Una nueva legislación en materia de compras de Gobierno permitirá que la administración estatal agilice sus adquisiciones, facilite el acceso a pequeños proveedores y pueda hacer adquisiciones en el extranjero.
En su última sesión ordinaria del año, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, con el fin de “actualizar el marco normativo en materia de trámites y procesos administrativos”, según la exposición de motivos.
“Antes (de la reforma) había muchos requisitos para que alguien pudiera ser proveedor y pudiera ofertarle al Gobierno”, expresó la diputada Karla Yamileth Rivas (PAN), presentadora del dictamen.
Con los artículos recién reformados, se agilizará la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios y de obra pública de todo el sector público estatal, tanto del Gobierno como de los municipios.
Lo anterior, sin dejar de lado las prácticas y criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.
Entre los elementos que se introdujeron, está el Sistema Electrónico de Compras, para que este se denomine Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua.
También se contempla la posibilidad de contratar trabajos de mantenimiento menor de edificios, que sean de baja complejidad técnica, a través de la Ley de Adquisiciones.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de elaborar el Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal Centralizada y hay una regulación de los Comités de Adquisiciones.
El sector público de Chihuahua contará con un Padrón de Proveedores y Sistema de Contrataciones, pero se exentará de ese requisito cuando se trate de compras por monto menor y se establecen dos modalidades de estudio de mercado.
A su vez, Ejecutivo Estatal deberá reformar el Reglamento vigente en un plazo no mayor a los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del Decreto.
No garantiza las mejores condiciones de compra: Morena
Las modificaciones a la citada ley no garantizan que el Gobierno y otras entidades públicas obtengan las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, afirmó el grupo parlamentario de Morena.
La diputada Leticia Ortega presentó un voto razonado a nombre del grupo morenista, en el cual destacó que, se el Gobierno y los Municipios puedan realizar contratos en el extranjero para adquirir o arrendar bienes.
Sin embargo, no se obliga a justificar la conveniencia de contratar con el proveedor extranjero, mientras la legislación federal sí lo hace.
La iniciativa propone exceptuar del registro en el Padrón de Proveedores todas las contrataciones que tengan un valor inferior a seiscientas veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, es decir, de 52 mil 383.8 pesos, al valor actual.
En el artículo 71 se pretende establecer que los entes públicos, a través de su Comité, puedan cancelar una licitación incluso hasta antes de la firma del contrato.
El artículo 71 permitirá hacer pedidos iguales o inferiores a 130 veces el valor del UMA mensual, es decir, cerca de 400 mil pesos, sin la necesidad de realizar un proceso licitatorio ni la justificación de adjudicación directa.
A lo anterior, se suma el hecho de que la Secretaría de la Función Pública o del Órgano Interno de Control podrá intervenir en procedimientos de contratación aun cuando tengan interés personal.
“Sin embargo y a pesar de todo lo expuesto, el PAN utilizó su mayoría en el Congreso y no tomó en cuenta este voto razonado de morena, aprobando el dictamen”, concluyó la diputada morenista.
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