Durante la primera sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035, dirigido a consolidar una justicia moderna, cercana y con sentido humano; sin embargo, la propuesta contó con el voto en contra del magistrado Rubén Aguilar, quien refutó la eficiencia del órgano.
El plan contempla las líneas de acción en materia administrativa, acciones de mejora, modernización y fortalecimiento de las instalaciones del Poder Judicial en los distintos distritos judiciales del estado.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval, aseguró que el documento establece una ruta clara para consolidar una justicia moderna, cercana y con sentido humano, en concordancia con la Reforma Judicial de 2025.
“Su construcción, a partir de un proceso participativo, permitió identificar retos y oportunidades para fortalecer una institución eficiente, transparente e independiente, centrada en las necesidades de las personas. Como resultado de este ejercicio, se recabaron más de 100 propuestas ciudadanas que se convirtieron en la base para la conformación del PDI”, declaró.
Explicó que al proyecto se articula en tres ejes estratégicos, uno es la consolidación del nuevo Poder Judicial mediante la profesionalización, infraestructura y nuevos modelos de gestión.
El segundo, continuó, es la administración de justicia con eficiencia y eficacia a través de la optimización de procesos, la digitalización y los servicios judiciales en línea, mientras que el tercero se centra en la transparencia y rendición de cuentas para fortalecer el acceso a la información y la participación ciudadana.
Adicionalmente, el plan contempla programas itinerantes como Justicia Cercana y Soy Legal, además de acciones encaminadas a consolidar una cultura libre de discriminación, acoso y hostigamiento, que responda a las necesidades de la sociedad.
Durante la sesión, efectuada en uno de los salones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Juárez, ubicada en la calle Henry Dunant 4505 de la zona Pronaf, también afloraron críticas por presuntas irregularidades internas, deficiencias tecnológicas y pendientes en materia de carrera judicial.
El magistrado, Rubén Aguilar Gil, cuestionó la efectividad del documento y anunció su voto en contra.
Durante su intervención señaló que desde hace tiempo ha planteado problemas en áreas como Tecnologías de la Información, Gestión Penal, Gestión Laboral, Defensoría y Actuaría, sin que, aseguró, exista una respuesta suficiente.
“Hace años que estamos denunciando la red de corrupción que hay en Gestión Penal”, expresó.
También acusó fallas recurrentes en los sistemas tecnológicos del Tribunal y cuestionó decisiones tomadas respecto de personal que anteriormente estuvo encargado de esas áreas.
Incluso sostuvo que existiría información sobre accesos remotos a sistemas internos del Tribunal y revisión de resoluciones judiciales, situación que consideró necesario investigar.
Por esas razones, anunció que su voto sería en contra y adelantó que buscará presentar denuncias y procedimientos administrativos relacionados con las irregularidades que señaló.
Piden carrera judicial, precedentes y reforma legal
Los integrantes del Pleno, aunque respaldaron el plan, solicitaron incorporar aspectos adicionales.
Se planteó la necesidad de desarrollar un sistema de precedentes judiciales que permita sistematizar, publicar y difundir criterios emitidos por el Poder Judicial de Chihuahua.
También se señaló que el plan debe fortalecer de manera integral la carrera judicial y administrativa, no limitarla únicamente a capacitación o evaluación, sino contemplar formación, promoción, permanencia y separación.
Otra de las peticiones se centró en que se impulse con carácter urgente una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al considerar que existen disposiciones que requieren homologarse con las constituciones estatal y federal.
Durante la discusión también se propuso establecer calendarios, presupuestos específicos y líneas base estadísticas que permitan medir realmente el avance del plan, especialmente en reducción del rezago y tiempos de resolución.
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