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Andrea Chávez Treviño, la senadora con licencia, fue designada por la Comisión de Elecciones de Morena como su coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el paso previo para convertirse en candidata a la alcaldía de Juárez por Morena.

Primero, la propia Andrea Chávez publicó en sus redes un mensaje con una imagen en la que muestra un nombramiento como coordinadora municipal emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Minutos después, Morena lo confirmó con un comunicado de prensa.

“Morena informa que Andrea Chávez Treviño ha sido designada como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, como parte del proceso de fortalecimiento de la organización y unidad que nuestro partido-movimiento impulsa en todo el país para sumar todas las voluntades y todos los esfuerzos para seguir profundizando la transformación de México”, señala el texto.

En su publicación, la senadora señaló que “si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán. Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez”.

“Nada para mí. Todo para quienes madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo. Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, agrega el escrito.

Chávez señala que nada comienza ni nada termina.

“Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias. Esta tarde, más información”, concluye el mensaje.

Chávez Treviño no había aparecido públicamente desde que la noche del lunes 28 de septiembre abandonó el World Trade Center, en la Ciudad de México, donde la dirigencia nacional de Morena anunció la designación de la coordinación estatal en favor del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar.

MONTERREY, NL. — Frente al endurecimiento de las multas de tránsito en el Área Metropolitana de Monterrey, una red clandestina de choferes informales, conocidos popularmente como “salvaebrios”, ha consolidado un negocio ilícito a las afueras de los operativos antialcohol: cobrar entre 500 y mil pesos a conductores ebrios para tomar el volante de sus autos y cruzar los filtros viales de manera impune.

El fenómeno ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una actividad a la vista de todos.

En municipios como San Nicolás de los Garza, las corporaciones de seguridad han detectado que estos individuos ya no actúan de forma discreta; ahora se colocan metros antes del inicio de las filas viales y utilizan letreros en banquetas y camellones para ofrecer abiertamente sus servicios como choferes emergentes.

¿Cómo operan los salva borrachos?

El modus operandi reportado por las autoridades locales es rápido y coordinado.

Al notar la presencia del retén, el conductor alcoholizado se detiene antes del filtro, donde es abordado por un “salvaebrio”.

Este toma el control del coche, conduce frente al oficial de tránsito para soplar en el aparato y dar negativo en la prueba de alcoholemia.

Una vez superado el perímetro del operativo, avanza una cuadra, devuelve las llaves al dueño y recibe su pago en efectivo.

El principal motor de este mercado negro es el alto costo de las sanciones en Nuevo León, implementadas bajo una política de cero tolerancia.

En San Pedro Garza García, las multas por conducir bajo los efectos del alcohol pueden alcanzar los 40 mil pesos en casos de reincidencia.

Por su parte, en Monterrey las sanciones rozan los 22 mil 600 pesos, mientras que en Guadalupe rebasan los 25 mil pesos, montos a los que los infractores deben sumar los costos obligatorios de grúa y corralón.

Ante este panorama financiero, muchos automovilistas prefieren desembolsar una fracción del costo de la multa para evadir la ley, ignorando los peligros asociados a entregar el vehículo y las llaves a personas desconocidas, tales como robos, asaltos o extinciones.

Entre la seguridad vial y el debate recaudatorio

Las Secretarías de Seguridad locales insisten en que la operación de los “salvaebrios” constituye un acto de complicidad que vulnera el propósito preventivo de los operativos y eleva el riesgo de accidentes fatales en las avenidas de la entidad.

Debido a esto, se han reforzado los patrullajes previos a los filtros para detener a quienes realicen esta actividad por faltas administrativas al reglamento de buen gobierno.

Sin embargo, el crecimiento de este fenómeno también ha reactivado el debate ciudadano y legislativo en el estado.

Mientras diversos sectores defienden que los operativos antialcohol salvan vidas al sacar a conductores peligrosos de las calles, colectivos de automovilistas señalan que los retenes masivos fijos priorizan un fin recaudatorio sobre el preventivo.

Actualmente, existen propuestas en el Congreso local orientadas a modificar las normativas de tránsito, buscando que se permita a un familiar o conductor designado sobrio retirar el vehículo en el sitio del retén, evitando así el arrastre obligatorio al corralón y desincentivando el uso de estos intermediarios ilegales.|

(mr)

Ante la advertencia emitida por el coordinador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, de tomar acciones judiciales en contra de los panistas que lo llamen narcocandidato, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, le respondió señalando que “tendrá que ser a toda la población. Él no tiene por qué eliminar la libertad de expresión de nadie”.

A su vez, Campos Galván señaló que el alcalde de Juárez con licencia se ha expresado de varias personas, por lo que resulta ilógico que quiera callar a quienes hablen sobre su persona. Asimismo, acusó que “está asustado o preocupado”, motivo por el que lanzó la advertencia de denunciar a quienes le llamen así.

“Yo creo que el señor ya de entrada está preocupado porque le llamen narcocandidato”, dijo.

Por otra parte, respecto a la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la anulación de candidaturas o de las elecciones cuando se compruebe la injerencia del crimen organizado, Campos Galván reprochó el veredicto.

“Se tiene que oír fuerte y claro en todo el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la posibilidad de revisar y de eliminar las candidaturas que tienen vínculos probados con el crimen organizado; es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que a los diputados locales de Morena en el estado de Chihuahua, no les importó el estado”, indicó.

En ese sentido, reprochó que no se hayan blindado las elecciones e insistió en que fue por decisión de los legisladores de Morena, dejando de manifiesto las razones por las cuales se opusieron a esta propuesta.

“Que quede claro cómo defiende Morena a la Corte y cómo defiende Morena a estos candidatos de la muerte”, subrayó.

Finalmente, reiteró la importancia de proteger los comicios electorales del próximo año, enfatizando que “se está jugando la vida, la verdad y la libertad de los chihuahuenses en este año 2027”, razón por la cual exhortó a la ciudadanía a tener presente todo lo que se ha dispuesto por parte del Gobierno federal.

Una investigación de The New York Times, publicada el 3 de octubre de 2026, documentó cómo adolescentes de Arizona entraron a ese mercado atraídos por las ganancias y el estatus.

El reportaje, titulado “American High School Students Are Selling Guns Bound for Cartels”, presenta el trabajo de Paulina Villegas y Adriana Zehbrauskas.

Uno de los entrevistados relató que, junto con dos amigos, reunió 700 dólares para comprar un rifle que después revendieron por mil 200. Reinvirtieron el dinero en más armas y ampliaron sus operaciones, según el reportaje retomado por Aristegui Noticias.

El diario entrevistó a cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años que suministraban armas principalmente a compradores vinculados con el Cártel de Sinaloa. No se describieron como miembros de la organización ni relataron haber sido obligados a participar, de acuerdo con la información recuperada por Expansión.

Villegas siguió durante meses sus actividades y observó negociaciones en WhatsApp y Telegram. Estas plataformas facilitaban el contacto entre vendedores, intermediarios y compradores.

Los jóvenes conseguían armas por distintas vías, las almacenaban y las entregaban a operadores vinculados con organizaciones criminales; en ocasiones, pagaban a otros estudiantes para trasladarlas a México.

Así, la reventa para obtener dinero se integraba a una cadena de tráfico transfronterizo. Los entrevistados pidieron permanecer en el anonimato por el carácter ilegal de sus actividades.