La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que habrá procedimientos penales contra personas y empresas del estado de Chihuahua, y de otras entidades del país, que hayan extraído agua sin contar con el permiso correspondiente o que la hayan destinado a fines distintos para el que se les dio la concesión.
“Eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre”, afirmó la mandataria del país, acerca de la sustracción de agua sin autorización.
Sheinbaum Pardo comentó lo anterior durante la Mañanera del Pueblo de este día tras ser cuestionada sobre el caso de las presas y represas localizadas en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
A ese respecto, se refirió, en general, a casos de probable comisión de delito con el uso de agua sin tener el permiso o porque se le dio un uso no autorizado.
“Está el caso de Chihuahua, donde además de las denuncias de la población, una serie de empresas que en realidad no tenían ningún permiso”, comentó.
Lo curioso, agregó, es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto.
El miércoles de la semana pasada, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó sobre la localización de presas y represas en el rancho El Saucito, del exmandatario estatal, donde se almacenaban de manera ilegal más de 700 mil metros cúbicos de agua.
En aquella ocasión, señaló que la juez federal, Madhay Soto Morales, había concedido un amparo al exgobernador en menos de 24 horas.
En la conferencia de este 3 de junio, la jefa del Ejecutivo Federal informó que el área jurídica de la Conagua sigue trabajando para ir “al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes”.
Asimismo, anunció que se va a hacer la revisión física para detectar los casos irregulares de pozos no autorizados o mal utilizados.
Señaló que hay personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, pero que ahora sirven para el desarrollo habitacional.
Entonces, lo que se hace es acudir, se regulariza eh el permiso y tienen que empezar a pagar, y si no quieren, entonces se denuncia administrativa e incluso penalmente si es necesario.
“Hay otras que son tomas de agua para pipas que no están pagando y que después venden el agua”, comentó.
Hay casos, dijo, donde el contenido de una pipa de 10 mil litros la venden en 10 mil pesos.
Las investigaciones van a continuar y de ahí surgirán denuncias, ya se administrativas o penales, y se va a incluir al funcionario que esté involucrado, concluyó.
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