A un año de asumir la conducción del Poder Judicial del Estado (PJE), la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval aseguró que la institución logró atravesar la reforma judicial sin interrupciones en el servicio y con una apuesta por la modernización de sus procesos.
Al rendir su primer informe de labores ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), invitados especiales, colaboradores y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien acudió en representación de la gobernadora Maru Campos, Herrera sostuvo que la principal exigencia de la reforma era poner en marcha la nueva estructura sin afectar la atención cotidiana de los órganos jurisdiccionales.
“Lo logramos”, afirmó.

La presidenta del PJE sostuvo que la transición se realizó de manera ordenada y permitió mantener en funcionamiento los tribunales, preservar la capacidad institucional y avanzar en la actualización de los procedimientos.
Uno de los principales resultados, dijo, fue la modernización de los sistemas de atención y notificaciones.
Con el rediseño de la plataforma JINDEL, la Central de Actuarios del Distrito Morelos elevó su capacidad diaria de 85 a 200 espacios, un incremento de 170 por ciento.
En Ciudad Juárez, agregó, el tiempo para asignar una cita para notificaciones pasó de hasta seis semanas a solamente un día hábil, luego de una reorganización de agendas y capacidades de trabajo.
“Replicaremos el mismo modelo en los distintos distritos judiciales”, anunció.
Herrera destacó también que durante el periodo se otorgaron 125 mil 498 citas y se fortalecieron los mecanismos para facilitar trámites y servicios a los usuarios.
En el Fondo Auxiliar, por ejemplo, fueron instalados seis cajeros recaudatorios e informativos y ventanillas de extensión en distintos puntos del estado, con el propósito de facilitar pagos relacionados con pensiones alimenticias, fianzas y consignaciones, sin que los usuarios tengan que acudir necesariamente a una oficina física.



Más de 100 mil audiencias
La dimensión de la actividad jurisdiccional quedó reflejada en las cifras presentadas durante el informe.
En los órganos jurisdiccionales se celebraron más de 102 mil audiencias durante el periodo: más de 77 mil correspondieron a la materia penal; más de 10 mil, a la civil; más de 8 mil, a la familiar; más de 5 mil, a la laboral, y alrededor de 900, a la mercantil.
Asimismo, los juzgadores decretaron más de 23 mil medidas de protección destinadas a personas que enfrentaban situaciones de riesgo.
En primera instancia se tramitaron, además, más de 80 mil asuntos, mientras que en segunda instancia se registró un promedio mensual de 558 sentencias: 163 penales, 161 familiares y 234 civiles.
Los jueces de control, por su parte, registraron un promedio mensual superior a mil causas ingresadas y 854 concluidas.
Justicia alternativa y recuperación de recursos
Herrera destacó también el trabajo realizado en materia de justicia alternativa.
El Poder Judicial atendió a 19 mil 749 personas y concretó 8 mil 350 convenios de paz, que permitieron recuperar más de 752 millones de pesos para los usuarios.
La presidenta sostuvo que detrás de los resultados existen procesos de planeación, seguimiento y una transformación en la manera de trabajar del personal.
En materia de defensoría pública, informó que se brindaron más de 97 mil atenciones, mientras que el Instituto de Formación y Actualización Judicial impartió más de mil horas de capacitación al personal.


Aumentan compensaciones a mil 200 trabajadores
Herrera dedicó también parte de su informe al personal del Poder Judicial y señaló que la cercanía con la ciudadanía debe comenzar dentro de la propia institución.
Como uno de los avances concretos, destacó un incremento de 50 por ciento en la compensación de mil 200 servidores públicos, entre ellos escribientes, archivistas, auxiliares administrativos, capturistas, choferes, conserjes, operadores de computadora y personal de vigilancia.
“Un Poder Judicial que aspira a brindar un trato respetuoso debe cuidar la formación y las condiciones de trabajo de su personal”, sostuvo.
La magistrada presidenta afirmó que cada trabajador representa a la institución en el contacto cotidiano con la ciudadanía y, por ello, mejorar sus condiciones laborales también forma parte de la transformación del Poder Judicial.
“La justicia debe ser independiente”
En su mensaje, Herrera Sandoval hizo énfasis en que la nueva etapa del Poder Judicial exige rigor jurídico, imparcialidad, actualización permanente e independencia en las decisiones.
“Cada resolución debe expresar la independencia de quien juzga, la solidez de sus argumentos y la responsabilidad que implica decidir sobre los derechos de las personas”, señaló.
La presidenta del PJE sostuvo que la modernización debe traducirse en beneficios concretos para quienes recurren a la justicia: menos filas, citas más rápidas, trámites sencillos y respuestas oportunas.
“Seguiremos construyendo un Poder Judicial que cambia vidas y una institución que acompañe a Chihuahua con responsabilidad y contribuya, desde la justicia, a la certeza y la paz de sus familias”, concluyó.
Por separado, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina, destacó el carácter histórico de la reforma y afirmó que Chihuahua fue el primer estado en contar con un Tribunal de Disciplina plenamente conformado, con estructura, normatividad y operación efectiva.
Acosta Molina sostuvo que, aunque los tres órganos del nuevo Poder Judicial tienen atribuciones distintas, han logrado entender que forman parte de una misma institución y comparten una responsabilidad frente al estado.
“No se cierra un primer año”, resumió, “se abre una nueva etapa”.
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