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Tras semanas de huida forzada por la violencia en la región serrana, decenas de familias de la comunidad de Atascaderos y poblados aledaños del municipio de Guadalupe y Calvo regresaron a sus hogares este martes bajo un fuerte operativo de seguridad estatal denominado “Retorno Seguro”.

Lo anterior, según fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en la que conformó saldo blanco, tras indicar que el traslado se realizó sin incidentes.

Las familias, que habían abandonado sus viviendas por amenazas y agresiones vinculadas al crimen organizado —incluyendo desplazamientos masivos que afectaron a alrededor de 200 personas en febrero—, fueron escoltadas en convoy desde puntos de resguardo temporal en ciudades como Chihuahua y Parral.

El operativo incluyó vigilancia terrestre y aérea, monitoreo por videovigilancia y coordinación entre múltiples dependencias: Fiscalía General del Estado, Secretaría General de Gobierno, DIF Estatal, Desarrollo Humano y Bien Común, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Consejo Estatal de Población y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Para el traslado se utilizaron camiones de pasajeros, vans y vehículos particulares, todos bajo resguardo policial, se informó.

El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, confirmó que la presencia de elementos policiales se mantendrá de forma permanente en Atascaderos y toda la zona serrana de Guadalupe y Calvo, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y evitar nuevos episodios de desplazamiento.

¿Qué pasó en Atascaderos?

Durante febrero de 2026, la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, vivió una ola de violencia extrema que obligó al desplazamiento forzado de cientos de habitantes, principalmente indígenas rarámuri, hacia ciudades como Hidalgo del Parral, Chihuahua capital y otras zonas seguras.

Los hechos se desencadenaron a partir de enfrentamientos prolongados entre facciones del crimen organizado —incluyendo grupos ligados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación— que disputan el control de la región serrana, parte del llamado “Triángulo Dorado”.

Las balaceras nocturnas, amenazas de reclutamiento forzado de jóvenes y ejecuciones brutales marcaron el mes.

Entre los incidentes clave:

• El 19 de febrero se reportaron asesinatos de un adolescente de 14 años y otro hombre en Atascaderos.
• El 25 de febrero, autoridades hallaron tres cadáveres con impactos de bala en el lugar conocido como Sangarro; uno de ellos decapitado y con la cabeza dentro de una maleta.
• Amenazas directas para que la población abandonara sus hogares o se uniera a los grupos armados, lo que generó pánico generalizado.

Las cifras de desplazados variaron según las fuentes:

• Inicialmente, el 25 de febrero, se reportaron al menos 80 personas huyendo hacia Parral, según la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE).
• Para el 26 de febrero, el Gobierno del Estado atendía a aproximadamente 200 personas en albergues temporales en Chihuahua y Parral.
• Reportes posteriores de organizaciones y medios elevaron la cifra a cerca de 500 personas (incluyendo familias enteras) en menos de una semana, muchas huyendo en camionetas y vehículos particulares tras resistir más de un mes de violencia.

El éxodo afectó especialmente a comunidades indígenas, con niños, adultos mayores y familias enteras dejando sus tierras por miedo a reclutamientos forzados y balaceras constantes.