violencia

Chihuahua cerró noviembre con 112 homicidios, ubicándose en el segundo lugar nacional en incidencia de ese delito, solo por debajo de Guanajuato, que registró 159 casos.

Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), disponible en los reportes diarios publicados en su portal web, indica que Chihuahua y otros seis estados concentran más del 50 por ciento de los asesinatos registrados a nivel nacional.

El domingo 30 de noviembre fue el día más violento del mes para la entidad, con nueve homicidios, la cifra más alta registrada en el país durante esa fecha.

Al cierre del penúltimo mes del año, Chihuahua suma 1,379 homicidios, cantidad inferior a la registrada en el mismo período del año pasado, cuando se contabilizaban 1,558. Esto representa una disminución del 11.4 por ciento.

La baja en la incidencia se reflejó de manera particular en Ciudad Juárez, donde noviembre de 2025 quedó registrado como el mes con menos homicidios en casi ocho años. La ciudad cerró con 48 víctimas, mientras que octubre reportó 60 y septiembre 91.

A nivel estatal, la jornada más violenta del mes fue el sábado 15, con 13 homicidios, día en que ocurrió la masacre en el carril de carreras de caballos en Hidalgo del Parral, con un saldo de siete personas asesinadas.

El domingo 30 se ubicó en segundo sitio, con nueve homicidios, cuatro de ellos en la capital y los demás en Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Aquiles Serdán y Namiquipa.

El 2 y el 4 de noviembre registraron siete homicidios cada uno; el 5 y el 26, tres casos.
El único día sin homicidios fue el miércoles 12, que cerró en cero víctimas.

Numeralia
112 homicidios en noviembre — 2º lugar nacional
1,379 asesinatos en el año
11.4% de disminución anual
48 homicidios en Juárez, el mes más bajo en 8 años
13 asesinatos el 15 de noviembre, la peor jornada

El Gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional de 16 días de activismo para enfrentar la violencia contra las mujeres, una intervención que busca no solo visibilizar el problema, sino también modificar conductas, fortalecer instituciones y promover entornos seguros.

El plan fue presentado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y por autoridades de la Secretaría de las Mujeres, en el arranque de las actividades del 25N.

La estrategia descansa en tres ejes centrales. El primero es la sensibilización y difusión, con campañas masivas, distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, materiales educativos y jornadas informativas en escuelas, oficinas públicas y espacios comunitarios.

La intención es generar conciencia y reforzar el conocimiento de las rutas de apoyo disponibles, de modo que más mujeres identifiquen y denuncien situaciones de violencia.

El segundo eje apuesta por la activación comunitaria, con caminatas, rodadas, actividades culturales y recorridos de reconocimiento de riesgos en calles y colonias.

Habrá también acciones focalizadas para mujeres con discapacidad, así como encuentros recreativos y deportivos. Con ello se busca involucrar directamente a la ciudadanía y promover la recuperación del espacio público como lugar seguro para las mujeres.

El tercer eje corresponde al fortalecimiento institucional, con capacitaciones a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, talleres para docentes, mesas de trabajo con fiscalías y encuentros entre Centros de Justicia para las Mujeres.

Incluye también convenios con plataformas digitales para combatir la violencia en línea y garantizar movilidad segura para usuarias. El objetivo es profesionalizar la respuesta pública y establecer políticas de “tolerancia cero” frente a cualquier agresión.

La estrategia contempla una agenda intensiva del 26 de noviembre al 12 de diciembre, con actividades que incluyen cine-debates, conferencias, talleres de construcción de paz y mesas especializadas para abordar la violencia digital.

También se realizará un encuentro nacional con organizaciones de mujeres y jornadas de reflexión dirigidas a hombres para promover nuevas masculinidades.

El Gobierno federal plantea que estas acciones funcionarán como punto de partida para reforzar la política de prevención y atención a largo plazo.

No obstante, su impacto dependerá de su ejecución en los estados y municipios, y del seguimiento real a las instituciones involucradas.

El programa aspira a cambiar narrativas, reconstruir tejidos comunitarios y mejorar la capacidad del Estado para responder ante uno de los problemas más graves del país: la violencia contra las mujeres.

En el Foro Cultura de Paz y Legalidad, organizado por la Cámara de Diputados, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, aseguró que los delitos de alto impacto en Chihuahua van “a la baja”.

La declaración fue hecha ante legisladores federales, en momentos en que la entidad enfrenta episodios constantes de homicidios, desapariciones, ataques armados y tensión en diversas regiones.

Araiza reconoció que el estado vive un “escenario de violencia”, pero intentó matizarlo al asegurar que el índice de homicidios es “muy inferior” al registrado entre 2008 y 2014, cuando —dijo— se dieron los picos más altos de criminalidad.

“No ha desaparecido del todo la violencia, pero la incidencia delictiva está muy por debajo de lo que vivimos”, sostuvo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 20 de noviembre.

El fiscal evitó referirse a las críticas recientes sobre la efectividad de los operativos estatales, el desgaste de las corporaciones policiacas o los señalamientos de organizaciones civiles que denuncian impunidad y falta de resultados en investigaciones de homicidios y desapariciones.

En cambio, retomó argumentos de académicos que vinculan la criminalidad con la inequidad social y no con la pobreza, deslizando la responsabilidad hacia factores estructurales y a la sociedad misma.

Ante diputadas y diputados de distintos partidos, Araiza aseguró que la reducción de los delitos depende de dos condiciones: un Estado de Derecho fortalecido y una ciudadanía comprometida con denunciar.

“El tema de la seguridad es una carreta de dos ruedas: una es el gobierno y otra es la sociedad. Si no giran al mismo tiempo, la carreta va a dar círculos y no va a avanzar”, expresó, sin abordar las fallas institucionales que continuamente señalan colectivos y especialistas.

Sobre la cultura de la legalidad, insistió en que los gobiernos deben promover la cultura, el arte, la ciencia y la historia como herramientas para “empatizar” y “coexistir”, sin detallar estrategias concretas para contener la violencia en el corto plazo.

Como ejemplo de participación ciudadana, destacó al empresariado de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), donde los empresarios se autoimpusieron un impuesto para financiar proyectos de seguridad. Evitó, sin embargo, profundizar en cómo ese modelo convive —o choca— con las obligaciones del Estado en la materia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un propósito claro: frenar la violencia desde sus raíces y reconstruir la paz social en una de las entidades más afectadas por la inseguridad.

La mandataria explicó que el proyecto responde no sólo al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino a una necesidad urgente de restituir la confianza ciudadana y fortalecer la presencia institucional en los municipios con mayor incidencia delictiva.

“No se trata de politizar el dolor, sino de transformar las condiciones que lo provocan”, declaró Sheinbaum, al subrayar que la estrategia no se limitará a operativos de seguridad, sino que incluirá programas de bienestar y desarrollo comunitario.

El plan contempla cinco ejes de acción: seguridad y justicia, desarrollo económico, educación, cultura y deporte. Cada uno —dijo— busca romper el círculo de impunidad y abandono que ha permitido el avance del crimen organizado en la región.

El gobierno federal instalará una presencia permanente en Uruapan y zonas aledañas, con apoyo de los gabinetes de Seguridad y Bienestar, para atender directamente a las comunidades más afectadas.

Con esta medida, la administración federal pretende prevenir nuevas tragedias y devolver la esperanza a las familias michoacanas. “La justicia no puede llegar solo con más patrullas; debe llegar con oportunidades, educación y dignidad”, concluyó la presidenta.