Norte De Chihuahua

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Komatipoort, Sudáfrica. – La policía de Sudáfrica recuperó restos humanos, entre ellos partes de extremidades, costillas y un anillo, del interior de un cocodrilo de aproximadamente 4,5 metros y 500 kg, en el marco de la búsqueda de Gabriel Batista, un empresario de 59 años.

Batista desapareció el pasado 27 de abril al intentar cruzar un puente bajo inundado sobre el río Komati, cerca de Komatipoort, en la provincia de Mpumalanga, junto al Parque Nacional Kruger.

Su camioneta Ford Ranger fue arrastrada por la fuerte corriente.

Tras varios días de intensa búsqueda con drones y helicópteros, las autoridades identificaron a un gran cocodrilo que mostraba un comportamiento inusual y parecía haber comido recientemente.

Con autorización oficial, el reptil fue abatido y un buzo policial fue descendido desde un helicóptero para asegurar el cadáver, que posteriormente fue trasladado para su examen.

En el interior del animal se encontraron restos humanos que coinciden con las características de Batista, así como seis pares de zapatos adicionales.

Las pruebas de ADN están en curso para confirmar la identidad de los restos. No está claro si Batista falleció ahogado antes de ser atacado por el cocodrilo.

Batista era propietario del Border Country Inn, un hotel y bar ubicado a poca distancia del puente frecuentemente inundado. La operación ha sido descrita por las autoridades como “altamente peligrosa y compleja”.

Este caso pone de relieve los riesgos que representan los cruces de ríos en zonas propensas a inundaciones en regiones con alta presencia de cocodrilos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existió alguna violación a la ley en el caso de la presunta operación de agentes de la CIA en Chihuahua, y aseguró que dicha instancia ya realiza las investigaciones correspondientes.

Durante su conferencia “Mañanera” de este lunes 4 de mayo, la mandataria del país expuso que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sobre el marco legal aplicable en este tipo de situaciones, particularmente lo que establece la Constitución respecto a la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.

“El secretario de Seguridad le informó lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La gobernadora de Chihuahua no le dio información adicional a lo que se conoce públicamente”, señaló.

Sheinbaum subrayó que será la FGR la encargada de esclarecer si hubo alguna irregularidad en la actuación de los agentes extranjeros. “¿A quién le corresponde la investigación de si hubo alguna violación? A la Fiscalía General de la República. Y lo que hemos dicho es que ya está investigando”, puntualizó.

El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos sobre la posible participación de agentes estadounidenses en operativos en Chihuahua, lo que ha generado debate sobre los límites legales de la cooperación internacional en materia de seguridad.

Hasta el momento, solo el Gobierno del Estado ha dado a conocer avances sobre las investigaciones en torno a la participación de agentes extranjeros —presuntamente, de la CIA— en el hallazgo de un narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos.

Según el informe dado a conocer por la fiscal asignada al caso, Wendy Chávez, solo el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, sabía de la presencia de los cuatro elementos de una agencia extranjera en el operativo.

Cabe mencionar que Oseguera Cervantes fue una de las personas que falleció en el accidente donde perecieron cuatro personas, incluidos dos agentes extranjeros.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, formalizó un convenio de coordinación con el Estado de Chihuahua para la asignación de subsidios destinados a fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

Mediante ese acuerdo, ambas instancias destinarán 11 millones 293 mil pesos a la búsqueda de personas. De esa suma, 9 millones 793 mil pesos los aportará el Gobierno Federal y un millón 500 mil la administración estatal.

El acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, establece que los recursos serán canalizados mediante la Comisión Local de Búsqueda, con el objetivo de reforzar capacidades operativas, técnicas y humanas en la localización de personas.

De acuerdo con el documento, los fondos federales deberán utilizarse exclusivamente en actividades relacionadas con la búsqueda, entre ellas operativos en campo, adquisición de equipo especializado, capacitación de personal, desarrollo de herramientas tecnológicas y acciones de identificación humana.

El convenio también fija obligaciones específicas para el Gobierno del Estado, entre ellas la ejecución transparente de los recursos, la entrega de informes periódicos sobre su uso y avance, así como el cumplimiento de metas previamente establecidas.

En materia de control, la Secretaría de Gobernación se reserva la facultad de supervisar y auditar la aplicación de los subsidios, con la posibilidad de suspender los recursos o exigir su reintegro en caso de irregularidades.

Asimismo, se establecen mecanismos de evaluación para medir la eficacia de las acciones implementadas, lo que podría influir en la asignación de apoyos futuros.

El documento subraya que el manejo indebido de los recursos podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales para los funcionarios involucrados.

Este convenio forma parte de la estrategia nacional para atender la problemática de desapariciones en el país, mediante la coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales, en un contexto donde Chihuahua continúa enfrentando retos significativos en la localización de personas.

El papa León XIV puso el foco en una forma de censura que no siempre se ve, pero sí se siente: la que opera de manera encubierta.

Durante un mensaje dirigido a periodistas, el pontífice advirtió que la libertad de prensa se viola con frecuencia sin necesidad de prohibiciones abiertas, a través de mecanismos más sutiles que terminan limitando lo que se informa.

No habló de cierres ni de persecuciones evidentes, sino de presiones silenciosas que condicionan el trabajo periodístico y erosionan el derecho de las sociedades a estar informadas.

En ese contexto, señaló que informar la verdad sigue teniendo costos, especialmente en entornos donde existen intereses que buscan influir o controlar el flujo de la información.

El Papa insistió en que el periodismo es una pieza clave para las democracias, pero advirtió que enfrenta riesgos constantes, muchos de ellos disfrazados de prácticas aparentemente normales.

Por ello, llamó a no normalizar estas formas de censura indirecta y a defender el ejercicio libre del periodismo como un derecho fundamental.

El mensaje se suma a otros posicionamientos recientes del pontífice, en los que ha insistido en la necesidad de una comunicación responsable, libre de manipulaciones y comprometida con la verdad.