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Ante el inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alertó a madres, padres y cuidadores sobre los riesgos de publicar imágenes del regreso o el nuevo ingreso a clases de niñas, niños y adolescentes en redes sociales.

Esa práctica, conocida como “sharenting”, se refiere la acción de compartir contenido de menores de edad por parte de sus tutores, lo que expone sus datos personales y compromete su seguridad, indicó la SSPE.

Aunque puede parecer inofensivo, construir una identidad digital sin consentimiento también vulnera el derecho a la privacidad, añade la SSPE.

De acuerdo con reportes de la Policía Cibernética, es común que padres de familia compartan fotografías de menores de edad frente a las escuelas, con uniformes, mochilas o identificadores visibles.

Para evitar riesgos, la SSPE recomienda:

-Configurar la privacidad de las redes sociales

-Evitar mostrar nombres, escuelas, horarios o ubicaciones

-⁠No crear perfiles en línea para niñas y niños

-Usar herramientas como desenfoques, filtros o stickers si se decide compartir las imágenes

-Dialogar con los menores sobre el uso seguro de Internet

La SSPE exhortó también a no publicar información que pueda revelar rutinas familiares o puntos de tránsito escolar.

Lo emotivo no siempre debe ser público: proteger su identidad también es parte de su educación, afirmó la SSPE.

Ante cualquier duda o sospecha de ciberacoso, páginas falsas o actividad inusual, comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética al 614-429-3300 extensión 10955, número directo 614-429-7315, WhatsApp 656-280-9562 o al correo ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx., se indicó.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, acaba de diseñar un plan especial de estímulos económicos para el personal penitenciario, encaminado a que haya mejoras salariales y beneficios adicionales para los custodios de los centros penitenciarios.

La medida se anunció luego de que, el jueves pasado, cientos de custodios de todo el estado detuvieran sus labores y comenzarán una protesta en distintos municipios del estado, exigiendo condiciones más dignas para ejercer su trabajo.

Entre las quejas principales, se indicó que carecen de un aumento, prometido desde el pasado 8 de mayo, así como la falta de atención médica de calidad y resolver diversas problemáticas que sufren aquellos interesados en su jubilación.

Tras algunas horas de protesta, los agentes mencionaron que únicamente pararían la protesta en caso de que se entablaran mesas de diálogo entre los manifestantes y representantes de la SSPE y la Secretaría de Hacienda.

Aunque únicamente se informó que los detalles de dicho plan serían anunciados próximamente, se indicó que el objetivo es dignificar el trabajo que realizan los elementos dentro de las prisiones del estado.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha impulsado una serie de acciones integrales orientadas a dignificar las condiciones laborales del personal operativo, reconociendo su labor como uno de los pilares fundamentales para la gobernabilidad y la reinserción social”, menciona parte del comunicado.

Se agregó que, en los 30 meses que la SSPE lleva al frente del Sistema Penitenciario estatal, se han invertido más de 20 millones de pesos dirigidos para el equipamiento del personal que labora en las prisiones.

Además, se indicó que se trabaja en la homologación del salario entre los agentes de la Policía Estatal y los custodios de los centros de reinserción, quienes en su mayoría comparten el mismo salario.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó que, en lo que va del actual gobierno, han sido detenidas 15 mil 662 personas por distintos delitos en Chihuahua. Sin embargo, la cifra oficial de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad es de apenas 9 mil 400, lo que deja una diferencia de más de 6 mil individuos que no permanecen bajo custodia.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, fue quien dio a conocer ambos datos en una presentación sobre los logros de su dependencia.

Al ser cuestionados sobre esta disparidad, dos funcionarios ofrecieron explicaciones que, si bien no se contradicen directamente, sí reflejan posturas distintas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y penitenciario en el estado.

Por un lado, el subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre, defendió la cifra argumentando que el objetivo del sistema penitenciario no es castigar, sino reinsertar en la sociedad a las personas que han tenido conflictos con la ley:

“La finalidad del sistema penitenciario no es la reclusión de las personas, sino su reinserción. En estos cuatro años también ha habido personas que terminan sus procesos o que, mediante los programas establecidos, pueden reinsertarse anticipadamente en la sociedad”, dijo.

Aguirre señaló que al inicio de la administración había cerca de 7 mil personas en prisión, mientras que actualmente son alrededor de 10 mil, lo cual atribuyó a una mayor cobertura en los programas de reinserción laboral y educativa, que antes estaban ausentes para nueve de cada diez internos.

En contraste, el director del Sistema Penitenciario Estatal, general retirado Ricardo Fernández Acosta, ofreció una visión más crítica del flujo de internos, subrayando que “una gran parte de las personas detenidas ni siquiera cuenta con una sentencia firme”, o no ha sido judicializada.

“Tenemos mucha gente que entra y sale muy fácilmente. Algunos no sabemos si ya están judicializados. Hay personas que están dos o tres días y se van. Eso ya está fuera de nuestra responsabilidad, es asunto de los jueces”, explicó el general.

Las cifras y declaraciones formaron parte del informe presentado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, acerca de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública en los 47 meses de la actual administración.

Guadalupe y Calvo se derrumba. El municipio enclavado en la sierra de Chihuahua vive bajo asedio del crimen organizado: asesinatos, desplazamientos forzados y pueblos vacíos dan cuenta del colapso de la vida comunitaria. El Estado, mientras tanto, reacciona tarde y mal.

Este martes 22 de julio, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó una mesa de seguridad en la cabecera municipal. Junto a ella estuvieron el fiscal César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, mandos militares y de la Guardia Nacional.

Las cifras oficiales retratan la emergencia: desde 2021, al menos 210 homicidios relacionados con la disputa entre el Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea, brazo armado del extinto Cártel de Juárez. Solo en 2024 se han registrado 151 asesinatos, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior.

Entre el plomo y el miedo

Los enfrentamientos se han vuelto cotidianos. Cuerpos colgados con narcomensajes, ataques con drones explosivos y emboscadas al Ejército —como la ocurrida en diciembre en la comunidad de El Pinito— son parte de la rutina del terror.

“Ya no se puede vivir ahí. O te vas, o te matan”, declaró un desplazado que dejó Dolores, una de las comunidades ahora vacías. También han sido abandonadas San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas y San Ignacio de los Sotelo.

Según medios regionales y organizaciones civiles, más de 500 personas han huido desde 2023; la mitad son menores de edad. Se refugian en Parral, Guachochi, la ciudad de Chihuahua o incluso en otros estados como Sinaloa y Sonora. Nadie los escolta. Nadie los acompaña. Nadie los protege.

Abandono institucional, fe silenciada

Sin luz, sin policías, sin señal de celular, la vida en Guadalupe y Calvo se reduce al encierro. El miedo es el único servicio constante. La autoridad municipal está rebasada o simplemente ausente.

“No hay nadie que ayude”, contó otro desplazado a medios locales.

La Iglesia también ha tenido que replegarse. En Dolores, el sacerdote Lorenzo Antonio Medina fue herido en un ataque. Desde entonces, se suspendieron misas y actividades religiosas en varias comunidades.

“El miedo nos dejó sin clases, sin celebraciones, sin confianza”, reportó un medio local desde la zona.

Autoridades niegan el colapso

A pesar del panorama, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, insistió en que el Estado no está rebasado. Aseguró que los homicidios han bajado 46 % respecto a la administración anterior y afirmó que “continuamos con números a la baja”.

Este martes, tras la reunión, las autoridades prometieron reforzar la presencia militar y de la Guardia Nacional, y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero mientras los funcionarios emiten comunicados, en el municipio reina el vacío.

Más de 150 hombres armados tomaron recientemente la cabecera municipal. Nadie los detuvo. Nadie respondió a tiempo.

Guadalupe y Calvo colapsa. La violencia avanza. El Estado, otra vez, llega después.

Datos clave:

210 asesinatos (2021-2024)

Disputa entre Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea

151 homicidios en 2024

+ 20 % respecto al año anterior

+500 desplazados desde 2023

La mitad son niños y niñas

Comunidades abandonadas: Dolores, San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas, San Ignacio de los Sotelo

Hechos recientes

Emboscada al Ejército en El Pinito

Drones con explosivos

Sacerdote herido, misas suspendidas

150 sicarios tomaron la cabecera municipal en julio