Chihuahua se ubicó entre las entidades con mayor número de irregularidades en la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, al concentrar junto con el Estado de México el 35.9 % de las faltas detectadas en los procesos locales para elegir jueces y magistrados.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes 28 de julio sanciones económicas por un monto aproximado de 18 millones de pesos, derivadas de irregularidades en el proceso extraordinario que se llevó a cabo en 19 entidades del país para elegir cargos judiciales tanto locales como federales.
De acuerdo con el informe presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se aplicaron sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y casi 8 millones en el ámbito local, tras revisar los informes únicos de ingresos y gastos de campaña de más de 7 mil 700 candidaturas.
En lo correspondiente al ámbito local, Chihuahua y el Estado de México concentraron 2.8 millones de pesos en sanciones, equivalentes al 35.9 % del total.
En cuanto a las candidaturas federales, el 83 % de las multas se dirigieron a aspirantes a magistraturas de tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, detalló la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Durante la sesión extraordinaria, Humphrey señaló que el proceso implicó la fiscalización de más de 7 mil 300 informes y la auditoría de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos, esfuerzo que calificó como “sin precedentes, con plazos inéditos y reglas de reciente creación”.
“Quien aspira a juzgar debe ser el primero en respetar la ley. No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”, advirtió la consejera al defender la necesidad de las sanciones.
En total, la UTF detectó más de 17 mil 500 faltas o conductas irregulares: 8 mil 49 en el ámbito federal y 9 mil 547 en el local. Por ello, se propusieron sanciones por 10 millones 364 mil pesos a candidaturas del Poder Judicial de la Federación y 7 millones 975 mil pesos a aspirantes en los poderes judiciales de 19 entidades, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz.
Humphrey concluyó que, con este fallo, el INE da por concluida la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país, lo cual —dijo— compromete técnica e institucionalmente a la autoridad electoral.
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