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A unas horas del inicio formal del proceso electoral de 2026-2027, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua reporta ya 204 asuntos resueltos, una cifra que representa aproximadamente la mitad de todos los casos atendidos durante el proceso electoral anterior para la gubernatura del estado, informó su presidente, Hugo Molina Martínez.

En entrevista, el magistrado consideró que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua permitirá armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales, en particular con las nuevas reglas aprobadas para el proceso electoral.

“Hay que armonizar, es decir, adecuar la normatividad federal a los preceptos que se habían aprobado en la Constitución y en la ley local”, explicó.

Respecto a la incorporación de la injerencia extranjera como materia que deberá ser contemplada por el Congreso local, el presidente del TEE señaló que la resolución no elimina esa posibilidad, sino que establece la necesidad de adecuar la legislación estatal al marco federal.

Recupera el Tribunal facultades de interpretación

Molina Martínez destacó que el fallo de la SCJN permitió que tanto el TEE como el Instituto Estatal Electoral (IEE) recuperaran facultades más amplias para interpretar las normas electorales.

Explicó que la reforma aprobada anteriormente por el Congreso del Estado había establecido una limitación para que ambos organismos se apegaran fundamentalmente a una interpretación gramatical de la ley, es decir, a aplicar literalmente lo que establece la norma.

Con la resolución de la Corte, dijo, vuelve la posibilidad de realizar interpretaciones pro persona, orientadas a ampliar la protección de los derechos humanos.

“Ahora otra vez nos dan la posibilidad de hacer interpretaciones pro persona, es decir, buscando ampliar los derechos humanos de las personas”, señaló.

Molina Martínez sostuvo que esta facultad permitirá al Tribunal interpretar las normas más allá de su sentido estrictamente literal, siempre que ello tenga por finalidad favorecer la protección de los derechos humanos.

204 asuntos antes de que comience el proceso

El dato que el magistrado consideró particularmente significativo es la carga de trabajo que el Tribunal ha enfrentado incluso antes del inicio formal del proceso electoral.

“Hasta el día de ayer hemos resuelto 204 asuntos”, informó.

De acuerdo con Molina Martínez, esa cantidad equivale aproximadamente a la mitad de todos los asuntos que el Tribunal resolvió durante todo el proceso electoral anterior de la gubernatura de Chihuahua.

“Todavía no hemos iniciado el proceso y ya llevamos más o menos la mitad”, subrayó.

Los expedientes, explicó, abarcan una amplia variedad de controversias relacionadas con los derechos político-electorales, entre ellas, la violencia política de género, las impugnaciones contra decretos del Congreso y las acciones afirmativas.

El volumen de asuntos anticipa, según el presidente del Tribunal, un proceso electoral particularmente intenso para los órganos jurisdiccionales y administrativos encargados de garantizar la legalidad de las elecciones.

La gobernadora Maru Campos anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, que contempla un apoyo económico directo para 450 familias de Chihuahua.

De acuerdo con la mandataria, esta ayuda se sumará a la atención médica y psicológica, los apoyos alimentarios y de vivienda, así como las becas que el Gobierno del Estado ya otorga.

En un mensaje dirigido a las familias de personas desaparecidas, Campos reconoció que la búsqueda es responsabilidad del Estado y que las madres no deberían asumir solas las tareas de investigación.

“Buscar no debería ser tarea de una madre. Ustedes no tenían que convertirse en investigadoras ni cargar solas con un dolor que es también responsabilidad del Estado”, expresó.

La gobernadora sostuvo que el respaldo federal para atender esta problemática no ha llegado como su administración esperaba.

“Confiamos en que este problema se atendería con toda la fuerza del Gobierno Federal, pero esa ayuda no ha llegado como esperábamos. Y no nos vamos a quedar esperando: Chihuahua va a hacer su parte”, afirmó.

Campos anunció el fortalecimiento de las capacidades institucionales para investigar los casos y realizar búsquedas en campo, con el propósito de que las carpetas avancen y las familias cuenten con acompañamiento de personal estatal.

También informó del inicio de las Mesas Regionales Permanentes, mediante las cuales se buscará mantener un diálogo directo con colectivos de todo el estado y mejorar su atención.

La mandataria señaló que, en sus encuentros con las familias, ha escuchado su dolor, cansancio y exigencias ante la ausencia de sus seres queridos.

“No van a caminar solas. Aquí hay un gobierno y una mujer dispuesta a caminar a su lado”, manifestó.

En el mensaje no se precisaron el monto del apoyo económico, su periodicidad ni los requisitos para acceder al programa.

La gobernadora Maru Campos Galván anunció que el Congreso de Chihuahua presentará en las próximas horas una iniciativa para recuperar las disposiciones del blindaje electoral invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mandataria señaló que el Gobierno del Estado acatará la resolución, pero buscará reponer las medidas mediante las vías que el propio máximo tribunal deje abiertas.

“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y así no hay consecuencias”, expresó en un mensaje.

Campos explicó que la legislación aprobada por el Congreso estatal establecía la anulación de una elección si intervenía el crimen organizado o si el candidato tenía vínculos criminales. Afirmó que Chihuahua era el único estado con esa disposición y sostuvo que, tras el fallo, ya no existe en ninguna entidad del país.

“A Chihuahua nos quitaron la forma legal de anular una elección aunque se pruebe que el crimen organizado metió la mano, el dinero y las armas”, sostuvo.

La gobernadora acusó a Morena de votar contra la reforma en el Congreso local y posteriormente acudir a la Suprema Corte para solicitar su invalidez.

Según Campos, con ello se eliminaron disposiciones que obstaculizaban el financiamiento ilícito y el uso de delincuentes para manipular elecciones.

“Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando literalmente cuáles son sus intereses y a quién está protegiendo”, señaló.

La mandataria destacó el voto de la ministra Yasmín Esquivel, quien respaldó la postura de Chihuahua al sostener que la intervención criminal afecta la libertad del voto.

“Pueden tumbar una ley en la Suprema Corte, pero no pueden nunca tumbar el espíritu chihuahuense que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar nunca que el crimen elija a sus gobernantes”, concluyó.

Pese a los señalamientos de la gobernadora, la resolución mantuvo la posibilidad de anular elecciones cuando se acrediten actos de delincuencia permanente o sistemática con incidencia en el proceso electoral, siempre que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado.

La Corte invalidó disposiciones que permitían sancionar a candidaturas por actos ilícitos cometidos por terceros sin acreditar su responsabilidad, así como sanciones automáticas de pérdida o cancelación del registro.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cumplimentaron órdenes de aprehensión contra cuatro hombres por los delitos de homicidio calificado agravado y tortura.

Los detenidos son Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Silvino P. M., de 59 años, y Luis Carlos G. C., de 24 años. La orden fue girada por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la causa penal 2603/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en esta ciudad.

Los cuatro se desempeñaban como policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y están siendo investigados por su probable participación en los hechos ocurridos el 8 de julio de 2026, en los que falleció un hombre de iniciales E. C. C. Este último se encontraba como Persona Privada de la Libertad (PPL) y atendía una audiencia inicial.

Desde entonces, la SSPE abrió la carpeta de investigación Q-113/SAI/SSPE/2026 a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos, para proceder a la suspensión de sus cargos.

Los detenidos quedaron a disposición del TSJE en espera de que se fije fecha y hora para la audiencia inicial.

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