La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2023 dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Julio César Chávez, por el fallecimiento de siete niñas y niños a causa de desnutrición infantil en la comunidad indígena Choréachi.
Lo anterior, derivado de una queja presentada por autoridades de la comunidad rarámuri ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en enero del 2021 por desnutrición severa en menores de edad, informó la Asociación Civil “Alianza Sierra Madre”.
“Las madres que se encuentran embarazadas presentan cuadros de desnutrición, por lo que los bebés ya nacen con ella, en estos fallecimientos se incluyen niños con meses de nacidos que no logran sobrevivir”, dijo la integrante de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, Rosa María Sáenz.
En conferencia de prensa, informó que, debido a la gravedad y trascendencia del asunto, el caso fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que emitió la recomendación.
La CNDH examinó las evidencias del expediente e hizo al menos dos visitas con personal especializado a la comunidad, para ampliar la información.
Una vez integrado el expediente, concluyó, que las autoridades del Estado de Chihuahua incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, a la vida y al interés superior de la niñez y, de manera colectiva, al derecho a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuado.
La CNDH exhorta a el Estado y al municipio de Guadalupe y Calvo a implementar soluciones individuales y colectivas que conlleven a evitar violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, dijo la activista.
Asimismo, el organismo nacional da un plazo de seis meses con la finalidad de generar una adecuada planeación de los recursos materiales y humanos.
Entre ellas, destaca la implementación de “un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a personal de las direcciones, áreas y unidades de la Secretaría de Salud y del municipio de Guadalupe y Calvo”.
Dicho curso debe considerar los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica.
Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.
Rosa María Sáenz, Ernesto Palencia y Susana Navarrete, integrantes de la asociación civil Alianza Sierra Madre, dijeron que hasta el momento no se cuenta con una respuesta por parte de la gobernadora o del presidente municipal de Guadalupe y Calvo, aun cuando ya pasó un mes de la emisión de esta recomendación por parte de la CNDH.
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