Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pidió a los diputados federales “presionar” para que se apruebe la reforma que está atorada en la Cámara de Senadores para homologar la legislación en la materia a nivel nacional.
En reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, el funcionario adscrito a la Secretaría de Gobernación explicó que, 18 de las 32 entidades cuentan con legislación vigente en protección de defensoras de derechos humanos y/o de periodistas, mientras que 17 de las 32 entidades tienen mecanismo de protección de defensores de derechos y de periodistas.
“El problema es que esas legislaciones no se conectan con la ley federal, no está armonizado y aunque haya coordinación, jurídicamente no hay un espacio de diálogo para encontrar una asertividad; las resoluciones de la ley federal no aplica en los estados y viceversa, entonces, el problema está ahí, si el mecanismo no tiene herramientas para llegar a los estados, es difícil, yo creo que esto se puede subsanar con esta iniciativa que está en el Senado de la República”, dijo.
Adicionalmente, expuso, 20 entidades no cuentan con fiscalías especializadas. Irazoque Palazuelos reconoció que en lo que va del sexenio actual (de diciembre de 2018 a julio de 2023) se han registrado 58 homicidios de personas periodistas.
“Esto es producto de un contexto que deviene desde hace más de 16 años, basta con revisar las cifras, ya que solamente en los sexenios del presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ocurrieron más de 90 asesinatos. En esta administración van 58, dos en el año 2018, 14 en 2019, 17 en 2020, nueve en 2021, 13 en 2022 y tres en 2023”, explicó.
Puntualizó que 55% de los asesinatos en este sexenio, es decir, 32, ocurrieron en seis entidades: Sonora con nueve, Veracruz siete, Guerrero con siete, así como Estado de México, Michoacán y Oaxaca con tres cada una.
Detalló que sólo en los casos de los asesinatos a periodistas, en 2022 y 2023 se abrieron investigaciones, resultando 27 personas detenidas; 22 fueron vinculadas a proceso y se lograron cinco sentencias.
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