El pleno del Senado de la República aprobó esta noche la nueva Ley General de Aguas en un proceso acelerado que se resolvió en cuestión de horas. Con 82 votos a favor y 34 en contra, la mayoría oficialista logró dispensar los trámites de comisión e impulsar la votación inmediata del dictamen enviado por la Cámara de Diputados apenas unas horas antes.
La aprobación se realizó en lo general y lo particular, pese a los reclamos de legisladores de oposición, quienes denunciaron que el procedimiento exprés impidió un análisis de fondo sobre los efectos sociales, económicos y ambientales de la reforma.
El nuevo marco legal sustituye a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y redefine el agua como bien público bajo administración exclusiva del Estado, eliminando la posibilidad de compra-venta o transferencia privada de concesiones. A partir de ahora, solo el Estado —a través de la Comisión Nacional del Agua— podrá asignar títulos de uso, vigilar los aprovechamientos y sancionar prácticas indebidas.
Entre los puntos más controvertidos está la prohibición de comercializar derechos de agua, así como la facultad del Estado para revocar concesiones en caso de acaparamiento o uso irregular. Mientras legisladores oficialistas defendieron que la ley garantiza el agua como derecho humano y busca poner orden en un sistema capturado por intereses privados, la oposición advirtió que la reforma podría generar discrecionalidad y afectar actividades agrícolas y productivas que dependen del recurso.
La aprobación de la ley ocurre en medio de crecientes protestas de productores agrícolas y organizaciones del campo, quienes consideran que la reforma amenaza sus derechos históricos al agua y profundizará la incertidumbre sobre su futuro económico.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la nueva Ley General de Aguas podría entrar en vigor en los próximos días.
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