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El Chiquilín de la Patrulla Espiritual “capturó” a sus famosos tazos dorados —Adrián Marcelo, La Mole y compañía— para una terapia colectiva de humor negro contra los eternos traumas de la Selección Mexicana.

No es un caso de la vida real, sino que se trata de un video publicitario de la casa de apuestas Team México en el que muestra al grupo de influencers recordando con drama puro las eliminaciones dolorosas, el “quinto partido” que nunca llega y todas las decepciones que el Tri nos ha regalado durante décadas.

La sesión de terapia grupal, moderada por el líder de la Patrulla Espiritual, se pone tan intensa que uno de ellos termina llorando de verdad frente a la cámara.

En ese preciso momento llegan los refuerzos de lujo: la leyenda del boxeo Julio César Chávez y el exgoleador del Tri Oribe Peralta, quienes levantan el ánimo con su presencia y sueltan un grito de guerra.

El spot, lleno de sarcasmo, busca convertir la frustración clásica del aficionado mexicano en una actitud más positiva y “ganadora”.

El video explotó en redes sociales, especialmente en Instagram, TikTok y X, donde los usuarios no paran de compartir el momento del llanto y los memes.

Muchos destacan la química entre el estilo ácido de Adrián Marcelo y La Mole, la energía del Chiquilín y la seriedad icónica de Julio César Chávez y la esperanza en el fut que dejó Oribe Peralta.

Ahora en muchos de los comentarios en redes sociales donde se difunde el spot, apuntan hacia el Chikilín, a quien le piden que les aplique el lucas 14: 23, al par de comediantes regios Adrián Marcelo y La Mole.

Lucas 14:23 es el versículo biblico que cita el líder de la Patrulla Espirital, justo antes de becar a los tazos dorados, como les llama a personas con problemas de adicción, antes de ingresarlos al centro de rehabilitación que maneja.

@elderosarito661 Salió bueno pa la pantalla el padrino chiquilin. #PatrullaEspiritual #mexico🇲🇽 #adrianmarcelo #lamole #mundial2026🇲🇽🇺🇸🇨🇦 @RAMBO PATRULLA ESPIRITUAL @Padrino Alexis @Patrullaespiritualoficial2 ♬ sonido original – Raymundo408

La llamada “visa Guadalupe”, que el actor y activista Eduardo Verástegui busca presentar al presidente Donald Trump, es por ahora una propuesta general de esquema migratorio laboral, sin reglas definidas ni respaldo oficial.

De acuerdo con lo adelantado por el propio Verástegui, la iniciativa plantea la creación de una visa de trabajo temporal dirigida a mexicanos, con el objetivo de ordenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos y ofrecer una alternativa legal al cruce irregular.

El planteamiento también apunta a cubrir necesidades del mercado laboral estadounidense en sectores donde existe demanda de mano de obra, además de abrir la posibilidad —según el enfoque inicial— de beneficiar a personas que ya se encuentran en ese país.

El actor ha señalado que la propuesta tendría un enfoque “humanitario” y con valores culturales, de ahí el nombre “Guadalupe”, en referencia simbólica a México.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre requisitos, duración, costos o mecanismos de implementación, ni existe confirmación oficial de que el gobierno estadounidense esté evaluando esta iniciativa.

Por ahora, la “visa Guadalupe” se mantiene como una propuesta en el terreno político, cuya viabilidad dependerá de que sea retomada dentro de la agenda migratoria de Estados Unidos.

Chihuahua— Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a tres personas por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, al oponerse a una diligencia ministerial relacionada con denuncias de fraudes contra adultos mayores en trámites de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La detención ocurrió este miércoles 1 de abril en un domicilio ubicado en la calle 11, número 4400, esquina con Ponce de León, colonia Pablo Amaya.

Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro acudieron al lugar para recabar información e individualizar a posibles responsables. Sin embargo, al intentar dialogar con las personas que se encontraban en el inmueble, estas mostraron un comportamiento intransigente y agresivo, negándose a identificarse.

Los detenidos fueron identificados como Azucena R. G., Martín de Jesús H. C. y Cristina Isabel M. L. Tras la lectura de sus derechos, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al que calificó como “tendencioso” y “sesgado”, al considerar que no refleja la realidad del país ni los avances institucionales en la materia.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración federal sostuvo que el documento no tomó en cuenta “las observaciones, análisis y actualizaciones” presentadas por el propio gobierno mexicano.

El posicionamiento ocurre en un contexto en el que México permanece bajo escrutinio internacional debido a la magnitud del fenómeno de desapariciones, considerado uno de los más graves a nivel mundial.

El Comité de la ONU activó mecanismos de seguimiento ante lo que considera indicios de un problema amplio y persistente en el país, lo que coloca a México bajo una revisión internacional reforzada.

De acuerdo con distintos reportes, el número de personas desaparecidas en México supera las 130 mil, una cifra que ha sido señalada de forma reiterada por organismos internacionales y colectivos de víctimas.

El informe del Comité advierte sobre la gravedad del problema y la persistencia de factores como la impunidad, las fallas en las investigaciones y la falta de resultados en la localización de personas.

Organismos internacionales han señalado que en México existe un contexto donde muchos casos no avanzan en las fiscalías, lo que contribuye a la continuidad del fenómeno, además de una crisis forense que dificulta la identificación de restos.

Frente a estos señalamientos, el Gobierno mexicano ha rechazado que exista una política de desaparición forzada desde el Estado y ha atribuido la mayoría de los casos a la acción de grupos del crimen organizado.

También ha defendido que en los últimos años se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, así como los mecanismos de coordinación con colectivos de familiares.

En paralelo, la administración federal ha impulsado una revisión de las cifras de personas desaparecidas, al señalar inconsistencias en los registros, lo que ha abierto un debate público sobre la dimensión real del problema.

Colectivos de familias han advertido que la discusión no puede centrarse únicamente en los números, sino en la falta de resultados en las investigaciones y en la localización de personas.

Para el Estado, se trata de un problema complejo que está siendo atendido. Para organismos internacionales y colectivos, la deuda sigue siendo estructural.