La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno federal a actuar con debida diligencia para investigar y sancionar a responsables del incendio en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 40 personas migrantes y 20 más resultaron heridas.
“Al tratarse de un suceso en el que múltiples personas migrantes perdieron la vida, la CIDH urge al Estado aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes”, dijo la CIDH.
En un comunicado, el organismo dependiente de la OEA, destacó que toma nota de las acciones adoptadas por el gobierno federal, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias.
Destacó que las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores.
Agregó que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos, Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.
“Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”, indicó.
Sobre la persistencia de la práctica de la privación de libertad por razones migratorias en México, la CIDH advirtió que más allá de la forma en que se denomine a la detención, toda medida que impida a una persona migrante disponer libremente de su libertad ambulatoria constituye una detención. Por tanto, el Estado asume la posición de garante de derechos frente a las personas bajo su custodia.
Expresó que según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y sólo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo.
A la luz de dicho principio, abundó, la Comisión insta al Estado a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de personas migrantes en situación irregular en México.
“Es su obligación garantizar que las detenciones se ajusten a los principios citados, buscando la supresión de esa práctica y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad por razones estrictamente migratorias”, señaló.
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