañana en la mesa de seguridad se habrán de poner algunas medidas sobre la mesa para estos temas en particular”, expresó el funcionario estatal.

El secretario indicó que ante las representaciones de las organizaciones participantes y del Gobierno Federal, se propondrá cómo variar la estrategia de seguridad nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón, indicó que se tienen más de 600 carpetas de investigación por denuncias de desplazamiento forzado interno en el estado, aunque se desconoce el periodo o si se ha dado seguimiento a las querellas.

El titular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno descartó que las familias se hubiesen movido de sus comunidades de origen por la violencia y dijo en cambio que era por hambre y falta de recursos.

Los concesionarios que busquen la forma de no recibir la notificación del plazo para el cambio de unidades perderán la ruta, señaló el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario dio a conocer que actualmente se tiene la notificación del 90 por ciento de los concesionarios en todo el estado, cifra que se estima en cerca de tres mil.

“Si identificamos que lo que están haciendo es impedir una notificación formal, pretendiendo jugar con estos plazos, vamos a actuar de manera inmediata”, señaló De la Peña Grajeda.

Esto se da luego de una confusión relacionada con el vencimiento del plazo de 90 días para renovar la unidad.

Lo anterior, ya que una versión maneja que el curso del vencimiento para la renovación de la unidad inicia una vez que es entregada la notificación de forma física, mientras que otra señala que el plazo es una vez que se autorizó el incremento a la tarifa.

El titular de la SSG dijo que si se tiene que reasignar a quienes cumplen se buscará hacerlo, para ello, ya se analiza el número de concesiones que serán canceladas, cifra que aún no se tiene conocimiento.

Actualmente todos los transportistas se encuentran en el plazo de cumplimiento, por lo que se visualizan cancelaciones, indicó Santiago de la Peña.