El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, informó que los mineros asesinados en el estado de Sinaloa fueron víctimas de un grupo delictivo vinculado a Los Chapitos, que los confundió con miembros de una banda enemiga.
El funcionario señaló lo anterior durante la Mañanera del 10 de febrero de 2026, donde detalló que fueron los propios detenidos, como presuntos responsables de ese hecho criminal, quienes declararon que “confundieron” a sus víctimas con sus enemigos.
Entre las víctimas de ese homicidio múltiple se encuentra el ingeniero en Ecología Antonio de la O, originario de Chihuahua, cuya muerte ha causado consternación e indignación entre sus familiares y la comunidad en general.
Las expresiones de repudio hacia ese hecho, las críticas a las autoridades y el pesar por la muerte de un joven profesionista que gozaba de la estimación de familiares y amigos abundaron en redes sociales desde el pasado fin de semana.
García Harfuch declaró en la Mañanera que se desplegó un reforzamiento de vigilancia en las zonas mineras del país. Agregó que la búsqueda de más cuerpos forma parte de una investigación que llevará a cabo la Fiscalía General de la República.
Autoridades confirmaron la identificación de cuatro de los diez trabajadores mineros que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, cuyos cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina descubierta el 6 de febrero en la comunidad de El Verde.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, adscritas al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mazatlán, las víctimas forman parte del grupo de cadáveres recuperados en el sitio, donde presuntamente fueron asesinados por integrantes de una célula delictiva que los interceptó cuando se dirigían a su jornada laboral.
Los trabajadores habían salido del campamento donde residían con rumbo a los yacimientos minerales concesionados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., cuando fueron privados de la libertad. Tras el hallazgo de la fosa, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del SEMEFO en Mazatlán, donde se realizaron las pruebas periciales correspondientes, incluidas las de identificación genética.
Como resultado de los estudios forenses, se confirmó la identidad de cuatro de las víctimas: Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua y supervisor de medio ambiente; Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, geólogo originario de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, geólogo procedente de Taxco, Guerrero; y José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial, también originario de Zacatecas.
Las investigaciones sobre el caso se mantienen en curso bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó, mediante un comunicado oficial, que su participación se limita a la colaboración con la autoridad federal a través del Servicio Médico Forense, principalmente en el manejo y traslado de los cuerpos.
