El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, afirmó que la tragedia ocurrida en una instalación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes, evidenció omisiones en la regulación de empresas de seguridad privada, particularmente cuando operan bajo autorización federal sin supervisión estatal.
En conferencia de prensa, el funcionario recordó que en ese caso, registrado en marzo de 2023, una empresa de seguridad privada que no contaba con registro estatal prestaba el servicio dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Se da un hecho muy lamentable en Ciudad Juárez, donde pierden la vida alrededor de 40 personas migrantes dentro de una instalación federal. Ahí se encontraba una empresa de seguridad privada que tenía un registro federal. Nosotros a esa empresa en dos ocasiones ya les habíamos hecho el requerimiento para que se regularan con nosotros”, señaló.
Agregó que tanto la empresa como la autoridad federal rechazaron someterse a la supervisión estatal.
“La misma autoridad federal, lo mismo que la empresa, se negaron a hacerlo y al poco tiempo pasó una desgracia”, afirmó.
Loya Chávez afirmó que la SSPE es la única entidad reguladora de las empresas de seguridad privada que operan en Chihuahua, incluso cuando cuenten con autorizaciones federales.
Indicó que la regulación implica verificar la capacitación del personal, antecedentes, certificaciones, uniformes y la existencia de pólizas de garantía para responder ante posibles daños a los usuarios.
“El único regulador dentro del estado es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Nosotros hemos tomado esto muy en serio”, subrayó.
Aumenta número de empresas reguladas
El secretario informó que en 2021 existían alrededor de 80 empresas de seguridad privada reguladas en el estado, cifra que generaba aproximadamente 4 millones de pesos en ingresos por concepto de permisos y supervisión.
Sin embargo, aseguró que durante la actual administración el número se ha incrementado a más de 230 empresas.
“De 80 en 2021 hemos pasado a regular a más de 230 empresas. Era una gran cantidad de empresas que estaban ejerciendo la función, pero que no estaban reguladas con la Secretaría de Seguridad Pública”, explicó.
Añadió que la supervisión estatal también incluye la revisión de pólizas de garantía para cubrir posibles omisiones en la prestación del servicio, así como la regulación de uniformes y la acreditación del personal.
El funcionario reconoció que aún existen compañías que prestan servicios en instalaciones federales sin someterse a la autorización estatal, lo que calificó como un tema delicado.
Indicó que la ley estatal establece que cualquier empresa de seguridad privada, incluso con permiso federal, debe contar con autorización local para operar en Chihuahua.
“Hay empresas que prestan el servicio en zonas federales”, advirtió, al insistir en la necesidad de que todas se regularicen para evitar omisiones como las señaladas en el caso del recinto migratorio.
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