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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su Gobierno no prohibirá el uso de teléfonos celulares en las escuelas de manera generalizada, sino que impulsará un proceso de diálogo para establecer reglas consensuadas sobre el uso de estos dispositivos en los planteles educativos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que el objetivo es construir acuerdos con madres y padres de familia, docentes, especialistas y autoridades educativas, antes de definir una política nacional sobre el uso de celulares en las aulas.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con estudios y consultas realizadas, alrededor del 70 por ciento de los padres de familia está de acuerdo en establecer algún tipo de regulación para limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar.

aLo que queremos es que sea un consenso”, expresó la presidenta, al considerar que el problema no se resuelve únicamente restringiendo los dispositivos dentro de las escuelas, ya que niñas, niños y adolescentes pasan buena parte de su tiempo utilizando pantallas fuera del horario escolar.

Indicó que la intención es promover una cultura de uso responsable de la tecnología, basada en evidencia científica sobre los efectos que el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales puede tener en el desarrollo, la salud mental y el aprendizaje de los menores.

Durante la conferencia también participó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien coincidió en que el reto rebasa el ámbito escolar y requiere la participación de las familias, debido a que gran parte del tiempo que los menores permanecen frente a las pantallas ocurre en sus hogares.

La presidenta recordó que 16 estados del país ya han establecido restricciones para el uso de celulares en escuelas de educación básica y señaló que esas experiencias servirán como referencia para analizar una estrategia nacional.

Antes de presentar cualquier propuesta, el Gobierno federal prevé realizar foros y consultas con especialistas, maestros, autoridades educativas y padres de familia para definir las medidas que permitan fomentar un uso más responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes.

Más de 2 mil 500 personas de comunidades rurales de Chihuahua han logrado avanzar en su alfabetización y certificación educativa mediante las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), una estrategia impulsada por el programa Sembrando Vida y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el programa beneficia a más de mil 500 sembradoras y sembradores, así como a cerca de mil habitantes de las comunidades donde opera Sembrando Vida en la entidad.

La iniciativa forma parte del convenio “Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación”, promovido por la actual titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, durante su gestión como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

El objetivo es acercar servicios gratuitos de alfabetización y educación básica a las comunidades rurales para reducir el rezago educativo y ampliar las oportunidades de desarrollo económico y social de las familias campesinas.

Uno de los ejemplos más representativos se encuentra en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, donde integrantes del grupo Ódami establecieron una “Escuelita del Conocimiento”, un espacio en el que productores y habitantes participan semanalmente en círculos de estudio con el acompañamiento de asesores del INEA y personal técnico de Sembrando Vida.

Entre las beneficiarias destaca Cirila, una joven indígena ódami que forma parte del programa desde hace seis años y que, tras concluir su educación básica, actualmente cursa el nivel medio superior.

Además de cultivar durazno y manzana en su parcela, la joven ahora administra mejor su actividad productiva gracias a que aprendió a leer, escribir y llevar el control de sus cuentas y registros de producción, habilidades que, asegura el programa, fortalecen tanto su economía como su autonomía.

En Chihuahua, Sembrando Vida cuenta con un padrón cercano a 21 mil personas, de las cuales más de 7 mil son mujeres. La dependencia informó que alrededor del 40 por ciento participa activamente en comités y comisiones comunitarias orientadas a fortalecer el liderazgo femenino, la organización colectiva, la autonomía económica y el acceso a la educación.

Las Comunidades de Aprendizaje Campesino constituyen el principal espacio de organización del programa. En ellas, las y los productores reciben capacitación técnica, administran viveros comunitarios y biofábricas, desarrollan proyectos productivos, comercializan sus cosechas y participan en actividades enfocadas en fortalecer la vida comunitaria.

A nivel nacional, el convenio “Sembrando Conocimiento, Cosechando Educación” prevé beneficiar a más de 28 mil sembradoras y sembradores en 24 entidades del país, mediante la instalación de círculos de estudio y puntos de encuentro en las propias comunidades rurales.

La Secretaría de Agricultura afirmó que esta estrategia forma parte de la política del Gobierno federal para integrar el desarrollo rural con el acceso a la educación, el fortalecimiento comunitario y la restauración de los ecosistemas, bajo una visión que busca mejorar las condiciones de vida de las familias del campo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, atribuyó los brotes de violencia en el municipio de Guadalupe y Calvo a la falta de un lugar adecuado para la instalación de la Plataforma Centinela y de un destacamento de la Policía Estatal en ese lugar.

En conferencia de prensa, Loya Chávez aseguró que el municipio de Guadalupe y Calvo comienza a recuperar la normalidad tras una serie de sucesos violentos, pero que estaría en mejores condiciones si se pusiera el destacamento de la Policía Estatal allá.

El funcionario se refirió a las disputas que ha tenido la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo, que encabeza Ana Laura González Ábrego, de Morena, por la negativa de esta a ceder el antiguo Centro de Reinserción Social (Cereso) de aquel lugar para la instalación de la Plataforma Centinela.

Acerca de la situación en el municipio, donde han ocurrido desplazamientos de personas, enfrentamientos y disputas entre bandos enemistados del crimen organizado, Loya Chávez reconoció que aún hay temor entre la población, lo cual podría mejorar con la presencia permanente de corporaciones de seguridad ha permitido restablecer el orden y garantizar el tránsito por carreteras y caminos de la región.

Acerca del robo de un camión de Diconsa y la seguridad para empresas que abastecen de insumos al municipio, el funcionario sostuvo que actualmente las condiciones permiten el ingreso de mercancías y el desarrollo de las actividades cotidianas.

“Guadalupe y Calvo está ahorita restableciendo el orden para que los insumos y la gente puedan llegar y estar tranquilos en la zona. Esto quiere decir que. sobre los caminos, las calles y las carreteras no hay riesgo”, afirmó.

Precisó que el riesgo se concentra en las áreas donde las fuerzas de seguridad realizan patrullajes en busca de grupos criminales que se han replegado hacia la sierra ante el despliegue de las autoridades.

Loya relató que durante su estancia recorrió comunidades como Yerbitas, El Ocote, Baborigame y Cinco Llagas, donde conversó con habitantes que, aunque expresaron temor por los hechos recientes, también señalaron que la situación permanece tranquila mientras existe presencia de autoridades federales y estatales.

“En la noche veías en Guadalupe y Calvo a la gente dando la vuelta, jóvenes y familias saliendo a la calle. Sin embargo, sí hay temor en la población y eso es lo que nosotros buscamos que cambie”, comentó.

Operativo deja 28 detenidos y destruye campamentos criminales

El secretario informó que, como parte del operativo implementado en la región, se realizaron 25 misiones con drones, se revisaron 551 vehículos y 658 personas, además de que fueron destruidos 49 campamentos utilizados por grupos delictivos, 86 parapetos, pistas clandestinas de aterrizaje y un búnker. También fueron detenidos 28 presuntos generadores de violencia y aseguradas 55 armas de fuego.

A esos resultados se suma, dijo, una disminución del 20 por ciento en los homicidios registrados en la zona, equivalente a 101 víctimas menos respecto al periodo previo, además del aseguramiento de una tonelada y media de marihuana y la destrucción de 472 mil plantas de droga en ocho plantíos localizados durante los operativos conjuntos con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que en México no está permitida la prestación del servicio educativo bajo modalidades militarizadas para niñas, niños y adolescentes, luego de la muerte de Dafne Zapata, ocurrida durante un campamento en Tamaulipas, caso que desató una investigación y puso bajo la lupa a este tipo de instituciones.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que ninguna escuela de educación básica puede impartir enseñanza bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense”, ya que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

La dependencia federal subrayó que cualquier práctica que implique violencia, maltrato físico o psicológico contra niñas, niños y adolescentes no puede justificarse como un método de disciplina o formación, ya que vulnera sus derechos y contraviene el principio del interés superior de la niñez.

El pronunciamiento se produjo después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones, la menor presuntamente fue sometida a ejercicios físicos y castigos durante el campamento. Su fallecimiento provocó denuncias de familiares y exalumnos por presuntos abusos y malos tratos, además de que las autoridades estatales iniciaron investigaciones penales y administrativas.

La SEP informó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas revisará la autorización otorgada a esa academia para determinar si cumplía con las condiciones establecidas para operar y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la dependencia reiteró que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana está basado en el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y el desarrollo integral de los estudiantes, principios que, afirmó, son incompatibles con cualquier esquema de formación sustentado en prácticas de carácter militar para menores de edad.

El caso de Dafne abrió el debate sobre la operación de academias privadas que ofrecen programas con disciplina militar para niñas, niños y adolescentes, mientras las autoridades educativas insisten en que ninguna institución de educación básica está autorizada para funcionar bajo ese modelo.