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El Congreso del Estado dio a conocer la convocatoria para la Medalla Chihuahua al Mérito Médico 2026, la cual estará vigente del 14 de septiembre al 9 de octubre del presente año contemplando en esta primera edición tres categorías: académica, investigación y labor social.

Los galardonados serán electos por un jurado calificador y recibirán un estímulo económico de 30 mil pesos, así como una medalla que se contempla entregar en una Sesión Solemne en el marco del Día del Médico.

En su mensaje, Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, refirió que este reconocimiento es “un acto de justicia con una profesión que sostiene al Estado y que acompañan en los momentos de mayor vulnerabilidad”.

De la misma forma, subrayó que este ejercicio pretende ser un impulso para quienes apenas se están formando en esta profesión.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Salud, César Aragón Quintana, externó que la convocatoria representa una oportunidad para reconocer a quienes “han dedicado su vida a una de las vocaciones más nobles que existen, pues acompañan en los momentos más difíciles de las personas”.

La presidenta del Congreso, Joceline Vega, concordó con esos dichos aseverando que los médicos “han decidido entregar su vida para darle vida a las demás personas”, por lo que resulta imperante reconocer cada una de las formas en las que se ejerce la medicina.

La convocatoria completa y el registro de aspirantes se puede revisar en el portal oficial del Poder Legislativo: www.congresochihuahua.gob.mx.

En apenas 90 días, mil 629 habitantes de Chihuahua murieron por enfermedades del corazón. La cifra equivale a un promedio de 18 fallecimientos diarios, o uno cada 80 minutos, durante el primer trimestre de 2026.

El corazón encabezó una lista de causas de muerte dominada por padecimientos crónico-degenerativos: detrás aparecieron el cáncer y la diabetes, enfermedades que en conjunto cobraron otras mil 643 vidas entre enero y marzo.

Los datos forman parte de las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), publicadas el 18 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte señala que Chihuahua presentó una tasa bruta de 177.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, al considerar la entidad donde residían habitualmente las personas fallecidas.

Sin embargo, cuando la medición se ajusta de acuerdo con las edades de la población —un cálculo que permite comparar con mayor precisión a las entidades—, la tasa de Chihuahua aumentó a 192.6 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Con ese resultado, el estado se colocó en el primer lugar nacional en mortalidad estandarizada durante los primeros tres meses del año.

Corazón, cáncer y diabetes encabezan las muertes

Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte tanto entre los hombres como entre las mujeres.

De los mil 629 fallecimientos registrados por esos padecimientos, 921 correspondieron a hombres y 708 a mujeres.

En el segundo sitio se ubicaron los tumores malignos, con 862 muertes: 433 hombres y 429 mujeres.

La diabetes mellitus ocupó la tercera posición, con 781 fallecimientos. En este caso, la mortalidad fue mayor entre las mujeres, con 401 casos, frente a 380 hombres.

La influenza y la neumonía fueron la cuarta causa, con 408 defunciones, mientras que los accidentes ocuparon el quinto sitio, con 366.

La violencia abre otra brecha

La distribución de las muertes también exhibe una diferencia marcada entre hombres y mujeres.

Entre la población masculina, las agresiones —presuntos homicidios— aparecieron como la cuarta causa de muerte, con 318 víctimas. La cifra superó los 264 hombres que fallecieron en accidentes durante el mismo periodo.

Entre las mujeres, en cambio, los homicidios no aparecen dentro de las cinco principales causas de muerte.

Así, mientras las enfermedades crónicas concentran la mayor cantidad de fallecimientos en ambos sexos, la violencia se abre paso entre las primeras causas de mortalidad de los hombres en Chihuahua.

Ciudad Juárez.- Luego de que la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaníz absolvió a Jorge Antonio C. B. del delito de terrorismo, su padre, René Cortez, expresó que la familia quedó satisfecha con el resultado del juicio oral 8/2023.

“Hasta el día de hoy se hizo justicia, gracias a mi padre Dios”, declaró al concluir la audiencia celebrada este lunes.

Jorge Antonio, de 30 años, había sido acusado de intentar generar terror entre la población al tratar de incendiar un camión de transporte de personal en Riberas del Bravo, el 11 de agosto de 2022, durante la jornada conocida como el Jueves Negro.

Cortez dijo que la familia siempre sostuvo que Jorge Antonio era inocente y que el fallo pone fin a una etapa de aproximadamente cuatro años desde su detención.

Durante ese periodo, relató, la familia tuvo que viajar a la ciudad de Chihuahua para seguir el proceso, ya que inicialmente fue trasladado a esa localidad. Posteriormente fue juzgado y condenado a poco más de un año de prisión, tras ser considerado penalmente responsable del delito de daños.

El padre afirmó que su hijo fue golpeado por policías municipales y ministeriales. Señaló que se enteró de las presuntas agresiones cuando Jorge Antonio apareció en televisión visiblemente golpeado.

“Casi lo detenían porque se caía”, expresó.

Cortez dijo sentirse “muy sentido” con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, a quien acusó de hablar de derechos humanos y de apoyar a la ciudadanía, pero de no hacerlo en la práctica.

“En su momento dice: ‘Ese es culpable, vamos a hacer esto’, y empiezan con la tortura de la Policía Municipal. Esto es para que vea el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, qué clase de personas tiene en la Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Es una tristeza como padre”, declaró.

También cuestionó la versión oficial sobre el lugar donde ocurrió la detención.

“Ellos dijeron que lo agarraron en una dirección errónea, porque lo agarraron afuera de la casa de uno de sus amigos y ahí detuvieron a las tres personas”, sostuvo.

Cortez relató que, cuando Jorge Antonio fue juzgado en Chihuahua, pagó a un abogado particular. Para el proceso en Juárez, agregó, ya no pudo cubrir los honorarios y la familia tuvo que recurrir a una defensora de oficio.

No obstante, calificó a Thelma Núñez, defensora de su hijo, como “una gran abogada que ama su profesión”.

Dijo que la abogada revisó el expediente, encontró diversas irregularidades que no podían pasar inadvertidas y logró sacar adelante el caso.

También señaló al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, como uno de los responsables de que su hijo fuera inculpado injustamente.

“Participó mucho en esto; también estuvo con el Gobierno del Estado haciendo tantas trampas para que mi hijo no pudiera salir libre”, afirmó.

“Pero hay un gran Dios y ahí se está viendo la prueba. Ahora le doy gracias a Dios y no tengo cómo agradecerle lo que ha hecho con mi hijo, porque nosotros de antemano lo sabíamos; los vecinos nos decían que él no era culpable”, concluyó.

FGR no acreditó el delito de terrorismo

Tras una audiencia de tres horas, la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaníz dictó un fallo absolutorio en favor de Juan Carlos V. y Jorge Antonio C. B., quienes fueron acusados del delito de terrorismo por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2022, durante el Jueves Negro.

La jueza determinó que el Ministerio Público federal no presentó la carga probatoria suficiente para demostrar que los imputados cometieron el delito del que fueron acusados.

En el caso de Juan Carlos, acusado de instigar el delito y de haber ordenado a Jorge Antonio cometer el ataque, la jueza señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera comprobó que hubiera existido comunicación entre ambos al momento de los hechos.

En cuanto a Jorge Antonio, no se acreditó que hubiera utilizado artefactos explosivos ni que tuviera conocimiento del resto de los acontecimientos registrados durante la jornada del 11 de agosto.

Por lo anterior, la jueza ordenó la liberación de ambos, quienes saldrán del Centro de Reinserción Social número 3 en las próximas horas, al no tener causas penales pendientes en su contra.

Washington D.C.— Las tres agencias de noticias a las que el presidente Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca el pasado viernes presentaron este lunes una demanda federal en la que piden restaurar de inmediato las credenciales de sus periodistas y anular la restricción, al considerarla un ataque directo a la Primera Enmienda.

CNN, MS NOW (antes MSNBC) y Politico notificaron al gobierno por la mañana y presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El caso fue asignado al juez Timothy J. Kelly, nombrado por Trump en su primer mandato. Los demandantes solicitan una orden de restricción temporal (TRO) y medidas cautelares para restablecer el acceso mientras se resuelve el fondo del litigio. Se espera una audiencia de urgencia en los próximos días, posiblemente el miércoles.

La demanda nombra como demandados al presidente Trump, a la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, al director de Comunicaciones Steven Cheung y al director del Servicio Secreto Sean Curran.

También figuran como demandantes individuales tres reporteros afectados: Betsy Klein (CNN), Akayla Gardner (MS NOW) y Cheyenne Haslett (Politico). El equipo legal está encabezado por Theodore Boutrous Jr., del bufete Gibson Dunn, especialista en Primera Enmienda.

En su escrito, los medios argumentan que el veto constituye una discriminación por punto de vista editorial y una represalia por la cobertura crítica del presidente y su administración.

Trump anunció la medida el 18 de septiembre en Truth Social, calificándola de “efectiva de inmediato” y acusando a los tres periodistas de reportar “noticias falsas”, “ficción y mentiras”.

El 19 de septiembre, los periodistas intentaron ingresar al complejo y el Servicio Secreto les denegó la entrada y les confiscó las credenciales de acceso.

La demanda sostiene que se violó el debido proceso (Quinta Enmienda) al no ofrecer aviso previo, estándares claros ni oportunidad de ser oídos, y que se vulneró la Primera Enmienda al castigar la cobertura protegida.

Citan precedentes como la decisión de 1977 del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. (Sherrill v. Knight), que establece que la Casa Blanca no puede denegar arbitrariamente las credenciales de prensa sin proceso debido.

“Esta prohibición no podría ser un asalto más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales”, afirma el documento.

En un comunicado conjunto, los tres medios declararon: “Sin aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque objetaba nuestra cobertura. Si no se cuestiona, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental”.

Trump respondió el mismo lunes en Truth Social defendiendo la medida: “La Casa Blanca no está instituyendo un asalto a la Prensa Libre, algo que yo aprecio. Está instituyendo un asalto a las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América […] Es una amenaza a nuestra Seguridad Nacional, y debe detenerse, ¡YA!”.

Como efecto colateral, CNN fue retirada este lunes de su turno en el pool televisivo de la Casa Blanca (estaba programada para cubrir el viaje del presidente a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU). En respuesta, ABC, CBS, Fox News y NBC suspendieron temporalmente su participación en el sistema de pool, argumentando que ninguna administración debe restringir a un medio por objetar su cobertura.

El litigio se perfila como uno de los enfrentamientos más relevantes entre la prensa y la administración Trump en su segundo mandato, en un contexto de tensiones recurrentes por el acceso de los medios a la Casa Blanca.