La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) denunció el colapso de la seguridad en la Sierra Tarahumara, tras la ola de asesinatos ocurrida el pasado fin de semana en Guachochi y San Francisco de Borja, donde 23 personas fueron ejecutadas y varias viviendas y vehículos fueron incendiados.
En un comunicado difundido ayer lunes, la organización advirtió que el Estado mexicano ha perdido la capacidad de controlar al crimen organizado, mientras las comunidades serranas viven sitiadas por la violencia y abandonadas por las instituciones.
“A los pueblos de la Sierra llegan los balazos, los incendios y los robos del precario patrimonio, pero nunca llegan la justicia ni la paz”, señaló la Cosyddhac.
Crisis prolongada y omisión oficial
La organización, con más de 40 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en Chihuahua, consideró “inaceptable” la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho básico a la vida, la integridad física y la paz de las comunidades serranas.
“Al dolor de las comunidades se suma la indignación que sentimos ante la incapacidad de las autoridades por garantizar a la ciudadanía el respeto a la vida, a la integridad física y a vivir en paz, libres de toda violencia”, expresó la Cosyddhac.
El comunicado recordó que, apenas unos días antes de la masacre del fin de semana, también en Guachochi fueron localizados los cuerpos de tres personas ejecutadas, lo que evidencia una escalada de ataques continuos contra familias y comunidades inocentes.
“Mientras los gobiernos se conforman con sacudirse la responsabilidad entre ellos y publicitar reuniones o detenciones, la realidad en la Sierra Tarahumara se deteriora entre balaceras, incendios intencionales, desplazamientos forzados y amenazas”, señaló el pronunciamiento.
“El Estado ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”
La Cosyddhac afirmó que el Estado mexicano “ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”, al menos en sus expresiones más violentas, y que el crimen organizado se ha empoderado como un poder fáctico en diversas regiones del país.
El comunicado sostiene que ninguna institución de seguridad enfrenta eficazmente a los grupos criminales y advierte que incluso las fuerzas armadas “se han convertido en parte del problema y no en la solución”, al haber adquirido poder e incurrido en redes de corrupción.
“¡Basta de echarse la responsabilidad de un gobierno a otro! ¡Basta de fotos y declaraciones autocomplacientes!”, exigió la organización civil.
Exigen un plan de justicia y paz
Cosyddhac expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por la violencia y exigió la implementación inmediata de un Plan de Justicia y Paz con participación directa de los pueblos serranos.
Dicho plan —propuso la organización— debe incluir metas claras, medibles y evaluables públicamente, que atiendan tanto las manifestaciones visibles de la violencia como sus causas estructurales: la marginación, la pobreza y la ausencia del Estado de derecho.
Asimismo, manifestó su respaldo al obispo Juan Manuel González Sandoval, titular de la Diócesis de la Tarahumara, así como al clero y agentes pastorales que han mantenido una postura activa en favor de la paz y la justicia.
La Comisión cerró su posicionamiento con un exhorto directo a las autoridades federales, estatales y municipales.
“Por el fin de la impunidad, por una justicia eficaz y radical que fundamente la verdadera paz para los pueblos de la Tarahumara”, sentenció.
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