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El alcalde Marco Bonilla tomó protesta a Alma Cristina Treviño Olivas como regidora del H. Ayuntamiento de Chihuahua para la administración 2024-2027, durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada en el seccional rural de El Sauz.

El nombramiento se realiza tras el deceso de Blanca Patricia Ulate Bernal, quien se desempeñaba como regidora en la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ulate falleció la madrugada del pasado 1 de agosto a causa de complicaciones de salud.

Durante el acto se honró la memoria de quien era conocida cariñosamente como Paty Ulate, a quien se dedicó un minuto de silencio en reconocimiento a su trabajo y a su labor en la creación de políticas públicas a favor de quienes más lo necesitan.

Alma Cristina Treviño Olivas es originaria de la ciudad de Chihuahua. Su trayectoria profesional y social se vincula principalmente con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión laboral, la no discriminación y la participación ciudadana.

Una parte central de su experiencia está relacionada con la Red de Discapacidad: Integración, Discapacidad y Desarrollo, A.C., organización a la que se incorporó como persona física para contribuir, particularmente desde su formación jurídica, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en la promoción de la inclusión laboral.

Las revisiones a las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) han derivado, desde 2019, en 2 mil 766 denuncias administrativas por presuntas faltas graves y no graves, además de la recuperación de mil 300 millones 443 mil pesos por concepto de recursos observados, pagos improcedentes y otros daños al erario.

Los datos fueron presentados este miércoles por el auditor superior, Héctor Acosta Félix, durante la entrega del Informe Anual de Avances 2026 a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

De acuerdo con el informe, Chihuahua ocupa actualmente el primer lugar nacional en suspensión de servidores públicos investigados por presuntas faltas administrativas graves y el segundo lugar en sentencias que acreditan responsabilidad administrativa, de acuerdo con los indicadores comparativos entre las entidades del país.

El auditor explicó que los resultados corresponden a los procedimientos iniciados tras las auditorías practicadas a entes públicos y que también colocan a la ASE entre los organismos con mayor eficiencia en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones.

En cuanto a la recuperación de recursos, el informe detalla que 557.5 millones de pesos fueron recuperados de manera directa como resultado de auditorías realizadas por la ASE, mientras que 742.9 millones corresponden a recuperaciones indirectas, relacionadas con adeudos que los entes auditados mantenían con otras dependencias del Estado, como obligaciones fiscales o cuotas de seguridad social.

El órgano fiscalizador reportó que el monto recuperado aumentó 20 por ciento respecto al año anterior, mientras que casi la mitad de las recuperaciones directas se concentró durante 2025.

Tras recibir el informe, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega Máynez, señaló que el objetivo de la fiscalización no debe limitarse a sancionar, sino a fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos. Añadió que el Congreso tiene pendiente avanzar en una reforma a la Ley de Fiscalización para fortalecer el trabajo del órgano auditor.

En la reunión también participaron las diputadas Carla Rivas Martínez y Alma Portillo Lerma, así como los diputados Carlos Olson San Vicente, Saúl Mireles Corral y Roberto Arturo Medina Aguirre.

El Gobierno Municipal de Chihuahua actuó con apego a derecho en las distintas etapas del proyecto del Relleno Sanitario Metropolitano de Mápula, luego de que el Juzgado Primero de Distrito negara el amparo respecto de la mayoría de los actos reclamados, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes.

Después de casi tres años de litigio y del análisis de estudios, dictámenes técnicos y pruebas periciales, la resolución mantiene firmes los actos relacionados con la selección del sitio, la adquisición del terreno, las autorizaciones urbanísticas y el proceso de licitación realizados por el gobierno encabezado por el alcalde Marco Bonilla.

Durante el proceso se analizaron las inquietudes sobre una posible afectación al acuífero Villalba, mediante peritajes de especialistas en geología, hidrología e ingeniería. De acuerdo con la resolución, el predio seleccionado no se ubica en zona prohibida, área natural protegida, planicie aluvial, zona de recarga funcional del acuífero ni sobre fallas geológicas.

La sentencia contempla una etapa técnica adicional vinculada al permiso de impacto ambiental, que será atendida en coordinación con el Gobierno del Estado antes de que el relleno pueda iniciar operaciones.

Entre las medidas establecidas se encuentran reforzar el sistema de impermeabilización con una doble barrera o redundancia equivalente, implementar mecanismos para detectar posibles fugas de lixiviados, contar con una red de pozos para el monitoreo permanente del agua subterránea y establecer planes definitivos para el manejo seguro de lixiviados.

También deberá obtenerse el dictamen favorable de una unidad de inspección acreditada y realizarse una reunión pública de información, en la que estarán disponibles los estudios técnicos y se atenderán las observaciones presentadas.

Fuentes puntualizó que varias de estas medidas ya están contempladas en el proyecto y que el Municipio y el Estado trabajarán de manera coordinada para acreditar su cumplimiento. Una vez atendidas las condiciones y emitida la resolución correspondiente, podrá levantarse la suspensión relacionada con el permiso ambiental estatal y, en su caso, autorizarse el inicio de operaciones.

“Municipio y Estado seguiremos trabajando de manera coordinada en la etapa técnica final antes de poner en operación una obra que Chihuahua necesita”, señaló.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento reconoció el trabajo de instituciones académicas, especialistas, peritos y servidores públicos que participaron en el proceso, particularmente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como de las áreas municipales involucradas en el desarrollo y la defensa técnica y jurídica del proyecto.

Personal de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo la tarde de este martes a un hombre identificado como Uriel L. P. en el municipio de Parral, Chihuahua.

La detención ocurrió durante un operativo de la célula B.O.I. desplegada en la localidad de Matamoros para dar cumplimiento a un ordenamiento judicial de cateo.

Mediante el uso de drones, los elementos localizaron al sujeto en un presunto campamento ubicado en la serranía.

En el lugar le aseguraron una bolsa con presunta marihuana, tres paneles solares portátiles, dos porta cargadores y dos teléfonos celulares que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para actividades de “halconeo”. El campamento fue inhabilitado.

Tanto el detenido como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los cateos realizados en la zona se llevaron a cabo conforme a derecho y permitieron la localización de material de interés para las investigaciones.