La responsabilidad de dirigir al Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua recayó desde el pasado fin de semana en quien fungía como enlace del Programa Paisano en el estado, José Andrés Quevedo Ramírez, dio a conocer el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.
“Hay un encargado de despacho en este momento, es Andrés Quevedo, es una persona que tiene mucha experiencia en esto, él ha estado a cargo del Programa Paisano, le deseamos lo mejor en esta posición tan difícil, en este momento particularmente que estamos viviendo”, expresó el representante del Gobierno Federal.
Señaló que ese nombramiento fue hecho hace un par de días y que será la INM a nivel central, la Secretaría de Gobernación y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quienes definirán quien quedará al frente del instituto.
Desde Bienestar, agregó, se está al pendiente del albergue Leona Vicario, de los acuerdos hechos con la red de refugios, todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria y el compromiso con la Secretaría del Trabajo para sacar adelante esta situación.
También fijó una postura con relación a que la semana pasada hubo versiones públicas acerca de que él no había asistido a la Mesa para la Construcción de la Paz, donde se hizo la petición para se fijará postura del Gobierno de México por parte del Gobierno del Estado.
Aunque funcionarios estatales criticaron que Loera de la Rosa no se presentó, dijo que sí hay una representación de los Programas para el Desarrollo en la persona de Rafael Mata Márquez, quien atiende la coordinación todos los días de forma presencial o virtual.
Su inasistencia, argumentó, se generó la semana pasada debido a que fue intervenido quirúrgicamente.
Enfatizó que es una especie de “rudeza innecesaria” cómo la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, plantea su comparecencia para que explique la política migratoria en el país.
Mostró la Ley de Protección a Derecho de Migrantes, publicada en el Periódico Oficial del estado (POE) el 23 julio 2016, a finales del sexenio de César Duarte Jáquez, que en su Artículo 9 establece que los entes públicos, particularmente los ubicados en la zona fronteriza, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, brindarán atenciones, entre las que se encuentran las dirigidas a prestar ayuda humanitaria.
El inciso 10, continuó, indica que se debe proporcionar alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, de orientación social y, en su caso, servicio de transporte, es lo que está obligado también el Gobierno del Estado.
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