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torre centinela

El Instituto Estatal Electoral (IEE) resolverá este jueves 11 de diciembre la procedencia o no de la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario de Morena para someter, ya sea a plebiscito o a consulta pública la construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, cuyo costo ha sido estimado en más de 600 millones de pesos.

El consejero del IEE, Víctor Yuri Zapata Leos, informó a Norte Digital que, entre los factores a determinar, además de la procedencia misma, está la de aplicar la consulta en todo el estado o solo en el municipio de Juárez, donde sería construido el inmueble que es motivo de la impugnación.

Además, se determinará si procedería para una consulta pública o para un plebiscito en los términos que marca la Ley de Participación Ciudadana vigente en la entidad.

En el primer caso, no sería vinculante, sino únicamente un elemento de orientación para la autoridad administrativa que ejecutará la obra.

De resolver por el plebiscito, la autoridad sí quedaría obligada a acatarlo, pero este procedimiento deberá cumplir una serie de factores, tanto para que se celebre como para que se declare válido.

El consejero expuso que, entre los requisitos, está el que al menos un ciudadano o ciudadana haga la solicitud, y en este caso, es toda la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado.

A lo anterior, se debe referir el acto administrativo que se somete a consulta y, si ha lugar a la petición, reunir los apoyos que requiera la ley.

En ese sentido, señaló que, de ser de alcance municipal, los promovientes deberán reunir firmas de apoyo equivalentes al 0.5 por ciento, por lo menos, del Padrón Electoral del municipio del que se trate.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el municipio de Juárez tiene un millón 193 mil 531 ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, mientras que en el padrón del estado hay 2 millones 976 ml 497.

Por improcedente y carente de viabilidad jurídica, el Instituto Estatal Electoral rechazará la petición que formuló el Grupo Parlamentario de Morena, de someter a consulta popular y/o plebiscito al proyecto Torre Centinela.

Mario Vázquez Robles, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Estado, afirmó que un proyecto de seguridad pública, como es la mencionada edificación, no entra en el encuadre de una consulta popular.

“Me parece lamentable que Morena no haga y tampoco deje hacer”, dijo el líder de la bancada panista.

El Grupo Parlamentario de Morena solicitó al IEE celebrar una consulta ciudadana para que sea la población de Ciudad Juárez la que decida si se construye esa torre, o los 900 millones de pesos de su costo se destinen a otros proyectos de obra pública.

Al abordar el tema, Vázquez Robles defendió no solo la construcción de la torre, que estará ubicada en Ciudad Juárez, sino todo el proyecto Plataforma Escudo Chihuahua, cuyo costo superará los 4 mil millones de pesos.

Los diputados de Morena, afirmó el legislador, “han sido poco hábiles para traer recursos a Chihuahua”.

Aseguró que el Gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, “ha abandonado a Chihuahua, y no solamente eso, ahora pretenden atacar un esfuerzo que hace el Gobierno Estatal”.

El modelo de seguridad pública “Escudo Chihuahua” ya se probó en la capital del estado durante la gestión de Maru Campos como alcaldesa, con gran éxito, aseguró.

“Todos los gobiernos de todos los ámbitos estatales, federal y municipales, han fracasado en el tema de seguridad, con excepción de Chihuahua, con Maru Campos a la cabeza”, agregó.

De la aseveración del grupo morenista, en el sentido de que el citado proyecto de seguridad pública servirá para espiar a los ciudadanos y violar sus datos personales, Vázquez Robles negó que eso vaya a ocurrir.

“Llevamos tres años instrumentando –­la Plataforma Escudo– y se ajusta a los lineamientos y a las leyes en la materia”, dijo.

“No hay ningún riesgo de que la plataforma afecte los datos personales, la imagen de los ciudadanos, porque se trabaja conforme a las leyes vigentes”, concluyó.

Los 900 millones de pesos que proyectó el Gobierno del Estado para la construcción de la Torre Centinela quedaron en firme, luego de que la Diputación Permanente desechara una propuesta de canalizar esos recursos al transporte público de Juárez.

El diputado Oscar Castrejón Rivas (Morena) presentó al Legislativo permanente el proyecto de reformar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2023 para destinar que los 900 millones de pesos programados para la construcción de la Torre Centinela se apliquen en transporte.

La propuesta del diputado morenista consistía en usar ese dinero en la compra de 350 unidades de transporte colectivo para incrementar el servicio de las rutas alimentadoras, con 175 unidades para Ciudad Chihuahua y 175 para Ciudad Juárez.

“El servicio de transporte público, sobre todo las rutas alimentadoras tanto en Ciudad Chihuahua como en Juárez, es pésimo” expuso el diputado

Muchas de las unidades de transporte público de ambas ciudades se encuentran en malas, descuidadas y sucias condiciones y son insalubres, añadió Castrejón.

Dijo además que, con esas condiciones de servicio, no se justifica incrementar la tarifa, de 7 a 9 pesos.

Por mayoría de votos, la Permanente desecho dicha propuesta, por considerar que la partida destinada a la Torre Centinela ya quedó aprobada en el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el 2023.

La diputada Karla Rivas, del PAN, dijo que el proyecto del diputado Castrejón no estaba apoyado en un estudio de movilidad urbana de cada una de las ciudades.

A su vez, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, elogió la iniciativa de su compañero de grupo parlamentario, pero consideró que el presupuesto ya está aprobado y próximo a entrar en vigor.

Para los diputados locales de Morena el proyecto de la plataforma centinela tiene aristas más preocupantes que la millonaria inversión que se hará para su construcción.

En conferencia de prensa realizada este día en Ciudad Juárez Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Gustavo de la Rosa Hickerson, y Benjamín Carrera Chávez, indicaron que todo el aparato que será manejado por el Gobierno del Estado servirá también para espiar a la comunidad.

Dijeron que esa es una de las preocupaciones que los llevó a solicitar dos ejercicios ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral (INE): una consulta pública y un plebiscito, decisión que debe quedar a mediados de enero.

“Un grupo de ciudadanos, en conjunto con un grupo de diputados del Congreso local determinamos hacer el ejercicio de dos figuras de participación ciudadana, una es el plebiscito y otra es la consulta”, explicó Estrada Sotelo.

Básicamente porque consideran que la inversión de 4 mil 200 millones de pesos que pretende hacer el Gobierno del Estado en la torre y plataforma es un gasto exagerado y no fue consultado con otros entes.

Además, la inversión para obra pública en el estado es poco menos de la mitad de esa cantidad, apenas 2 mil millones de pesos, por lo que debe ser consultado a la ciudadanía y el resultado vinculante.

“La Torre Centinela es para vigilar a la ciudadanía… utilizarán grandes drones a gran altura que no van a estar vigilando a la policía, van a estar vigilando a los ciudadanos”, mencionó sobre el tema De la Rosa Hickerson.

Aseguró que a través de ese sistema el gobierno vigilará los automóviles de las personas, incluso el patio de las casas, por lo que el único espacio que quedará sin supervisión será el interior de las viviendas.

Si los funcionarios tienen interés por alguna persona o grupo, la vigilarán para ver con quien tiene relación.

En el acto participaron también ciudadanos, Verónica Meléndez es una de ellas y declaró que estaba en representación y voz de la ciudadanía organizada.

Añadió que a través del plebiscito se está pidiendo ser tomados en cuenta y que espera que el INE tenga a bien llevar a cabo el procedimiento con la imparcialidad que debe caracterizar a esta institución.

Estrada Sotelo explicó que el ejercicio de consulta pública es sólo indicativo y su resultado no es vinculante ni obliga a las autoridades a tomar la decisión que el pueblo emita.

El plebiscito es una figura vinculante, una vez cumplidos sus requisitos y terminado el proceso sí obliga al gobierno a instrumentar el resultado que arrojó la ciudadanía en ese proceso, añadió.

Ambas figuras implican que el órgano electoral a más tardar a mediados de enero a determina si admite las solicitudes, en el caso del plebiscito tendría que dar 90 días a los promoventes para recabar un apoyo ciudadano de 14 mil 500 firmas.

Mencionó que, una vez alcanzado esa meta, el INE tendría que fijar una fecha para el ejercicio, en el que tendrían que participar 400 mil personas.

Si el instituto se negase a realizar el plebiscito, que es una posibilidad, queda la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Regional del Tribunal de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral.

“Desde ahorita decimos que agotaremos (esas instancias), pero esperamos que el INE realice una aplicación al principio por persona porque está obligado a ello conforme al Cuarto Constitucional del Estado”, dijo.

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