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El DIF Municipal de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado (FGE) firmaron un convenio de colaboración institucional con el objetivo de capacitar al personal del gobierno local en materia de prevención, atención y canalización de casos de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes.

A través de este acuerdo, los funcionarios municipales recibirán formación técnica para actualizar sus protocolos de actuación frente a problemáticas como delitos cibernéticos, acoso, abuso sexual, grooming y otras formas de vulneración de derechos.

La estrategia busca agilizar los canales de comunicación interna entre ambas dependencias para optimizar el seguimiento de las denuncias y garantizar una cobertura integral a las víctimas.

Durante la formalización del documento estuvieron presentes Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal; Francisco Sáenz Soto, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado; y Liliana Herrera Villanueva, directora general del DIF Municipal.

Los representantes de ambas instituciones señalaron que el convenio establece las bases operativas para coordinar los servicios gubernamentales bajo el principio del interés superior de la niñez.

Con este marco de cooperación, las instancias estatales y municipales formalizan el intercambio de herramientas profesionales y técnicas para el diseño de entornos comunitarios bajo criterios de seguridad y legalidad en el municipio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 6 de agosto de 2026 la detención de Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero (2011-2014), tras obtener y ejecutar una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Según el comunicado de la dependencia, la captura se deriva de un “nuevo modelo de investigación” que incluyó el reanálisis de las actuaciones existentes en el expediente y la realización de nuevos actos de investigación.

Estos permitieron acreditar la posible responsabilidad del exmandatario en el presunto ocultamiento de pruebas que habrían impedido conocer el paradero de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La FGR se refirió al detenido como “Ángel N” y anunció que en breve proporcionará mayor información. Un juez determinará en las próximas horas su situación jurídica. El proceso se desarrollará bajo el principio de presunción de inocencia.

El caso Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México contemporáneo.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la escuela normal rural se dirigía a Iguala para participar en protestas.

Fueron interceptados por policías municipales, según las investigaciones, y posteriormente desaparecidos.

Organismos nacionales e internacionales, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), documentaron la participación de autoridades locales, elementos de fuerzas de seguridad y el crimen organizado (Guerreros Unidos).

Ángel Aguirre Rivero, nacido el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero, gobernaba el estado cuando ocurrieron los hechos.

Había llegado al cargo en 2011 como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), después de una trayectoria que incluyó el senado por el PRI.

Tras las fuertes críticas por el manejo del caso y la presión social, renunció al gobierno en octubre de 2014.

Durante años, las familias de los estudiantes y organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en las investigaciones iniciales, incluida la llamada “verdad histórica” presentada por la administración federal de entonces, que fue posteriormente desacreditada.

Informes del GIEI y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalaron omisiones, pérdida o destrucción de evidencias, como grabaciones de videovigilancia, y posibles interferencias de autoridades estatales.

La detención de Aguirre se produce casi 12 años después de los hechos y días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara, el 29 de julio de 2026, la existencia de nuevas indagatorias en el caso, con el compromiso de informar a los padres y madres de las víctimas.

La FGR continúa la investigación. El caso sigue abierto y representa un punto central en la demanda de justicia de las familias de los 43 normalistas.

SALTILLO, Coah.— Chad “N”, de 35 años, ciudadano estadounidense y exoficial de policía de Texas, fue ingresado la noche del 5 de agosto de 2026 al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El imputado, originario de la zona de San Antonio, enfrenta además imputaciones por tentativa de feminicidio y sustracción de menor, entre otros cargos que suman al menos cinco delitos, derivados de los hechos registrados la tarde del martes 4 de agosto en un domicilio de la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, Chad “N” acudió al lugar donde se encontraba su expareja, Litzy Anahí Mora de León, de 25 o 26 años, en medio de un conflicto familiar relacionado con la custodia de su hijo menor de edad (reportado de 3 años). Tras una discusión, presuntamente extrajo un arma de fuego y disparó.

Resultaron privadas de la vida Ana Laura de León Morín, de 44 años (madre de Litzy); Laura Jaquelin Mora de León, de 23 años (hermana); y Emanuel Montero Gómez, de 44 años (pareja de la madre).

Litzy Anahí recibió un disparo en la región craneal, fue intervenida quirúrgicamente por neurocirugía en la Clínica 2 del IMSS y permanece hospitalizada en estado grave, con pronóstico reservado.

Posteriormente, el presunto agresor sustrajo al menor y huyó hacia el norte del estado a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado gris con placas estadounidenses.

Autoridades activaron un operativo de búsqueda con apoyo de cámaras de videovigilancia, corporaciones estatales, militares y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Alrededor de las 21:00-22:15 horas del mismo martes, elementos de seguridad lo interceptaron en el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras, cuando intentaba cruzar hacia Eagle Pass, Texas.

El menor fue rescatado ileso y quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF); ambos fueron trasladados a Saltillo.

Durante la detención se reportaron indicios de resistencia y un posible ofrecimiento de dinero a los oficiales, lo que generó carpetas adicionales por cohecho y violencia contra miembros de instituciones de seguridad pública.

Las pesquisas indican que el detenido contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse al menor, así como antecedentes penales en Estados Unidos y restricción para portar armas de fuego. Había permanecido en Coahuila al menos varios días previos al ataque.

Un juez giró orden de aprehensión dentro de la causa penal 547/2026JEVF. El 5 de agosto, cerca de las 22:00 horas, Chad “N” fue ingresado al penal de Saltillo en cumplimiento de dicha orden.

La Fiscalía mantiene comunicación con la Oficina Consular de los Estados Unidos y continúa robusteciendo la investigación con peritajes, entrevistas y evidencias.

Las autoridades reiteran que los hechos se enmarcan en un contexto de violencia familiar. El menor permanece bajo protección institucional. El proceso judicial sigue su curso.

Aguascalientes.— El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) confirmó el primer caso de ciclosporiasis en la entidad, infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, popularmente conocida como “diarrea explosiva”.

El titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, informó que se trata de una persona mayor de 40 años que se encuentra estable y bajo atención médica.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el paciente habría contraído la infección tras consumir alimentos o agua durante una estancia en el vecino estado de Jalisco.

El diagnóstico fue corroborado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Galaviz Tristán descartó riesgo de brote o transmisión comunitaria, al subrayar que la enfermedad no se contagia de persona a persona.

La infección se adquiere exclusivamente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, principalmente verduras de hoja frescas insuficientemente desinfectadas.

El funcionario exhortó a la población a extremar las medidas de higiene: lavarse las manos con frecuencia, consumir únicamente agua potable y desinfectar correctamente frutas y verduras.

Señaló que el parásito es resistente al cloro convencional, por lo que se recomienda el uso de métodos de desinfección adecuados.

Las autoridades estatales mantienen la vigilancia epidemiológica activa y reiteraron que no existe motivo de alarma, siempre que se cumplan las recomendaciones de higiene alimentaria.

Ante síntomas como diarrea acuosa persistente, cólicos abdominales, náuseas o fatiga intensa, se aconseja acudir a los servicios de salud.

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