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Aunque la inflación general se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México durante agosto, los incrementos persistentes en los servicios continúan presionando las decisiones de política monetaria, advirtió Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool.

La inflación anual en México se ubicó en 3.26 por ciento, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento mensual de 0.20 por ciento, menor al 0.25 por ciento previsto por el mercado.

El resultado se mantuvo dentro del rango objetivo de Banxico, establecido en 3 por ciento con un margen de un punto porcentual. Sin embargo, representó un repunte frente al 3.12 por ciento anual registrado en julio, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La inflación general se aceleró por primera vez en cinco meses, aunque el componente subyacente mostró señales de moderación.

La inflación subyacente, que excluye productos con precios más volátiles y permite observar con mayor claridad su trayectoria, aumentó 0.16 por ciento durante agosto y se ubicó en 3.88 por ciento anual.

La cifra mensual fue menor al 0.21 por ciento previsto por el mercado.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron 0.11 por ciento. Los alimentos, bebidas y tabaco subieron 0.14 por ciento, mientras que las mercancías no alimenticias aumentaron 0.07 por ciento.

Los servicios registraron un incremento mensual de 0.21 por ciento, impulsados por las alzas de 0.23 por ciento en vivienda y de 1.09 por ciento en educación. Otros servicios aumentaron 0.06 por ciento.

Sánchez señaló que la persistencia de estas presiones obliga al Banco de México a mantener cautela antes de realizar nuevos ajustes a la tasa de interés.

Bankaool mantiene la expectativa de que la tasa de referencia cierre 2026 en 6.50 por ciento, siempre que las siguientes mediciones confirmen una desaceleración clara de la inflación subyacente y no se intensifiquen los aumentos en productos agropecuarios y energéticos.

Cebolla y huevo encabezan las alzas

La cebolla fue el producto con el mayor incremento durante agosto, con una variación mensual de 32.70 por ciento.

El precio del huevo aumentó 8.91 por ciento, mientras que los servicios universitarios subieron 1.29 por ciento y los taxis, 1.52 por ciento.

También se reportaron incrementos de 0.43 por ciento en loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como de 0.22 por ciento en vivienda propia.

El componente no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas gubernamentales, aumentó 0.36 por ciento mensual y se ubicó en 1.13 por ciento anual.

Dentro de este indicador, las frutas y verduras subieron 1.12 por ciento y los productos pecuarios, 0.55 por ciento.

En contraste, los energéticos registraron una disminución mensual de 0.35 por ciento, mientras que las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.65 por ciento.

Algunos productos y servicios disminuyeron de precio y ayudaron a contener el avance general de la inflación.

La papa y otros tubérculos bajaron 10.66 por ciento; el aguacate, 6.71 por ciento; el gas doméstico LP, 2.20 por ciento; y el pollo, 1.72 por ciento.

También se registraron reducciones de 5.23 por ciento en el transporte aéreo y de 0.83 por ciento en los automóviles.

Por entidades, las mayores variaciones mensuales se observaron en Tabasco, con 0.85 por ciento; Yucatán, con 0.61 por ciento, y Puebla, con 0.45 por ciento.

En contraste, Zacatecas registró una disminución de 0.15 por ciento; Baja California, de 0.14 por ciento, y Aguascalientes, de 0.06 por ciento.

Para Bankaool, dijo Sánchez, las siguientes mediciones serán determinantes para saber si la moderación de la inflación subyacente es sostenible o si las presiones en servicios y los posibles choques en productos agropecuarios obligarán a Banxico a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años de prisión en procedimiento abreviado contra Luis Abelardo B. G., por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ante el material probatorio presentado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, el imputado solicitó la terminación anticipada del proceso y admitió su responsabilidad penal.

Según la investigación, el 15 de abril de 2025 Luis Abelardo B. G., en compañía de otras personas, lesionó a la víctima de iniciales R. A. L. M. y posteriormente lo ocultó en una alcantarilla ubicada debajo de un puente en la colonia Martín López, en la ciudad de Chihuahua.

El cuerpo sin vida de la víctima fue localizado un mes después bajo un puente de la Avenida Fuerza Aérea, también en esta ciudad.

El ahora sentenciado fue detenido el 14 de enero de 2026 mediante orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la calle 34 y Miguelitos de la colonia Campesina. Fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa.

El martes 8 de septiembre, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la causa penal 37/2026, le impuso la pena de 11 años de prisión y lo condenó al pago de un millón 410 mil 728 pesos como reparación del daño.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) abrirá, a partir de este ciclo, toda la información sobre la asignación de plazas docentes, esto, luego de un acuerdo alcanzado con grupos de normalistas que mantuvieron acciones de protesta durante la semana pasada y parte de la actual.

El secretario Francisco Hugo Gutiérrez Dávila (SEyD) encabezó la instalación de una mesa de trabajo con las inconformes y aspirantes al proceso de admisión, en un intento por recuperar algo que en estos procedimientos resulta indispensable: confianza.

Tras la conclusión de las mesas de diálogo, los grupos de manifestantes entregaron el edificio Héroes de la Revolución, que alberga las oficinas de la SEyD, mismas que habían tomado desde la semana anterior.

Gutiérrez Dávila aseguró que la dependencia estatal mantiene una postura de apertura para escuchar las inquietudes de los sustentantes y revisar las condiciones en las que se desarrolla la asignación de espacios.

“Queremos expresarles de entrada que venimos con una postura totalmente de apertura, de disposición de atenderlos, escucharlos y de tratar de ir más allá de lo que ya tratamos nosotros de sustentar”, afirmó el funcionario.

El funcionario sostuvo que las y los docentes deben ser considerados parte de la solución a los retos que enfrenta actualmente el sistema educativo, tanto en el ámbito federal como estatal.

Como resultado del encuentro, la SEyD acordó abrir una mesa estatal de revisión y análisis de la asignación de plazas, en la que las representaciones de los aspirantes podrán verificar directamente la información relacionada con las vacantes disponibles, tanto definitivas como temporales, así como conocer su naturaleza y estatus dentro del sistema.

Además, se contempla la instalación de mesas de trabajo regionales y simultáneas en distintas zonas del estado, con participación de las representaciones sindicales, autoridades de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), tanto estatal como nacional, y las áreas de Recursos Humanos.

La dependencia estatal también informó que mantiene gestiones ante las autoridades educativas federales para evaluar alternativas que permitan ampliar los espacios disponibles para docentes, mediante proyectos, pruebas piloto o nuevos esquemas de contratación.

Lo anterior, ante la necesidad de contar con más maestros frente a grupo en las aulas chihuahuenses.

El secretario de Educación enfatizó que el propósito de las mesas será generar certidumbre entre las y los aspirantes y garantizar que el proceso de asignación se desarrolle conforme a las disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Gutiérrez Dávila señaló que, además del cumplimiento de la normativa, el objetivo central debe ser garantizar la atención educativa de niños y jóvenes de Chihuahua.

La defensa de los dos acusados por los atentados del Jueves Negro exhibió contradicciones entre las carpetas de investigación y evidenció que el testigo clave fue entrevistado sin abogado, pese a que debía recibir trato procesal de adolescente.

Sin embargo, los defensores no lograron demostrar que fuera falsa la firma asentada en la entrevista ministerial del joven, debido a que no presentaron un dictamen pericial en grafoscopía.

A casi dos meses de iniciado el juicio oral contra dos personas acusadas de terrorismo, ayer tampoco fue posible cerrar la etapa de desahogo de pruebas ni avanzar hacia la emisión del fallo.

Durante la audiencia se registraron múltiples recesos y regaños de la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaníz hacia los defensores públicos penales que representan a los acusados.

Incluso, uno de los litigantes fue multado con más de 2 mil 300 pesos, luego de que la juzgadora consideró que la estaba descalificando.

El juicio oral se sigue contra Juan Carlos V. y Jorge Antonio C. V. por el delito de terrorismo, en relación con los hechos violentos ocurridos durante el Jueves Negro. Juan Carlos también está acusado de homicidio calificado y Jorge Antonio, de posesión de artilugios explosivos.

Una audiencia marcada por los recesos

El juicio oral número 8/2023 comenzó unos minutos después de las 11 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal, pero poco después fue decretado el primer receso.

Francisco Menes Meraz, abogado defensor de Jorge Antonio, anunció que interrogaría a la testigo Marcela Ivonne Flores Shroeder y que durante su comparecencia incorporaría diversos documentos.

Uno de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso, al asegurar que la defensa no le había informado de qué documentos se trataba y que, con ello, violaba el principio de contradicción.

La jueza ordenó que se entregaran copias al fiscal federal, quien solicitó tiempo para conocer su contenido.

Además, la testigo ofrecida por la defensa todavía no se encontraba en el edificio, pues viajaba por carretera hacia Ciudad Juárez.

Por ello, la juzgadora aprobó un receso de cinco horas y citó a las partes para las 6 de la tarde. Sin embargo, a esa hora la sala judicial seguía ocupada con otra audiencia, por lo que los trabajos se reanudaron alrededor de las 8:40 de la noche.

El testimonio del defensor del adolescente

Marcela Ivonne Flores Shroeder declaró que es defensora pública federal especializada en justicia para adolescentes y que el 16 de agosto de 2023 inició la representación legal de Carlos Adrián G. J.

El joven era menor de edad cuando presuntamente participó en las conductas delictivas investigadas.

En su contra fue iniciada la carpeta de investigación 1094/23 por el delito de terrorismo, en relación con los hechos del Jueves Negro, que incluyeron incendios de negocios, ataques armados contra distintas personas y un motín en el Cereso 3.

Flores Shroeder explicó que, como parte de su defensa, se entrevistó en privado con el joven y posteriormente él firmó diversos documentos, entre ellos un tríptico informativo y un recurso de apelación contra la vinculación a proceso dictada en la causa penal 443/23.

La defensora también tuvo a la vista dos anexos firmados por el joven, correspondientes a objetos que le fueron asegurados al momento de su detención.

Carlos Adrián fue arrestado el 14 de julio de 2023, presuntamente por tener en su poder dosis de metanfetamina y un cargador con cuatro cartuchos útiles.

En octubre de ese mismo año, un tribunal de segunda instancia revocó la vinculación a proceso por el delito de terrorismo y ordenó su libertad, señaló Flores Shroeder.

Una firma bajo sospecha sacude el juicio por el Jueves Negro

Intentaron acreditar el uso de una firma falsa

Durante el interrogatorio, Menes Meraz pidió al tribunal incorporar los documentos mencionados por la testigo y realizó un ejercicio para intentar demostrar que el Ministerio Público utilizó una firma falsa en una entrevista ministerial practicada a Carlos Adrián el 10 de agosto de 2023.

El joven no pudo presentarse ante el tribunal porque falleció. Su versión fue incorporada al juicio mediante la lectura de la entrevista ministerial.

El defensor pidió proyectar las firmas asentadas en los documentos incorporados y en la entrevista ministerial.

Flores Shroeder dijo que el joven firmó los documentos que ella le proporcionó como “Carlos Juárez”, mientras que en la entrevista ministerial aparece la firma “Carlos Adrián Gómez Juárez”, escrita con letras mayúsculas.

La testigo afirmó que las firmas no se parecían. No obstante, durante las preguntas del Ministerio Público reconoció que no es perito en grafoscopía y, por lo tanto, no podía asegurar que alguna fuera falsa.

El día en que los delincuentes ‘cazaron’ inocentes para liberar a un criminal

Fue entrevistado sin abogado defensor

La defensa también evidenció que Carlos Adrián fue entrevistado sin que se le asignara un abogado y que recibió trato de adulto.

La ley establece que una persona debe recibir el trato procesal de adolescente imputado cuando los hechos atribuidos ocurrieron antes de cumplir los 18 años, aunque alcance la mayoría de edad durante el desarrollo de la investigación.

“¿A partir de cuándo se le inició la carpeta de investigación por hechos que usted refiere del 11 y 12 de agosto de 2022?”, preguntó el defensor.

“El 14 de julio de 2023 inició”, respondió Flores Shroeder.

El abogado recalcó que la entrevista ministerial se efectuó el 10 de agosto de 2023 y sostuvo que el joven tenía calidad de imputado, no de testigo, por lo que debía contar con un defensor.

La testigo explicó que contra Carlos Adrián fue abierta la carpeta 1094/23, mientras que para los adultos se inició la carpeta 1188/22.

Indicó que ambas investigaciones correspondían a los mismos hechos, pero se integraron por separado porque la ley contempla derechos distintos en función de la edad de los involucrados.

Dos versiones sobre quién dio la orden

Durante otra parte del interrogatorio, Flores Shroeder señaló que en la carpeta iniciada contra el adolescente se estableció que él instigó a Jorge Antonio a quemar camiones.

En contraste, en la investigación seguida contra Jorge Antonio se documentó que fue este último quien instigó al menor de edad.

La defensa señaló que ambas acusaciones resultan contradictorias porque presentan versiones opuestas sobre quién ordenó los ataques y quién recibió las instrucciones.

Multan al defensor por “descalificar” a la jueza

Cuando el agente del Ministerio Público interrogaba a la testigo, Francisco Menes Meraz se opuso a una pregunta.

Durante su intervención, el defensor observó el rostro de la jueza, consideró que ella le hacía gestos de desaprobación y le pidió respeto.

La juzgadora le ordenó que no interrumpiera y le impuso una multa de 20 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 346 pesos.

Espinoza Alaníz señaló que anteriormente ya había apercibido al abogado para que mantuviera una conducta respetuosa.

“¿Por pedirle respeto me va a multar?”, reviró el defensor.

“No, por descalificarme”, respondió molesta la jueza.

El interrogatorio, contrainterrogatorio y las siguientes rondas de preguntas formuladas por los defensores y el Ministerio Público se prolongaron durante horas sobre los mismos temas, sin que la jueza marcara un alto.

La declaración de la testigo terminó a las 12:40 de la madrugada.

A cuatro años del Jueves Negro, aún esperan sentencias por terrorismo

Sigue pendiente el fallo

La última pregunta del fiscal estuvo relacionada con la fecha de nacimiento de Carlos Adrián, el 23 de junio de 2005, para establecer que tenía 18 años y un mes cuando rindió la entrevista ministerial.

La defensa volvió a preguntar si, por ley, debía haber recibido trato de adolescente debido a que era menor de edad cuando presuntamente cometió el delito. La testigo respondió afirmativamente.

La jueza decretó un nuevo receso e informó que los trabajos se retomarán el jueves a las 2 de la tarde, debido a que tiene la agenda llena y se encuentra de guardia.

Antes de cerrar la diligencia, ordenó que, antes de trasladar a los imputados al penal, se les permitiera comer los alimentos que llevó la familia de Jorge Antonio, pues la última comida que habían probado fue a las 10 de la mañana del miércoles.

En el juicio todavía están pendientes las pruebas de la defensa de Juan Carlos V. y los alegatos de clausura.

Después de concluir esas etapas, la jueza podría estar en condiciones de emitir un fallo.

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