De gobernador de Oaxaca a integrante del Gabinete presidencial por el PRI, y posteriormente diputado federal y funcionario de administraciones emanadas del PAN, hasta llegar a su encargo más reciente como asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua, Diódoro Carrasco Altamirano ha transitado por distintas etapas del poder público en México.
Así se resume la trayectoria del político oaxaqueño, a quien la gobernadora María Eugenia Campos Galván “destapó” como probable secretario General de Gobierno, en caso de que el actual titular, Santiago de la Peña, deje el cargo para buscar una candidatura en las elecciones del próximo año.
Nacido en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, el 30 de enero de 1954, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano no tuvo contacto directo con el estado de Chihuahua sino hasta el inicio de la actual administración estatal.
Carrasco fue gobernador de Oaxaca entre 1992 y 1998, un periodo que quedó marcado por una dualidad: por un lado, el impulso de reformas institucionales y la creación de organismos formales de derechos humanos; por otro, un número significativo de quejas, recomendaciones y señalamientos por violaciones a derechos humanos, documentados por instancias estatales y nacionales.
Gobernó durante los primeros años del sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en un contexto de alta conflictividad social, caracterizado por tensiones políticas, protestas comunitarias e inconformidades en regiones indígenas.
Durante su administración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas recomendaciones dirigidas al gobierno estatal, relacionadas con abusos de autoridad, deficiencias en la procuración de justicia, condiciones penitenciarias y violaciones a garantías individuales.
Un Gobierno marcado por omisiones
De acuerdo con diagnósticos elaborados a partir de archivos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante la gestión de Carrasco se concentró uno de los mayores números de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en el estado, en comparación con otros gobiernos de la época.
Entre los casos documentados se encuentran detenciones arbitrarias, malos tratos a personas privadas de la libertad y omisiones graves de autoridades estatales y municipales, particularmente en zonas rurales e indígenas, donde las corporaciones de seguridad y el sistema de justicia fueron señalados por operar con escasa supervisión.
Paradójicamente, fue durante ese mismo sexenio cuando se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, en 1993. No obstante, activistas y especialistas han señalado que su autonomía era limitada, al depender en gran medida del Poder Ejecutivo, lo que redujo su capacidad real de investigación y sanción.
Años después, diversas organizaciones civiles han vinculado prácticas documentadas en los noventa —como el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta social y la debilidad institucional— con conflictos que se profundizaron en administraciones posteriores, lo que coloca al sexenio de Carrasco como un antecedente clave para entender la crisis de derechos humanos que Oaxaca enfrentaría en décadas siguientes.
Último secretario de Gobernación del sexenio de Zedillo
Concluida su gestión como gobernador, Carrasco Altamirano se incorporó a la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994–2000) como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, asumió la titularidad de la dependencia cuando Francisco Labastida Ochoa dejó el cargo para competir como candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Durante su paso por la Secretaría de Gobernación, se le atribuye una intervención directa en la solución del conflicto de la UNAM, que se prolongó por cerca de 10 meses y derivó en la salida del entonces rector Francisco Barnés de Castro.
Asimismo, tuvo a su cargo la transición política del último gobierno federal emanado del PRI al primero del PAN, encabezado por el presidente Vicente Fox Quesada.
En 2005, Carrasco se afilió al Partido Acción Nacional y un año después fue electo diputado federal por ese instituto político.
Actualmente, preside el Consejo Consultivo de la Fundación para la Reserva de la Biósfera Cuicatlán, Oaxaca, A.C., y se desempeña como asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua, desde donde podría asumir un cargo de alta relevancia política en los próximos meses.
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