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ISLA MUJERES, Quintana Roo.- Una patrulla costera de la Secretaría de Marina-Armada de México identificada como ARM Uxmal (P-335) colisionó la tarde de este jueves 18 de junio de 2026 contra un ferry de carga de la empresa Ultramar en el muelle de carga de Isla Mujeres.

De acuerdo con reportes preliminares y el comunicado de la propia Semar, la embarcación naval realizaba una maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval cuando, presuntamente por una falla en el sistema de embrague, perdió capacidad de frenado y control, impactando de frente contra el ferry Ultracarga que se encontraba atracado.

El percance, captado en video por testigos y trabajadores del muelle, muestra cómo la patrulla se acerca sin reducir la velocidad, mientras personas en tierra gritaban para alertar a la tripulación.

“¡Hey, qué haces cabrón!, ¡No, no mameees!”, se escucha gritar desesperadamente a la tripulación del ferry, segundos antes del choque.

El impacto provocó daños visibles: abolladuras y afectaciones en la proa de la patrulla Uxmal, así como un boquete en el casco del ferry de Ultramar, por encima de la línea de flotación.

No se reportaron personas lesionadas, ni entre la tripulación naval ni en el ferry.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y ya se realizan peritajes técnicos para determinar las causas exactas y cuantificar los daños materiales.

La Secretaría de Marina calificó el hecho como un “contacto no intencional” derivado de la falla mecánica y confirmó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

🚨🚨🚢

Choca patrulla de la Armada contra Ferry de Ultramar en Isla Mujeres

La embarcación ARM UXMAL se impactó cerca del área de operaciones de la empresa Ultracarga.

El video muestra como la embarcación se aproxima al muelle y al percatarse del inminente impacto, comienzan a… pic.twitter.com/NRnjj2xOkJ

— carolina rocha m (@carolina_rocha_) June 19, 2026

La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, rechazó las acusaciones de la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rosana Díaz Reyes, quien la señaló de haber votado a favor del endeudamiento aprobado por el Congreso del Estado en diciembre de 2025.

La legisladora juarense difundió el Informe de Registro de Votación de la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2025, documento en el que aparece con voto “En Contra” del dictamen de Fortalecimiento Financiero impulsado por el Gobierno estatal.

En el mismo reporte, Rosana Díaz Reyes figura con la anotación “No Votó”, al no encontrarse en el salón de sesiones al momento de la votación, según sostuvo Pérez Reyes.

“Miente Rosana Díaz como es su costumbre. Ayer me enteré que quiere hacer ver, a través de los medios de comunicación, que mi voto fue a favor del endeudamiento de Chihuahua por parte de la gobernadora”, declaró.

Pérez Reyes afirmó que el documento oficial desmiente la versión difundida por la legisladora del PVEM.

“Todos sabemos que la votación queda registrada en un reporte donde de manera clara se aprecia que mi voto fue en contra, contrario a lo que ella pretende hacer creer”, señaló.

La diputada sostuvo además que cualquier interpretación sobre lo ocurrido en aquella sesión debe partir del registro oficial emitido por el Congreso del Estado.

“También demuestra que la diputada no votó porque no estuvo en sala al momento de la votación”, agregó.

La legisladora morenista afirmó que su postura frente al endeudamiento fue congruente con la posición de su bancada y consideró que ahora corresponde a Rosana Díaz explicar el origen de la información que difundió públicamente.

“Ella tendrá que demostrar de dónde saca información que temerariamente se atrevió a difundir y que tendrá que responder en su momento ante los órganos competentes”, concluyó.

A seis meses de distancia, la diputada Rosana Díaz Reyes, exintegrante del grupo parlamentario de Morena, salió a exponer lo que pasó en aquella sesión del 16 de diciembre del 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó la contratación de un crédito por 3 mil millones de pesos mientras ella -y la también morenista, Edith Palma- estaban ausentes del recinto parlamentario.

En un comunicado, aseguró que su ahora excompañera de bancada, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, sí voto a favor de ese endeudamiento, el cual formó parte del Paquete Económico para el 2026, que finalmente se aprobó por mayoría calificada.

Afirmó además que todos esos hechos están “plenamente documentados en el acta correspondiente a la Sesión 135 del Congreso del Estado -celebrada el 16 de diciembre del año pasado- en la cual está asentado el sentido del voto de cada uno de los diputados presentes en recinto legislativo.

Entre ellos, destacó, se encuentra el voto a favor de la legisladora Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

“Cualquier ciudadano puede consultar los documentos oficiales. No existe ocultamiento posible cuando los registros públicos muestran con claridad quién votó y cómo votó. La verdad está escrita en los documentos que pertenecen al pueblo”, afirmó.

Díaz Reyes, al igual que la diputada Edith Palma, recibieron el reclamo tanto del resto de los miembros de la bancada de Morena por haberse ausentado de la sesión justo en el momento cuando se iba a votar la contratación del crédito y, además, la reestructuración de la deuda pública del Estado, que para entonces rondaba en los 55 mil millones de pesos.

Trascendió en aquel momento que ambas diputadas justificaron su ausencia porque habían ido al baño.

Tanto la dirigencia estatal del partido guinda, como el coordinador parlamentario, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, aseguraron que la ausencia de ambas le permitió al PAN y a sus aliados reunir las dos terceras partes de los votos posibles en la sesión.

Además de revirar el señalamiento en su contra, Díaz Reyes, quien ya no pertenece a la bancada de Morena, aunque sigue afiliada a ese partido, acusó a Estrada Sotelo de falsificar su firma para emprender una causa contra la entonces legisladora Adriana Terrazas.

TENANCINGO, Estado de México. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusó formalmente a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, de simular su propio secuestro con el fin de justificar la entrega de 40 millones de pesos del erario municipal y presuntamente cubrir un faltante en las cuentas públicas.

Según la investigación ministerial, el supuesto plagio ocurrió el 31 de mayo de 2026. Nápoles denunció haber sido interceptada por tres personas cerca de su domicilio, obligada a subir a otro vehículo y liberada horas después. La alcaldesa relató que sus captores exigieron un rescate millonario.

La FGJEM sostiene que todo fue un montaje planeado desde febrero por Nápoles, su esposo José Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”, junto con otras personas.

El objetivo habría sido obtener los recursos públicos para tapar un desfalco. La Fiscalía detectó inconsistencias en las versiones, videos y llamadas realizadas durante el supuesto secuestro.

Hasta el momento, se han detenido a tres personas vinculadas (Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”) en Oaxaca.

Se giraron órdenes de aprehensión contra el esposo y cuñado de la alcaldesa, quienes se encuentran evadidos. La audiencia de formulación de imputación contra Nancy Nápoles está programada para el 9 de julio.

¿Quién es Nancy Nápoles Pacheco?

Nápoles Pacheco es abogada, originaria de la comunidad de San Miguel Tecomatlán, en Tenancingo.

Fue diputada local por Morena (2018-2021), presidenta del Consejo Estatal del partido y asumió la alcaldía para el periodo 2025-2027.

A través de un video difundido en redes sociales, la alcaldesa rechazó las acusaciones, calificándolas de persecución política y manipulación.

Afirmó que detrás de la investigación hay intereses para desacreditarla y pidió que se realicen auditorías para esclarecer el manejo de los recursos municipales.

El caso ha generado gran atención mediática por la inusual modalidad de un supuesto “autosecuestro” para encubrir irregularidades financieras.

La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se presenten más detalles ante un juez.

La FGJEM señaló que el delito de simulación de secuestro podría ameritar sanciones que van hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, aunque el proceso penal determinará las responsabilidades finales.

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