La diputada Jael Argüelles Díaz exhortó al Poder Ejecutivo del Estado, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Salud, así como a las secretarías de Salud estatal y nacional, para que adopten las medidas necesarias para prevenir y en su caso sancionar denuncias de acoso y hostigamiento laboral.
“La realidad es que existe un grave problema de salud pública, ya que se padece acoso, violencia y discriminación, por lo que es necesario que el gremio, en todos los niveles, cuente con una estabilidad y salud mental que sea resultado del respeto y la igualdad durante la profesionalización de la labor médica y la capacitación” dijo.
En el recinto legislativo estuvieron presentes Mirna y René, madre y hermano de Perla, médica egresada de la Facultad de Medicina de la UACH que realizaba su residencia en el área de Ginecología del Hospital General “Doctor Salvador Zubirán”, al momento de ser víctima de acoso laboral y que a razón de ello, atentó contra su vida.
“Que paguen quienes tengan que pagar” dijo la madre de Perla al salir del recinto, donde agradeció la atención en el caso y la búsqueda de justicia.
La diputada Arguelles dijo que en este momento se encuentran resolviendo los gastos hospitalarios de Perla, y que espera que se realicen las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, uno de los violentadores se encuentra con licencia “obligada”, por lo que buscan hasta qué punto se les puede responsabilizar para que se obtenga justicia, señaló la legisladora.
“Este fenómeno debe observarse tanto como una responsabilidad individual como del Estado, las autoridades deben contar con procesos claros y transparentes que fomenten la denuncia y eliminen la arbitrariedad para dar paso a un sistema de méritos y responsabilidades. Es claro que, ante el abuso, no debe haber permisividad; ante el abuso debe haber consecuencias para quien realice estos actos y no para quien denuncia”, enfatizó.
La diputada solicitó establecer un Comité Técnico Interinstitucional que permita una atención inmediata a la problemática, principalmente aquellos actos de violencia física o psicológica que se ejerzan contra las y los médicos residentes, preservando en todo momento sus derechos humanos.
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