En el 33 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, el dirigente campesino Martín Solís, del Frente Democrático Campesino (FDC), afirmó que dicho marco jurídico permitió el acaparamiento de concesiones, la sobreexplotación de los acuíferos y que más de 100 mil chihuahuenses permanezcan sin acceso al agua.
En un mensaje difundido en su cuenta de Facebook, Solís llamó a “desalinizar” la ley, al recordar que la norma vigente se aprobó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando —dijo— se convirtió el agua en una mercancía.
Aseguró que ese “modelo salinista” propició la expansión de pozos ilegales en Chihuahua, el deterioro de los acuíferos y la concentración de concesiones en pocas manos.
Solís, quien recientemente fue retirado por la fuerza de un foro sobre la reforma a la Ley de Aguas que se realizaba en el Congreso del Estado, sostuvo que la legislación de 1992 abrió las puertas al descontrol y al abuso en la explotación del agua subterránea en todo el país.
Sin embargo, subrayó que Chihuahua enfrenta uno de los escenarios de estrés hídrico más severos del país.
Chihuahua: extracción al doble de la recarga y miles de pozos ilegales
El dirigente enumeró varios datos que, afirmó, ilustran la gravedad de la situación hídrica en el estado:
- En Chihuahua se extraen 3 mil 200 millones de metros cúbicos más de agua de la que se recarga cada año, el doble de la disponibilidad anual.
- Operan más de 5 mil pozos ilegales, sin concesión ni registro.
- Existen siete mil constancias de libre alumbramiento otorgadas desde 2013, que representan 2 mil 400 millones de metros cúbicos nunca ajustados a la disponibilidad real del acuífero, pese al mandato federal de regularizarlas.
- La concentración de permisos se mantiene: mientras ejidatarios comparten un solo pozo entre varios usuarios, hay productores con más de 20 pozos individuales.
- Más de 100 mil personas en el estado carecen de agua potable en sus hogares.
Solís aseguró que la perforación de nuevos pozos ilegales continúa y que ningún funcionario de la Conagua ha recibido sanciones por corrupción vinculada al manejo de concesiones.
Urge “desalinizar” a la Conagua
El líder del FDC afirmó que la crisis hídrica exige “desalinizar la Conagua”, en referencia a lo que consideró una herencia institucional del salinismo.
Pidió impulsar una nueva Ley de Aguas Nacionales que proteja a los pequeños y medianos productores, combata el acaparamiento de concesiones y garantice el cuidado de los acuíferos y cuencas para las generaciones actuales y futuras.
El mensaje de Solís coincide con el debate nacional sobre el proyecto de nueva Ley de Aguas que analiza la Cámara de Diputados y se da en medio de fuertes tensiones entre sectores productivos, gobiernos estatales y autoridades federales por el control y la distribución del recurso hídrico.
Solís se ha convertido en una de las voces más críticas del marco legal vigente y ha insistido en terminar con prácticas como el mercado negro de concesiones, la perforación de pozos ilegales y la falta de protección a los acuíferos sobreexplotados.
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