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Julián LeBarón, rostro visible de una comunidad mexicoamericana asentada en el noreste de Chihuahua, que en los últimos 20 años ha sufrido los efectos de la violencia del crimen organizado, ha anunciado su intención de contender por la gubernatura del estado de Chihuahua en las elecciones del 2027, postulado por el partido de nueva creación Somos México.

En conferencia de prensa conjunta con la dirigencia del nuevo partido, LeBarón anunció  que buscará la candidatura al gobierno estatal pese a las amenazas que le orillaron a salir del país en fechas recientes.

El activista, cuya familia fue víctima de una masacre del Cártel de Juárez en 2019, confirmó su candidatura ciudadana este 15 de julio en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, junto al presidente nacional de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo.

El anuncio tuvo lugar el pasado 15 de julio durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde LeBarón apareció acompañado por el presidente nacional del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, para formalizar su intención de competir por el gobierno estatal.

LeBarón aseguró que participará en la contienda pese a las amenazas de seguridad que, según ha denunciado públicamente, lo obligaron a salir temporalmente del país en fechas recientes.

Con su incorporación, el escenario político rumbo a la sucesión estatal suma un nuevo actor en una contienda que ya se perfila competida, con Morena, el PAN, el PRI, el PVEM y el PT inmersos en sus propios procesos internos para definir candidaturas.

Activista contra la violencia

Julián LeBarón se convirtió en una figura de alcance nacional tras el asesinato de su hermano Benjamín LeBarón, ocurrido en 2009, crimen atribuido a grupos del crimen organizado después de que la familia denunciara secuestros y extorsiones en la región de Galeana.

Su activismo cobró aún mayor relevancia en noviembre de 2019, cuando tres mujeres y seis menores de edad de las familias LeBarón, Langford y Miller fueron asesinados en una emboscada ocurrida entre los límites de Sonora y Chihuahua. La masacre generó condena internacional y motivó exigencias de justicia tanto al gobierno mexicano como al estadounidense.

Desde entonces, LeBarón ha mantenido una participación constante en movimientos ciudadanos que reclaman mayor seguridad, combate a la impunidad y atención a las víctimas de la violencia.

Nuevo partido busca posicionarse

Somos México, instituto político de reciente creación, busca consolidarse como una opción ciudadana de cara a las elecciones intermedias de 2027 y apuesta por perfiles ajenos a los partidos tradicionales.

La postulación de LeBarón ocurre en un momento de reacomodos políticos en Chihuahua, donde las principales fuerzas ya perfilan a sus aspirantes.

Llega en un momento crucial para los partidos tradicionales

En Morena, la competencia interna ha girado principalmente en torno a la senadora Andrea Chávez y al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, mientras que el Partido del Trabajo ha manifestado su respaldo a Chávez.

Por su parte, el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, condicionó una eventual alianza al señalar públicamente: “Si no es Cuéllar, no vamos”, en referencia al edil juarense.

En el bloque opositor, el Partido Acción Nacional también mantiene abierta la disputa por la candidatura, con varios perfiles que han comenzado a realizar actividades públicas con miras al proceso electoral.

Con este anuncio, Julián LeBarón se convierte en uno de los primeros aspirantes ciudadanos que formalizan su intención de competir por la gubernatura de Chihuahua, en una elección que comienza a tomar forma con anticipación.

El Gobierno Municipal desplegó un operativo nocturno de supervisión y vigilancia con el objetivo de evaluar y atender los daños provocados por las recientes precipitaciones registradas en la capital del estado.

A través de rutas estratégicas trazadas en los sectores norte y sur de la ciudad, personal técnico y operativo recorrió las principales calles, avenidas y zonas vulnerables.

El propósito de este despliegue fue identificar puntos de riesgo inminente y canalizar de forma inmediata las intervenciones necesarias hacia las dependencias competentes para salvaguardar la seguridad de la población.

El operativo se ejecutó mediante un esquema de trabajo conjunto en el que participaron la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Mantenimiento Urbano, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Por su parte, el H. Cuerpo de Bomberos informó que sus unidades realizaron recorridos detallados en nueve zonas críticas. Durante los trayectos, los elementos detectaron el arrastre de materiales, basura y escombros sobre la vía pública.

Como parte de las acciones preventivas prioritarias, los cuerpos de rescate retiraron a varias personas en situación de calle que se encontraban durmiendo bajo el arroyo ubicado en el cruce del Circuito Universitario y el Periférico de la Juventud, previniendo incidentes mayores ante posibles crecidas de agua.

La autoridad municipal comunicó que mantendrá los recorridos de vigilancia en los puntos que representen un peligro potencial.

Asimismo, extendió un exhorto a la ciudadanía para que reporte cualquier emergencia a la línea 9-1-1 y evite transitar por vialidades inundadas o cauces de arroyos durante y después de los temporales lluviosos.

En lo que analistas de seguridad califican como uno de los mayores tropiezos de inteligencia y tratamiento de datos en la historia reciente del país, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció públicamente un hecho insólito: el Gobierno mexicano tuvo en sus manos, detuvo y posteriormente entregó a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, completamente a ciegas de que se trataba del piloto que ejecutó el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a mediados del año antepasado.

La admisión, confirmada por el equipo de la actual fiscal Ernestina Godoy Ramos tras revisar las carpetas de investigación, expone una profunda desconexión entre las agencias de seguridad mexicanas y sus contrapartes estadounidenses, quienes habrían capitalizado la opacidad del caso.

El origen: El vuelo de la traición

En el verano del año antepasado, el panorama del narcotráfico cambió cuando Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López aterrizaron en un aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México.

Zambada denunció mediante una carta haber sido secuestrado tras ser citado bajo engaños a una reunión.

Detrás de los controles de aquella aeronave estaba “El Jando”, un experimentado piloto que controlaba la logística aérea de “Los Chapitos”.

Tras dejar a los capos en territorio estadounidense, “El Jando” regresó impunemente a México debido a que no enfrentaba cargos inmediatos en EE. UU..

Captura bajo otra identidad y la entrega a ciegas

El periplo de Núñez Ojeda en libertad terminó a inicios del año pasado, cuando fue capturado por el Ejército en Jesús María, Culiacán, tras un enfrentamiento armado.

Al momento de su arresto, el capo se identificó con un nombre falso y negó categóricamente cualquier vínculo con la cúpula delictiva o el caso Zambada.

Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, llegó a mencionar que era un piloto de confianza de la organización, la versión oficial sostuvo en ese momento que “no participó de manera directa en el traslado”.

Meses más tarde, bajo la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, el Gabinete de Seguridad mexicano incluyó a “El Jando” en un paquete de varios reos de alta peligrosidad enviados en fast-track a los Estados Unidos.

México lo entregó procesado únicamente por delitos menores de armas y salud, ignorando por completo que ponía en manos de Washington la pieza clave del rompecabezas delictivo más importante de la década.

El despertar de la FGR y el acuerdo secreto en EE. UU.

La verdad tardó casi un año en salir a la luz en los escritorios oficiales de la Ciudad de México.

Fue hasta fechas recientes que peritos de la FGR realizaron un desglose de audios de las torres de control (específicamente de Ciudad Juárez) y registros dactilares.

Las huellas y la voz de aquel piloto misterioso coincidieron perfectamente con las de Mauro Alberto Núñez Ojeda, el hombre que ya dormía en una prisión federal estadounidense.

Para cuando México descubrió el engaño, ya era tarde. Hace unas semanas, “El Jando” compareció ante la Corte del Distrito de Columbia en Washington, declarándose culpable de conspiración para distribuir cocaína.

Reportes de agencias internacionales y filtraciones judiciales confirmaron que el piloto pactó un acuerdo de culpabilidad, borrando su nombre de los registros penitenciarios públicos para convertirse en testigo colaborador protegido del Departamento de Justicia de EE. UU..

Un reclamo estéril

En sus últimas comparecencias, la Fiscalía mexicana ha intentado matizar el golpe acusando al FBI y a las agencias estadounidenses de obstaculizar activamente la investigación al negarles inspecciones al avión y no contestar múltiples solicitudes de asistencia jurídica.

Sin embargo, para los expertos en materia judicial, el caso de “El Jando” queda registrado como una victoria táctica de la inteligencia de Washington y un reflejo de las debilidades del sistema de justicia mexicano, que extraditó de forma voluntaria al testigo que pudo haber revelado los secretos mejor guardados del “vuelo de la traición”.

(mr)

La falta de un terreno regularizado, jurídicamente viable y apto para construir un hospital es, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la principal razón por la que la capital del estado, los municipios aledaños e incluso la región serrana siguen sin contar con una nueva unidad hospitalaria.

El delegado del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado Castruita, informó que desde 2020 el Instituto ha evaluado diversas alternativas para desarrollar el proyecto; sin embargo, ninguna de las propuestas presentadas hasta ahora cumple con los requisitos indispensables para iniciar la construcción.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, Mercado Castruita explicó que las distintas opciones planteadas tanto por el Ayuntamiento de Chihuahua como por el Gobierno del Estado han enfrentado problemas jurídicos, agrarios o de factibilidad que hacen inviable la edificación del hospital.

Recordó que las gestiones comenzaron en 2020, cuando el IMSS solicitó al entonces Ayuntamiento de Chihuahua —encabezado por la hoy gobernadora, María Eugenia Campos Galván— la donación de un predio para desarrollar el proyecto.

Sin embargo, el terreno ofrecido no pudo concretarse porque, de acuerdo con la información obtenida por el Instituto, tenía un propietario particular y presentaba conflictos jurídicos que impedían avanzar con la obra.

Posteriormente, en septiembre de 2021, el Municipio propuso un terreno ubicado en la zona de La Concordia. Antes de formalizar la donación, el IMSS solicitó al Registro Agrario Nacional verificar su situación jurídica, instancia que confirmó que la parcela estaba inscrita a nombre de un particular.

Descartada esa alternativa, en 2023 se planteó una permuta de terrenos. No obstante, la propuesta fue declarada improcedente porque los inmuebles no eran equivalentes y porque uno de los predios involucrados ya era propiedad del propio IMSS, aunque había sido utilizado por el Municipio para construir un parque.

La opción más reciente corresponde a un terreno ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Sobre ese predio, el Registro Agrario Nacional emitió una opinión favorable y Protección Civil Municipal de Aquiles Serdán también avaló su factibilidad. Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil formuló observaciones relacionadas con la cercanía de una estación de gas, por lo que el análisis del sitio continúa.

Mercado Castruita sostuvo que, pese al retraso del proyecto hospitalario en la capital, el IMSS ha fortalecido su infraestructura en Chihuahua durante los últimos siete años mediante la construcción de un nuevo hospital en Ciudad Juárez, la adquisición de equipo médico de alta tecnología y la contratación de especialistas.

No obstante, cuando 2026 ya rebasa su primera mitad, el Instituto aún no cuenta con un terreno que reúna las condiciones jurídicas, técnicas y de seguridad necesarias para iniciar la construcción del nuevo hospital que demanda la zona centro del estado.

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