La investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales avanzó con el bloqueo de cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas, mientras el Gobierno federal reconstruye los vínculos del grupo empresarial con organismos electorales desde finales de la década de 1990.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, investigar el origen y desarrollo de las empresas mediante fuentes abiertas.
“Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó inmovilizar cuentas a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y precisó que el bloqueo es preventivo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Distintas empresas, vínculos comunes
Buenrostro presentó el esquema de compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, a las que atribuyó una presunta simulación de competencia en licitaciones de material electoral.
La funcionaria señaló vínculos entre proveedores, empresas sin capacidad operativa suficiente y el posible uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales.
El Órgano Interno de Control del INE identificó previamente cinco empresas con socios o representantes comunes que recibieron alrededor de 2 mil 461 millones de pesos en contratos de organismos electorales estatales desde 2014.
Entre ellas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según el órgano de control, compartir representantes y socios constituye un indicio de posible colusión o competencia simulada.
La investigación presentada por el Gobierno federal reconstruye los antecedentes laborales de los empresarios, sus primeras contrataciones con el Instituto Electoral del Estado de México y un escándalo registrado en 2005.
Sheinbaum sostuvo que el grupo fortaleció sus relaciones con funcionarios y consejeros electorales a lo largo de los años. También relacionó estos antecedentes con la gestión de Guadalupe Taddei y cuestionó el sistema de designación de consejeros locales derivado de la reforma electoral de 2014.
La mandataria pidió continuar las investigaciones para deslindar responsabilidades y transparentar las contrataciones de materiales electorales.
ASF revisará compras de 2000 a 2025
En paralelo, la ASF anunció una revisión histórica de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el extinto Instituto Federal Electoral y los organismos públicos locales electorales (OPLE).
La fiscalización comprende investigaciones de oficio, un estudio para identificar patrones de contratación y concentración de proveedores, así como una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos estatales.
La ASF no ha establecido una fecha para presentar los primeros resultados. Por su parte, el INE manifestó su disposición a colaborar y sostuvo que los expedientes deben analizarse con documentos, evidencias y respeto al debido proceso.
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