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Estado

Denuncia Obispado inseguridad en la Tarahumara y pide ayuda a federación

Pobladores de Baborigame desplazados por taladores criminales; “levantan” a cuatro jóvenes

Por Javier Kuramura |

El Obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, denunció la grave situación de inseguridad que viven los pobladores en la región de Baborigame, provocada por la tala criminal del bosque y demanda al Gobierno Federal que localice inmediatamente a cuatro jóvenes levantados por grupos armados.

En carta dirigida a Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación y con copia a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, González Sandoval expresa que estos hechos ocurren desde el mes de junio pasado:

“En que se dio un desplazamiento forzado masivo de personas de la comunidad de la Sierrita, localidad cercana a Santa Tulita municipio de Guadalupe y Calvo, en donde 60 personas tuvieron que salir y dejar su patrimonio porque les quemaron sus viviendas y mataron a varias personas en sus alrededores”.

De acuerdo a la misiva, eso provocó dos visitas de autoridades de Gobierno del Estado en los meses de agosto, septiembre y noviembre que tuvieron conocimiento del problema.

Pero recientemente, el lunes 11 y martes 12 de diciembre, el obispo narra que “personas de la comunidad de Mala Noche se trasladaron a Baborigame y a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo a recoger tarjetas de “Procampo”, y el día 13 de diciembre pobladores de Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puerto Riyito al regresar a sus casas un grupo armado les impidió el paso, quedando con la preocupación de que tenían a sus hijos en la casa y no podían regresar a verlos”.

Respondiendo a la demanda de seguridad, el 14 de diciembre elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Ministerial acompañaron a varias personas a Santa Tulita para que regresaran a su comunidad con seguridad y volvieran a Baborigame.

“El viernes 15 –continúa mencionando el obispo-, un grupo armado asentado en la comunidad de Alisos fueron a la ranchería de Puerto de Ánimas y se llevaron a dos muchachos a la fuerza: Emanuel Ángel Guevara Ayala de 15 años y Jesús Manuel Ayala Almanza de 13 años, cuando ellos se encontraban trabajando en el campo”.

González Sandoval señala que los habitantes de esa región viven constantemente con el temor de la llegada de los grupos armados y han tenido que dormir en el monte.

Comentan que por la noche se escuchan disparos, incluso, han visto la presencia de drones por encima de sus comunidades. 

Finalmente, denuncia que el sábado 16 de este mes, circularon varias camionetas con personas armadas y eso les aumenta el temor de quedarse en el monte como su único refugio. Una de las camionetas que circularon se encuentran ubicadas en la comunidad de Taunas y la otra en Puerto de Ánimas.

“El día 17 de diciembre, se nos informa que dos jóvenes de Puerto Riyito fueron “levantados” por el grupo armado y desconocemos su paradero. Los grupos armados les acaban de advertir a los miembros de las comunidades mencionadas que tienen tres días para abandonar sus casas”, relata el obispo González Sandoval en su carta a las autoridades y luego demanda:

“Por todo lo anterior solicitamos: 1. Se lleven a cabo, operativos permanentes y no solo operativos esporádicos ni pasajeros. Con esta inseguridad y este constante tránsito de grupos armados, la gente tiene que permanecer en sus casas y no puede ni siquiera salir a conseguir lo elemental para su comida. 2. Urgentemente se localicen a los jóvenes anteriormente mencionados y 3. Se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.

La misiva de ayuda dirigida a la Federación, va también acompañada de las firmas de Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; de Javier “El Pato” Ávila Aguirre, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y por Diana Villalobos Díaz, Directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.

También lleva copias para  Clara Luz Flores Carrales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, fiscal General de Chihuahua; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua y Norma Ledezma Ortega, titular de la Ceave.

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