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Mientras la ciudad de Chihuahua muestra avances claros en la percepción de seguridad, Ciudad Juárez sigue una ruta opuesta: el miedo a la delincuencia crece y amplía la brecha entre ambas urbes, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A nivel nacional, el 61.5 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad en marzo de 2026, una ligera mejoría frente al 63.8 por ciento reportado en diciembre del año pasado.

Sin embargo, el comportamiento en Chihuahua refleja contrastes marcados entre sus dos principales zonas urbanas.

En la ciudad de Chihuahua, la percepción de inseguridad bajó de 58.7 a 47.5 por ciento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, una reducción estadísticamente significativa que coloca a la capital por debajo del promedio nacional.

En contraste, Ciudad Juárez registró un aumento, al pasar de 67.6 a 69.1 por ciento en el mismo periodo, consolidándose como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país.

La tendencia es aún más clara al comparar con el año anterior: mientras Chihuahua capital se mantuvo prácticamente estable (de 49.2 a 47.5 por ciento), en Juárez el indicador subió de 58.0 a 69.1 por ciento, un incremento significativo.

Violencia percibida y entorno social

El reporte también revela que, a nivel nacional, los espacios donde la población se siente más insegura son los cajeros automáticos en la vía pública (70.6 por ciento), la calle (65.3 ) y el transporte público (64.1).

En cuanto a conductas delictivas o antisociales, los ciudadanos reportaron principalmente consumo de alcohol en la vía pública (57.7 por ciento), robos o asaltos (45.5) y presencia de drogas (39.3 ).

Otro dato relevante es que en la ciudad de Chihuahua disminuyó el porcentaje de personas que reportaron conflictos o enfrentamientos, al pasar de 37.2 a 26.9 por ciento, uno de los descensos más notorios del país.

En Ciudad Juárez, en cambio, este indicador se mantuvo prácticamente sin cambios, con 27.3 por ciento de la población reportando algún tipo de conflicto.

A pesar de la ligera mejora en algunos indicadores, la percepción social sigue siendo pesimista. El 30.1 por ciento de la población considera que la inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que el 27.1 por ciento cree que empeorará.

La encuesta también muestra una brecha en la confianza hacia las autoridades: mientras las Fuerzas Armadas mantienen altos niveles de percepción positiva —por encima del 80 por ciento—, la policía estatal (56.1 por ciento) y municipal (50.8 ) registran niveles considerablemente más bajos.

Los resultados de la ENSU confirman un escenario dual en Chihuahua: una capital que muestra avances en percepción de seguridad y una frontera que enfrenta un deterioro sostenido en la confianza ciudadana.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía explicó en la exposición de su metodología que la percepción de inseguridad se mide mediante encuestas aplicadas en 91 ciudades de interés.

La muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, en circunstancias aún no esclarecidas, podría tener implicaciones que van más allá del ámbito local. Para la especialista en temas internacionales Guadalupe Correa-Cabrera, el caso podría convertirse en un factor de presión para una mayor intervención de Estados Unidos en México.

En entrevista con Norte Digital, señaló que el contexto en el que ocurrió el hecho —con versiones no confirmadas sobre la presencia de agentes de agencias estadounidenses en territorio mexicano— coloca en el centro del debate el tema de la soberanía nacional.

Indicó que, hasta ahora, no existe una versión oficial definitiva, sino información basada en filtraciones, lo que ha generado contradicciones e incertidumbre.

En ese escenario, advirtió que la muerte de los agentes podría ser utilizada políticamente.

“A mí me preocupa porque no sabemos cuál va a ser el resultado de sus investigaciones… Yo creo que Donald Trump solamente necesitaba que esos cárteles atacaran a agentes estadounidenses para hacer algo”, afirmó.

Correa-Cabrera explicó que, de confirmarse la presencia de elementos de la CIA, DEA u otras agencias en México sin apego a los canales institucionales, se evidenciaría una dinámica de cooperación fuera de los mecanismos formales.

Asimismo, subrayó que, aunque se ha manejado la versión de un accidente, no puede descartarse otro tipo de móvil, debido a la falta de información clara por parte de las autoridades involucradas: el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal mexicano y el gobierno del estado de Chihuahua.

La especialista consideró que este tipo de hechos pueden escalar en el ámbito político, especialmente en un contexto donde la seguridad y el combate a los cárteles forman parte de la agenda bilateral.

Añadió que, históricamente, Estados Unidos ha influido en la política de seguridad en México, lo que ha generado una relación marcada por asimetrías.

“Estados Unidos siempre ha movido los hilos de la relación y México, por las asimetrías, ha tenido que acatar y también hacer suyas sus prioridades. Esa soberanía no existe; se sostiene solo en el papel”, sostuvo.

Finalmente, señaló que, además del combate al narcotráfico, en este tipo de episodios pueden intervenir intereses geopolíticos y de control territorial, que trascienden la narrativa oficial.

“Nos damos cuenta cuando alguien muere u ocurre un accidente… pero no sabemos realmente desde cuándo estaban ahí ni en qué condiciones operaban”, concluyó.

Como parte de un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, brindaron apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para la ejecución de una orden de cateo en Nuevo Casas Grandes.

El despliegue se llevó a cabo este jueves en el cruce de las calles 5 de Febrero y Manuel Ochoa, en la colonia Centro, con la participación de elementos del Ejército Mexicano.

La intervención se realizó en seguimiento a una investigación por la presunta venta de hidrocarburos sin los permisos correspondientes.

Aseguran equipo y vehículo

Durante el cateo, las autoridades aseguraron:

  • Dos tanques con gas licuado
  • Una máquina dispensadora
  • Documentación diversa
  • Un vehículo Nissan de la compañía “Supergas”

Dos hombres detenidos

En el lugar fueron detenidos Manuel O. Q. y Jesús Manuel E. V., ambos de 47 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Tanto los detenidos como lo asegurado serán parte de las investigaciones que continúan en curso para determinar responsabilidades.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado solicitó la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que informe y aclare los hechos relacionados con la presunta operación de agentes extranjeros en territorio estatal, así como la muerte de dos de ellos tras un operativo reciente.

El grupo morenista presentó este jueves un punto de acuerdo en voz de la diputada juarense Elizabeth Guzmán Argueta, quien sostuvo que lo ocurrido el fin de semana pasado en el municipio de Morelos no puede considerarse un hecho aislado, sino un asunto que pone en entredicho la soberanía nacional y la legalidad en el ejercicio del poder público.

“Nuestra legislación es clara: los estados no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros. La gobernadora no tiene facultades para realizar arreglos de este tipo”, expresó la legisladora al fijar la postura de su bancada.

Guzmán Argueta advirtió que permitir la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad podría constituir una violación a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 39, 40, 89 y 117, que regulan la soberanía y las competencias entre órdenes de gobierno.

Afirmó además que existen antecedentes que sugieren una práctica recurrente de colaboración internacional sin la intervención del gobierno federal.

Entre otros, mencionó el Memorándum de Entendimiento firmado en 2022 entre el Gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de cruce fronterizo, así como un acuerdo de cooperación hídrica con Israel en 2023, suscrito por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Asimismo, existen señalamientos de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre intercambio de información con agencias estadounidenses como DEA, FBI, HSI, CBP y ATF.

Según la legisladora, estos antecedentes evidencian una posible práctica de establecer acuerdos con actores internacionales al margen de la Federación.

La solicitud de comparecencia ocurre en medio de la controversia generada por reportes periodísticos que documentan la participación de presuntos agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, así como el fallecimiento de dos de ellos en un accidente posterior.

Morena planteó que el Congreso local debe esclarecer si existió algún tipo de acuerdo, autorización o coordinación formal entre autoridades estatales y agencias extranjeras.

La propuesta será discutida en el Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la comparecencia de la titular del Ejecutivo estatal.

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