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La muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, en circunstancias aún no esclarecidas, podría tener implicaciones que van más allá del ámbito local. Para la especialista en temas internacionales Guadalupe Correa-Cabrera, el caso podría convertirse en un factor de presión para una mayor intervención de Estados Unidos en México.

En entrevista con Norte Digital, señaló que el contexto en el que ocurrió el hecho —con versiones no confirmadas sobre la presencia de agentes de agencias estadounidenses en territorio mexicano— coloca en el centro del debate el tema de la soberanía nacional.

Indicó que, hasta ahora, no existe una versión oficial definitiva, sino información basada en filtraciones, lo que ha generado contradicciones e incertidumbre.

En ese escenario, advirtió que la muerte de los agentes podría ser utilizada políticamente.

“A mí me preocupa porque no sabemos cuál va a ser el resultado de sus investigaciones… Yo creo que Donald Trump solamente necesitaba que esos cárteles atacaran a agentes estadounidenses para hacer algo”, afirmó.

Correa-Cabrera explicó que, de confirmarse la presencia de elementos de la CIA, DEA u otras agencias en México sin apego a los canales institucionales, se evidenciaría una dinámica de cooperación fuera de los mecanismos formales.

Asimismo, subrayó que, aunque se ha manejado la versión de un accidente, no puede descartarse otro tipo de móvil, debido a la falta de información clara por parte de las autoridades involucradas: el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal mexicano y el gobierno del estado de Chihuahua.

La especialista consideró que este tipo de hechos pueden escalar en el ámbito político, especialmente en un contexto donde la seguridad y el combate a los cárteles forman parte de la agenda bilateral.

Añadió que, históricamente, Estados Unidos ha influido en la política de seguridad en México, lo que ha generado una relación marcada por asimetrías.

“Estados Unidos siempre ha movido los hilos de la relación y México, por las asimetrías, ha tenido que acatar y también hacer suyas sus prioridades. Esa soberanía no existe; se sostiene solo en el papel”, sostuvo.

Finalmente, señaló que, además del combate al narcotráfico, en este tipo de episodios pueden intervenir intereses geopolíticos y de control territorial, que trascienden la narrativa oficial.

“Nos damos cuenta cuando alguien muere u ocurre un accidente… pero no sabemos realmente desde cuándo estaban ahí ni en qué condiciones operaban”, concluyó.

En un operativo conjunto, autoridades estatales y federales localizaron dos laboratorios clandestinos al aire libre dedicados a la fabricación de drogas sintéticas en el municipio de Guachochi, al sur poniente del estado, en plena Sierra Tarahumara.

En un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el aseguramiento de los predios y de todos los artículos usados para la elaboración de sustancias prohibidas se logró mediante un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Uno de los laboratorios estaba situado sobre una superficie de más de 800 metros cuadrados, donde había numerosos artículos y sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

En el lugar se encontraron, además, una cantidad considerable de víveres para consumo humano. Sin embargo, no se lograron detenciones de personas presuntamente vinculadas a la operación de los laboratorios.

El hallazgo tuvo lugar a unas nueve horas de la ciudad de Chihuahua, en una zona colindante entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En un primer campamento y laboratorio, un área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en 5 áreas, se localizaron:

19 tambos de mil litros

2 calderas y tarimas con costales con la leyenda “Tquisa”

17 contenedores de mil litros

1 baño

2 contenedores de agua

14 depósitos con acetona

14 contenedores con un material blanco

16 contenedores con un material color negro

15 hornos

7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos

10 depósitos chicos

61 cilindros de gas conectados

42 cilindros de gas

4 depósitos de un material negro

Varios costales con material blanco sin leyendas

33 costales de contenedores de mil litros

El segundo campamento-laboratorio, en un área abierta de 40 metros aproximadamente, se localizaron:

1 depósito de costales con material color blanco

2 condensadores

2 calderas

6 contenedores de 1000 litros

5 botes con material líquido

Después de semanas de desplazamiento forzado por la violencia, familias que abandonaron el poblado de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, comenzaron a regresar a sus hogares bajo resguardo de un operativo de seguridad encabezado por el Estado.

El retorno se realizó como parte del operativo “Retorno Seguro”, implementado por autoridades estatales para acompañar a personas desplazadas en su regreso a la comunidad. Sin embargo, el primer traslado incluyó únicamente a 15 personas, pese a que más de 200 habitantes habían salido de la zona por temor a la inseguridad.

La estrategia, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), inició en la capital del estado, desde las instalaciones de la Fiscalía General, donde se organizó el traslado hacia Atascaderos.

El operativo incluyó un despliegue coordinado de seguridad durante el trayecto, con la participación de la Policía de Despliegue, el uso de un autobús oficial y vigilancia aérea mediante un helicóptero de la corporación.

Además, otros vehículos con personas desplazadas se integraron al convoy, que en total estuvo conformado por 11 unidades y 36 elementos.

Atienden en Parral a 80 personas desplazadas por la inseguridad en la región de Atascaderos

Contexto: violencia y desplazamiento en la sierra

El retorno ocurre tras episodios recientes de inseguridad en Atascaderos y comunidades cercanas, donde habitantes denunciaron enfrentamientos entre grupos armados, así como condiciones de riesgo que los obligaron a abandonar sus viviendas para resguardar su integridad.

El propio Gobierno del Estado informó el 26 de febrero pasado que 200 familias se habían movilizado de Atascaderos hacia el municipio de Hidalgo del Parral.

El municipio de Guadalupe y Calvo, donde se ubica la comunidad, es históricamente una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos delictivos, lo que ha derivado en desplazamientos forzados, suspensión de actividades cotidianas y un clima permanente de temor entre la población.

Operativo interinstitucional

De acuerdo con el comunicado oficial, en el operativo participan diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El despliegue también incluyó monitoreo permanente a través de sistemas de videovigilancia, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante todo el traslado.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, orientada —según la dependencia— a restablecer condiciones de seguridad en la región.

Retorno bajo vigilancia

Aunque el operativo busca generar condiciones para el regreso de las familias, el contexto de inseguridad en la zona mantiene abiertas interrogantes sobre la permanencia de dichas condiciones en el mediano plazo.

El retorno de pobladores a Atascaderos ocurre así bajo un esquema de acompañamiento institucional y vigilancia reforzada, en una región donde la violencia ha marcado la vida cotidiana en los últimos años.

Un intenso enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y un grupo de aproximadamente 15 civiles armados dejó como saldo dos agresores sin vida, tres detenidos (uno de ellos herido) y el aseguramiento de un importante arsenal en un tramo de terracería entre las comunidades de El Ocote y Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo durante un recorrido de vigilancia implementado como parte de las acciones de seguridad en la región serrana. Elementos de la Policía del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detectaron al grupo armado en las cercanías.

Al ser detectados, los presuntos integrantes del grupo criminal abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Ante la superioridad en volumen de fuego de las fuerzas del orden, los agresores se replegaron y huyeron del lugar.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Luis Antonio H. D., de 23 años (alias “El Mono”, originario de Parral según algunas fuentes); César Guadalupe G. G., de 28 años (alias “Pelón”, también de Parral); y David C. E., de 33 años, quien resultó lesionado durante el tiroteo.

Este último fue trasladado de urgencia en el helicóptero de la SSPE a un hospital para recibir atención médica inmediata.

En el sitio del enfrentamiento se confirmó la muerte de dos agresores por impactos de bala.

No se reportaron bajas fatales entre los elementos de seguridad, aunque uno resultó con lesiones leves por esquirlas, sin riesgo para su vida.

Tras neutralizar la agresión, con apoyo de personal de Policía Rural de Despliegue, se aseguraron:

  • 7 armas largas
  • 14 cargadores
  • Chalecos antibalas y equipo táctico
  • Cientos de cartuchos útiles
  •  

Los tres detenidos, junto con el armamento y equipo decomisado, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público federal o estatal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su posible vinculación con grupos delictivos activos en la zona y esclarecer los motivos del ataque.

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