La Comisión de Seguridad Pública del Senado exhortó a las instituciones en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para que fortalezcan las estrategias para prevenir y atender oportunamente la violencia e incidencia delictiva en las entidades federativas fronterizas.
Lo anterior, debido a la violencia que se hizo presente en Tijuana, Baja California, en el que, junto con otras ciudades fronterizas, fueron víctimas de incendios provocados, bloqueo de carreteras y vías públicas, así como de fuego cruzado derivado de las luchas entre varios cárteles de la droga.
Después del secuestro de cuatro estadunidenses y el asesinato de dos en Matamoros, Tamaulipas, los senadores apuntaron que la seguridad jurídica es un derecho humano que acota el actuar de la autoridad en beneficio de las libertades de la ciudadanía.
De igual forma, aprobaron hacer un llamado a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías de las entidades federativas, a fortalecer los protocolos de denuncia y actuación para los casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y en las instituciones de asistencia social.
En este sentido, exhortaron a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que desarrollen e implementen campañas nacionales para promover mecanismos que garanticen la cultura de la legalidad, encaminados a acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Posteriormente, las y los senadores aprobaron un dictamen por el que se reforma la fracción IX del artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional, a fin de que en el informe de actividades de esta institución de seguridad pública de carácter civil, incluya información de las medidas cautelares en materia de derechos humanos.
También aprobaron una minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, podrá proponer mecanismos para el respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo y la salud, como medios para la reinserción social.
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