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La activista identificada como Mayté Regina Gardea González, pidió a las autoridades estatales que le brinden seguridad personal, luego de que personas armadas dispararon contra miembros de su familia el pasado 24 de diciembre, tras un incidente relacionado con un supuesto robo de leña.

De acuerdo al reporte inicial, las víctimas habrían reclamado por el robo de madera y en respuesta les habrían disparado con armas de fuego a la vivienda y a una camioneta, sin que hayan resultado personas lesionadas.

En redes sociales, la activista hizo el llamado para que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se dé la implementación inmediata de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Mayté Regina Gardea y su familia.

La justificación que dio es que desde el año 2009, ha acompañado a la comunidad de Majimachi, Bocoyna, ante el despojo de su propiedad ejidal y no descarta que la agresión de hace unos días pudiera tener relación también con su activismo.

Asimismo, a través de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., se solicitó la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “debido a que el riesgo es directo y derivado de su labor de acompañamiento”.

En redes sociales, Gardea González señaló como presuntos autores intelectuales y materiales del ataque a su familia, a las siguientes personas: Jorge Alan G. M., Abelardo G. y Jack Abelardo G. M.

También se exigió a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave) brindar acompañamiento integral, apoyo en gastos de emergencia y condiciones dignas de seguridad para la familia desplazada de su comunidad de origen.

En el municipio de Moris, al noroeste de Chihuahua, donde recientemente policías estatales fueron emboscados, las autoridades recuperaron 30 vehículos robados, algunos con blindaje artesanal y modificaciones para soportar fuego cruzado o transportar personal armado.

El operativo, desplegado entre el 13 y el 15 de octubre, dejó al descubierto la magnitud del control criminal en una región que es corredor de grupos armados y escenario recurrente de ataques contra las autoridades.

De acuerdo con información oficial, las unidades fueron localizadas en caminos rurales, talleres y parcelas, donde los delincuentes las ocultaban tras haberlas robado en distintos puntos del estado.

El día 15 fue el más productivo: 13 vehículos asegurados en una sola jornada. Ninguna detención fue confirmada, pero varios de los automotores mostraban placas alteradas, blindaje artesanal y adaptaciones para ocultar cargamentos o armamento.

Las imágenes difundidas por las corporaciones muestran camionetas destruidas, cubiertas de lodo, con rastros de balas o planchas de acero soldadas en las puertas.

Una región sitiada

Moris, enclavado en la zona occidente, ha sido durante años punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y vehículos robados. En semanas recientes, el municipio fue escenario de un ataque armado en el que murieron tres agentes estatales, un hecho que desató una respuesta más intensa de las fuerzas de seguridad.

La recuperación de 30 vehículos robados en solo tres días representa un golpe operativo, pero también una señal de lo que ocurre en la sierra: una guerra constante por el control territorial.

La Secretaría de Salud, a través del DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), intensificó las jornadas de vacunación contra el sarampión en comunidades remotas de la Sierra Tarahumara, donde se aplicaron mil 251 dosis a población durante las últimas horas.

Además, por medio de NutriChihuahua se otorgaron mil 300 apoyos de paquetes alimenticios por parte de personal de distintas dependencias, se infiormó a través de un comunicado de prensa.

Edgar Marín, recaudador de Rentas en el municipio de Guadalupe y Calvo, declaró que gracias al esfuerzo que encabeza la gobernadora Maru Campos, hoy se logran acercar servicios de salud, vacunación y apoyos alimenticios a las familias de la zona serrana.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas dio a conocer que la coordinación logística con autoridades municipales y personal de salud ha sido fundamental para acceder a las regiones de más difícil acceso por sus condiciones geográficas.

A través del comunicado, la dependencia reiteró la invitación a la comunidad para que acuda a las jornadas de vacunación que continuarán en diferentes puntos de la región serrana, con el objetivo de garantizar la protección de la salud de las familias.

Pese a los hechos violentos registrados recientemente en distintos puntos de la sierra de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente no ha recibido nuevas denuncias por desplazamiento forzado derivado del avance de grupos delictivos.

Así lo dio a conocer Silvia González Gutiérrez, titular de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quien informó que hasta el momento se da puntual seguimiento a 12 denuncias relacionadas con hechos delictivos ocurridos en los municipios de Uruachi y Urique, en el suroeste del estado.

De acuerdo con los reportes oficiales, las personas afectadas —y sus familias— se vieron obligadas a abandonar su entorno debido a la presencia de células del crimen organizado.

La FGE, a través de la Agencia Estatal de Investigación, mantiene operativos en coordinación con las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOII) en el municipio de Moris, donde se reportaron hechos violentos en días recientes.

González Gutiérrez indicó que personal de la Policía Ministerial participa en las acciones de prevención y disuasión del delito, con el objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en las comunidades serranas.

También señaló que se están realizando entrevistas mediante un cuestionario único, con el fin de determinar con precisión el número de personas desplazadas.

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