La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó con calificaciones de entre 4.26 al 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022, elaborado por la CNDH que dirige Rosario Piedra Ibarra destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre el 6.05 al 6.98, correspondientes a los estados de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.
En tanto que seis sistemas penitenciarios de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua registraron calificaciones promedio entre el 7.06 al 7.62; por lo que únicamente el sistema penitenciario del estado de Querétaro obtuvo una calificación de 8.22.
Los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, mismo que se sostiene respecto al año anterior y en dichos centros persisten retos por parte de la Autoridad Federal, ya que durante las visitas de supervisión se constató la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la atención médica de la población, así como de contar con suficiencia de personal de seguridad y custodia entre otras.
Durante la presentación del DNSP, Piedra Ibarra lamentó que, pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la CNDH, no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades responsables para revertir los problemas que enfrentan las prisiones y prevenir riesgos en materia de gobernabilidad, seguridad y violaciones a los derechos humanos.
Explicó que para la elaboración de ese documento, se visitaron 14 centros penitenciarios federales, 237 estatales, tres prisiones militares y 45 centros de internamiento para adolescentes y jóvenes, lo que constituye la muestra más amplia desde que se elabora el Diagnóstico, el cual, dijo, tiene como finalidad no sólo hacer un análisis cuantitativo de la situación que impera en las cárceles del país, sino también detectar los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario para garantizar el respeto a los derechos humanos y una vida digna tanto a las personas privadas de la libertad como de las autoridades y de quienes ahí laboran.
Destacó que este reporte también proporciona elementos de análisis cualitativo con el propósito de mejorar las condiciones de estancia de las personas internas, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como adolescentes, jóvenes, mujeres y sus hijos que viven con ellas, así como las personas adultas mayores, entre otros.
Aseguró que la Comisión busca establecer bases de máxima de observancia de los derechos humanos para que a las personas privadas de la libertad se les reconozca como sujetos de atención y derechos, a partir de sus distintas interseccionalidades, producto de lo cual, se ha logrado el cierre de tres cárceles Hidalgo que no cumplían condiciones mínimas, así como la decisión del gobierno del estado de Morelos de destinar los penales de Jojutla y Cuautla solamente para las personas del sexo masculino y albergar a las mujeres privadas de la libertad en un centro carcelario exclusivo para ellas.
En su oportunidad, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, dio a conocer que, con un enfoque interseccional, diferencial y con perspectiva de género, se supervisaron 235 centros estatales (22 centros femeniles, 108 centros varoniles y 105 centros mixtos), 14 Centros Federales de Readaptación Social y tres prisiones militares (ubicadas en Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México), además de 45 centros de Internamiento a nivel nacional.
Detalló que, al momento de la supervisión, la muestra nacional contaba con 199 mil 544 personas privadas de la libertad, de la cuales, 186 mil 822 eran hombres (93.6 %) y 12 mil 722 mujeres (6.4 %), y de éstas 69 mil 204 personas pertenecían a algún grupo de atención prioritaria.
Explicó que, respecto de las prisiones militares, en promedio, las tres visitadas obtuvieron una calificación global de 8.38. En cuanto a la identificación de temas de mayor incidencia, durante las visitas de supervisión realizadas se observó que persiste en estos establecimientos la necesidad de implementar los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como fortalecer las actividades laborales y de capacitación.
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